El Gobierno dio marcha atrás con un proyecto de ley que había merecido el rechazo de la CGT disidente, del fuero laboral y de la asociación de abogados laboralistas. La iniciativa obtuvo media sanción del Senado y antes de que la discutiera la Cámara baja, el Poder Ejecutivo resolvió retirar la propuesta. Así lo anunció ayer Carlos Tomada durante una conferencia en la Asociación de Magistrados. El proyecto en cuestión trasladaba de la Justicia Comercial a la Laboral todos los juicios de ejecuciones de hasta 4500 pesos. Eso hubiera abarrotado los juzgados laborales, donde se resuelven los reclamos de los trabajadores, en beneficio de los juzgados comerciales, que tramitan los grandes casos que presentan los bancos.