“Sólo puedo decirle que, con relación a Techint, Lavagna nunca se equivoca”, sentencia la fuente, sugiriendo una presunta sensibilidad del jefe del equipo económico ante las necesidades del Grupo Rocca, que controla plenamente el mercado del acero plano en la Argentina. Cierto es que la consultora Ecolatina, fundada por Roberto Lavagna, preparó carpetas para la Organización T., como aquella vez en que el conglomerado deseaba bloquear importaciones siderúrgicas desde Europa Oriental. Ex soviéticos y rumanos contrataron para dar esa pelea, como consultora y lobby, a Fiel, que comandaba Ricardo López Murphy. El sesgo ideológico de cada cual sirve también para definir su campo de negocios. Unos cobran honorarios por asistir al proteccionismo; otros, por defender la apertura comercial.
Viniendo al presente, por lo menos hasta junio regirá la resolución 579 del Ministerio de Economía y Producción, dictada en diciembre de 2003, que renovó la vigencia, iniciada en enero de 2003, de una retención del 40 por ciento para las exportaciones de desechos ferrosos. La chatarra pasó así a recibir un tratamiento aduanero absolutamente diferenciado, ya que la retención máxima era del 23,5 por ciento, aplicándosela a las semillas oleaginosas. Ello implica que quien mande afuera esos rezagos recibirá un dólar inferior en más de $ 1,10 al vigente. El objetivo es obvio: bajarle el techo al precio interno de la chatarra, insumo clave de Siderar (Techint) y Acíndar. Es decir, permitirles producir a menores costos.
En su momento ya suscitó suspicacias que no se tomase una medida similar para favorecer a las otras dos industrias que reprocesan desperdicios: la papelera y la del vidrio no plano. Se trata de medidas no neutrales, que benefician a unos y perjudican a otros. Cabe preguntarse si la siderurgia local traslada a sus clientes internos ese menor costo, o en cambio se apropia de la renta artificialmente generada por una resolución ministerial. Las automotrices y otros demandantes fuertes aseguran que ocurre esto último, pero tampoco son una fuente imparcial.
El lobby para conseguir esta retención especial fue iniciado a comienzos de 2002, antes de llegar Lavagna a Economía, por la Cámara de Industriales Siderúrgicos, entidad en cuya presidencia se turnan Siderar y Acíndar, y que a su vez integra la Cámara de Exportadores (CERA), que invariablemente controla Techint. Cuando la CIS logró su propósito, fuentes de la Secretaría de Industria confiaron a este diario que la correspondiente resolución era de las que “llevan nombre y apellido”. Es decir, son dictadas para provecho de alguien en particular.
No obstante, hoy la medida encuentra más defensores que entonces. En 2002 el mercado siderúrgico mundial estaba aún sobreofertado, por lo que disposiciones defensivas como una retención sobre la exportación de sus insumos no parecía tener otra justificación que la de generar una renta extra. Ahora el panorama cambió drásticamente, dicen que por la esponja asiática, la china en primer lugar, que succiona todos los insumos y ayuda a explicar los altos precios de los commodities, de la soja al aluminio.
Siendo la recuperación de rezagos (el ramo de los cartoneros) un fantástico negocio en esta coyuntura internacional, la autoridad económica puede decidir, mediante regulaciones, cómo se repartirá el filón entre acopiadores e industriales. Parece razonable favorecer a éstos en detrimento de aquéllos, para que haya agregación local de valor, pero en un mercado de oferta tan concentrada como el argentino, la ventaja asignada no se distribuye luego a lo largo de la cadena productiva.
Es sabido que Techint, especialmente después de haberse integrado verticalmente con la adquisición de Somisa en 1992, se expandió aguas abajo en el sector, entrando a competir en algunas franjas con sus propios clientes, a quienes podía –si lo deseaba– estrujar a través del manejo de los precios de la materia prima y el bien intermedio o final. Garantizarle al jugador dominante la disponibilidad de chatarra barata y no controlar su conducta de mercado fue una actitud criticada por los intereses afectados.
En suma: a pesar de tratarse de una razonable barrera a la exportación en las circunstancias actuales, los antecedentes, la falta de transparencia en los procedimientos y la poca preocupación por imponer reglas de competencia leal tornan todo sospechoso. Tanto que una fuente, tras aclarar que en el anexo de la nueva resolución están incluidos todos los rezagos metálicos, vengan o no al caso, se preguntó si sólo los habían puesto allí para encubrir al verdadero destinatario de la norma.
Un detalle curioso es que, al mismo tiempo que utiliza la herramienta de las retenciones, y en el caso de la chatarra no como fuente de recaudación fiscal, el Ministerio de Economía acepta considerarlas como “distorsivas”, asumiendo con el FMI compromisos para su eliminación. En este caso particular, si lo que se procura es evitar que se exporte un insumo, y no asociar el fisco al negocio (si así fuese le habrían fijado un derecho del 20 por ciento), lo único que queda es la presunta distorsión.
Al mismo tiempo, y a través del frente que controla Julio De Vido (Planificación Federal e Infraestructura), el Gobierno negocia con Techint (que además de siderúrgica es constructora y energética) el tendido de un nuevo gasoducto que traería fluido desde Bolivia para llevarlo al NEA y a las márgenes industriales del Paraná, acería incluida. En el asunto –todavía crudo, porque apenas hay un preproyecto, pese a la triunfalista propaganda oficial de hace varios meses, y ningún esquema acordado de financiación– intervendrían Repsol y Petrobras. A expertos en la materia los alarma un esquema de este tipo porque no respeta la necesaria independencia entre generación, transporte y distribución.
Mientras tanto, en la UIA vuelven a oírse salvas de artillería, y la corriente Industriales, que lidera Techint, choca una vez más con el ala que orienta el alimentario, liberal y filomenemista Alberto Alvarez Gaiani. La T reunirá a su falange fabril próximamente en un sitio de fuerte contenido simbólico: Calafate.