Francia, de donde son oriundas varias empresas que participaron en las privatizaciones argentinas, aplica y demanda fuertes regulaciones estatales, a pesar de que asiste al desmantelamiento del Estado de bienestar y que en ese país la función pública viene perdiendo el prestigio que la distinguía hasta hace poco. Claude Giraud, doctor en Sociología egresado de la Universidad París IV Sorbonne, explica en un reportaje con Página/12 por qué delegar funciones al sector privado no es la panacea y aconseja desconfiar del mercado. El actual profesor de la Universidad de Lille 1 dictó en Buenos Aires un seminario en la UBA y, de paso, aportó ideas a los responsables del Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
–¿Es posible tener empresas estatales eficientes?
–Absolutamente sí.
–¿Y cuál es la fórmula que utilizó Francia para conseguirlo?
–No hay fórmulas secretas ni razones para que un funcionario público no sea eficaz. Lo que hay que preguntarse es por qué algunas organizaciones son más eficientes que otras. Le aseguro que veo empresas privadas muy ineficientes. Es más. En Francia hay reglas muy estrictas para el sector estatal, quizá más que para el sector privado. También hay procedimientos de gestión de los recursos humanos que pueden ser un freno a la capacidad de desarrollo de la capacitación. Le doy un ejemplo. Cuando France Telecom estaba dentro del marco de la organización del Estado promovía al personal sólo en función de la antigüedad: los cargos más altos estaban reservados a los que tenían más años en la compañía. Hubo que hacer un esfuerzo para cambiar este criterio.
–¿Y cuál es la garantía de que el nuevo sistema de evaluación de los funcionarios públicos se hará en base a criterios objetivos y no en función de cuestiones políticas?
–Ese es un verdadero problema. Existen concursos para cubrir cargos en función de la competencia, algo que permite objetivizar la selección. Pero otra cosa es cuando un superior jerárquico asigna un cargo a alguien corre el riesgo de entrar en la lógica nepotista. Siempre existe este riesgo. También en el sector privado.
–¿Cuál debe ser el salario justo de un funcionario para tener una burocracia eficiente?
–El salario de un funcionario tiene que ser semejante al del sector privado. Puede haber una diferencia, pero ese desfase tiene que ser aceptable. Recuerdo el caso de Italia que tenía una tasa de ausentismo terrible en los sectores públicos porque sus funcionarios no podían vivir con su sueldo. Los empleados estatales tienen que poder vivir bien.
–¿Cuál es el criterio para organizar una empresa estatal: ser eficiente y rentable o actuar como pieza de un sistema de subsidios cruzados dentro del Estado donde no importa demasiado si es deficitaria?
–Depende del área. No está mal que se inspire en el modelo de la empresa privada. Tampoco que lo haga en base a otra lógica o prioridad aunque, necesariamente, en algún momento hay que considerar con qué recursos se cuenta y cómo se asignan. Es difícil encontrar un sistema de evaluación del sector público debido a la diversidad de funciones. No es lo mismo la Justicia que la Educación. La idea de vínculo social y capital construido no se evalúa inmediatamente. La Justicia es extraordinariamente redituable para la seguridad pública pero, al mismo tiempo, genera otro problema: un delincuente capturado tiene un costo.
–¿Hay alguna área en la que el Estado no pueda resignar participación y otra de la que, por el contrario, sea conveniente retirarse?
–El Estado puede, en principio, retirarse de todos los sectores, pero bajo el riesgo de desestructurar gravemente al país. Hay literatura seria donde se muestra que, luego de su privatización, los ferrocarriles de Nigeria se destruyeron por la competencia de las rutas. Cuando éstas,también privatizadas, perdieron interés como negocio y también se dejaron de lado, ya no había trenes en el país. Se privatizó en base a un criterio de renta inmediata y el país quedó sin medios de transporte. Otra referencia está en Francia, donde algunas comunas privatizaron el servicio de agua, algo que se tradujo en un aumento muy importante en el precio del servicio. Hoy los clientes se niegan a pagar ese precio por un servicio que no consideran eficiente: pagan la factura pero bajo una cuenta bloqueada para presionar una baja en el precio. Por este tema, incluso, un alcalde perdió las elecciones.
–La privatización no es ninguna panacea.
–Depende para qué. No se me ocurriría llevar mi auto a un garaje que no sea privado. Pero, al menos en Francia, no hay duda de que la calidad de la salud y la educación públicas son superiores.
–Uno de los argumentos esgrimidos en la Argentina para privatizar fue que el Estado no disponía de capital suficiente para hacer inversiones que mejorasen los servicios.
–Siempre hay varias alternativas para recapitalizar a una empresa pública. Subir los impuestos, por ejemplo. Pero privatizar sistemáticamente es apropiarse de un bien común, empobreciendo, expoliando al conjunto de habitantes. Eso sólo puede hacerse mediante un acuerdo global, garantizando la calidad de las prestaciones. De lo contrario, hay riesgo de que el Estado se ate de manos.
–El otro argumento fue que las empresas públicas eran focos constantes de corrupción y que las cúpulas gerenciales utilizaban su posición para favorecer a los amigos políticos.
–Constantemente hay que buscar la lógica de las reglas, del imperio del derecho, limpiando al Estado de quienes violan la ley. Es necesario una dureza particular con los funcionarios públicos, que actúan en nombre del bien general. Pero es bueno tener en cuenta que también hay corrupción en el sector privado: ese problema tampoco es propio del sector público.
–¿Esa dureza es factible aun cuando no hay un patrón que controla de cerca, defendiendo los intereses de su negocio?
–Sí. Hay que tener una lógica y objetivos racionales y un cuerpo de inspectores extremadamente rigurosos. Hay que formar una elite de inspección de servicios públicos.
–¿Son viables las fórmulas mixtas, en particular si el sector privado aporta capital y el Estado gerenciamiento?
–Lo ideal es que el Estado no pierda el control. Y si el sector privado aporta capital y aspira por ello a gerenciar, el Estado debe reservarse una cláusula que le permita tener el control sobre decisiones clave.
–En Argentina se utilizó como forma de privatizar el contrato de gerenciamiento en los ferrocarriles urbanos: el Estado subvenciona todas las inversiones más una rentabilidad. ¿Existe este esquema en Europa?
–No, de esa manera no existe. ¿Cuál es el motivo por el cual se hizo algo así en la Argentina?
–Cuando se privatizaron los trenes, el Gobierno argumentó que en manos del Estado eran muy deficitarios, en parte porque las cúpulas directivas eran muy corruptas.
–¿No es posible volver atrás?
–¿Usted cree que en un país donde las privatizaciones avanzaron tanto como en la Argentina, el Estado puede ahora recuperar terreno?
–Desde afuera, y con toda humildad, creo que lo que hay que identificar son algunos sectores estratégicos. Si defino medios y funcionarios eficaces para encarar tareas es posible hacer algo. Hay algunos servicios esenciales para la vida de la gente que corresponden al Estado, como el agua y la energía. El control de los recursos propios en materia de energía es esencial. Pero desarrollar todos los ejes es perderse.
–¿Qué diferencia existe en la relación del Estado con las empresas privadas en Europa y en América latina?
–Me da la impresión de que en Europa ese vínculo está más controlado. Hay prácticas jurídicas, gente que conoce las reglas y las aplica. Porque hay gente que tiene un credo que no es únicamente liberal. Hay que desconfiar de los desvíos de la burocracia pero también de los desvíos de los mercados, donde suele haber actores dominantes que aspiran a ejercer ese poder sólo en su beneficio.