El Gobierno prorrogó por 90 días la suspensión de los despidos sin justa causa. Los trabajadores que sean cesanteados durante ese período tendrán derecho a cobrar doble indemnización, tal como viene sucediendo desde enero de 2002, cuando se dictó la Emergencia Laboral. Las principales cámaras patronales se movilizaron las últimas semanas para frenar la prórroga, pero el Gobierno decidió mantener la suspensión por el riesgo a una explosión de los despidos. A pesar de la recuperación del empleo, el número de bajas es elevado, lo que estaría revelando que hay reemplazos de puestos mejor remunerados por otros más baratos. Al hacer el anuncio, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, informó también que el empleo volvió a subir en febrero y que se elevó a 1725 pesos el límite salarial para percibir asignaciones familiares.
Los decretos oficializando esas medidas saldrán publicados hoy en el Boletín Oficial. Tomada justificó la extensión hasta fin de junio de la doble indemnización en que persiste la emergencia ocupacional. A pesar del aumento en el costo de los despidos, en 2002 se produjeron unas 550 mil cesantías, que se redujeron a unas 260 mil en 2003. La tendencia decreciente persiste este año, pero aun así la cantidad de bajas es importante. “La doble indemnización es una barrera, si se levanta nos atropellará el tren”, ilustró Héctor Recalde, abogado de la CGT disidente.
El especialista puntualizó que el costo de la indemnización es de por sí bajo. En 1946, la indemnización mínima equivalía a 3333 kilos de pan, mientras que la actual permite comprar 190 kilos. Los trabajadores en negro también tienen derecho a percibir la doble indemnización –en rigor, sus derechos son en todos los casos los mismos que los de los empleados registrados–, sólo que siempre tienen muchas más dificultades para hacer cumplir lo que les corresponde.
Una aclaración importante es que la medida no rige para los trabajadores que hayan ingresado después del 1º de enero de 2003, que pueden ser despedidos con indemnización simple. Esto fue una concesión del Gobierno a los empresarios, que argumentaban que el aumento en los costos de los despidos inhibía la contratación de nuevos trabajadores. La indemnización actual es de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor de tres meses, con un tope de tres sueldos de convenio. Los topes oscilan entre 1100 y 1700 pesos según la actividad.
Tomada envió señales cruzadas respecto de hasta cuándo se mantendrá la suspensión de los despidos sin causa. Por un lado, sostuvo que la medida “está dada en el marco de la emergencia ocupacional, que está vigente en la Argentina hasta el 31 de diciembre del 2004”. Pero, después de eso, el titular de la cartera laboral dijo que Néstor Kirchner dio instrucciones para “comenzar a analizar la salida gradual (de la doble indemnización), pero vinculado estrechamente con la evolución del índice de desempleo”. Una salida gradual sería, por ejemplo, levantar la doble indemnización por escalas salariales.
Por otra parte, el ministro dio a conocer otro decreto, el 368, por el cual se elevó de 1500 a 1725 pesos el tope salarial para percibir las asignaciones familiares. “El Gobierno optó por elevar el tope para que los trabajadores que obtuvieron mejoras salariales continúen recibiendo las asignaciones familiares”, indicó. Así, se mantendrá la escala actual para el salario familiar –que va de 20 a 40 pesos– pero se cambiarán los montos máximos hasta los cuales se paga. De ese modo, se busca evitar que la incorporación de los aumentos de 200 pesos al sueldo repercutan negativamente en la remuneración final de bolsillo.