Quien confía su plata al mercado argentino de capitales no sabe a lo que se expone. Entre por donde entre, todos son conglomerados financieros, privados o públicos, que harán cualquier cosa menos cuidar al inversor. En vez de discursear contra la salida de capitales, el gobierno haría mejor en controlar con alguna eficacia a ese sector, como se hace en los más rancios países capitalistas. Un caso patético es el de Siembra, la AFJP del Citi, que ahora protagoniza un segundo escándalo. El primero, sobre el que Página/12 informó en detalle desde marzo de 2002, cuando logró romper el pacto de silencio sellado entre todas las AFJP (¡vaya solidaridad mal entendida!), y que en general los otros medios de prensa ignoraron por alguna extraña razón, está llegando a juicio oral, empujado sin desmayo por el juez Bernardo Vidal Durand, a despecho de las presiones. En el banquillo hay dos ex de Siembra, Pablo Miguel Salvemini y Luis Rocco, y otros dos de Rabello, agente bursátil líder (Alejandro Milito Bianchi y Francisco Luis Scola). El escalpelo de la Justicia no ha llegado aún hasta el Banco Privado de Inversiones, de Alejandro Estrada, presunta tercer pata de las sedicentes maniobras, pero va en esa dirección. Aquella mala praxis, perpetrada con acciones de célebres empresas extranjeras (los llamados Cedears, que son certificados de depósito representativos), consistía en efectuar compras y reventas que, si daban ganancia, se adjudicaban al Privado o a personas vinculadas a él, y si daban pérdida, al Fondo de Siembra. Es decir: los quebrantos eran para sus afiliados.
Ahora la Cámara debe resolver sobre un recurso de revocatoria, que el juez rechazó y que reclama no considerar el peritaje del economista Nicolás Salvatore, que comprobó la defraudación, sino dar por bueno el previo de dos peritos propuestos por la UBA, a iniciativa del decano Héctor Degrossi, los contadores Alfredo Peralta y Héctor Sabor, que no pudieron hallar irregularidad alguna donde luego Salvatore halló que todo era irregular. La Cámara tiene, por tanto, en sus manos el destino de esta ardua investigación judicial. Se espera que no la arroje por la ventana. De ser hallados culpables, los procesados purgarían penas de hasta 15 años de prisión.
Pero hay una segunda denuncia contra Siembra por la compra reiterada de acciones de una compañía del Grupo CEI, el holding de inversiones empresarias que armó Citicorp en la etapa dorada del menemismo. La sociedad se llamaba IEI (International Equity Investment). Se trataba, por tanto, de una empresa vinculada, por lo que la Superintendencia de AFJP le prohibió adquirir esos papeles, medida que Siembra no sólo ignoró: siguió comprando más, violando así, según sostuvieron los controladores del sector, el artículo 140 de la ley 24.241, que implantó la reforma previsional en 1994. La vinculación entre Siembra y CEI fue confirmada por la fiscal general de la Cámara Nacional en lo Comercial y por la Comisión Nacional de Valores. La correspondiente denuncia fue efectuada el 7 de abril de 2003 ante el juzgado de Carlos Liporace. La causa tramita ahora en la Fiscalía en lo Penal Económico número 8 a cargo de Alicia Sustaita.
Siembra fue sancionada administrativamente con una multa de 80 mil pesos y la obligación de resarcir al Fondo de Capitalización, propiedad de los asociados, en más de dos millones de pesos, dinero que la Administradora pagó. El gerente de Inversiones de Siembra al momento de los hechos denunciados era nada menos que Alberto Términe, a quien en el caso anterior se le dictó la falta de mérito. Sin embargo, según fuentes interiorizadas, Términe corre el riesgo de que Salvemini reitere en el juicio oral la declaración que efectuó ante el juez, involucrándolo decisivamente en la presunta estafa contra los trabajadores aportantes. Mientras tanto, la Superintendencia de AFJP se propone contratar al juez Mariano Bergés para que se sume al equipo de Denuncias Penales y se dedique a seguir el caso de Siembra y otras AFJP.
Felisa Miceli, actual presidenta del Banco Nación y su grupo de firmas, se halló al asumir su cargo en junio de 2003 con dos casos en manos de la Justicia: uno respecto de la AFJP Nación, y otro involucrando a Pellegrini Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. “Cuando llegamos todas las compañías, incluidas las dos de seguros y la AFJP, daban pérdida –dice Miceli–. Ahora, para este año, todas tienen la instrucción de ganar. En lugar de esperar, como era su costumbre, que el Banco las capitalice cada fin de año, desde 2004 tienen que aportar beneficios. La de leasing, por ejemplo, tenía colocados apenas 400 mil pesos. Ahora tiene diez millones. Eran compañías a las que se dejaba morir, en vez de hacerlas competir en sus mercados. La AFJP tenía un acuerdo tácito con las Administradoras privadas de no capturar más de un 7 por ciento del mercado. Nuestra meta es llegar por lo menos a un 15. Y por supuesto los privados están muy enojados con nosotros.” Respecto de los hechos de corrupción, dice que “lo peor para el Nación sería taparlos u ocultarlos. Necesitamos que la gente confíe en nosotros.”
El pasado 29 de abril la CNV instruyó sumario a Pellegrini FCI y a sus directores titulares a la época de los hechos investigados (octubre 2002 a enero 2003): José A. Uriarte, Hugo M. Carranza, Guillermo R. Corzo, Jesús A. Leguiza y Alfredo R. Porras por posible infracción a diversos artículos de las leyes de Fondos Comunes de Inversión y de Sociedades Comerciales. También sumarió a los síndicos Silvana M. Gentile, Nicolás Dilernia, Claudia Siciliano. Narciso Muñoz, vice de la CNV, conducirá el sumario.
Las cuestionadas operaciones se realizaron con Cedears de AIG, Du Pont, Fedex Corporation, Lockheed y Royal Dutch, que prácticamente no se operaban en Buenos Aires. Como intermediario actuó Nación Bursátil Sociedad de Bolsa, mientras que el Banco Nación era y es el depositario del FCI Pellegrini y del Pellegrini Integral, que actuaron como comitentes. Vale decir que todo se coció dentro del mismo grupo financiero, a la sazón estatal.
La sociedad gerente de un FCI se encarga de eso, de gerenciarlo, formando la cartera de inversiones. Los clientes que ponen su dinero, llamados cuotapartistas, no participan de la administración del Fondo. Lo único que pueden hacer es pedir su parte cuando lo deseen. La entidad depositaria –en este caso el BNA– debe custodiar los activos y constatar la legalidad del gerenciamiento que realiza la sociedad gerente. Claro que tratándose de empresas de un mismo grupo, es fácil que ese control recíproco se desvirtúe.
La resolución de la CNV que sanciona a Pellegrini cita que “el mandatario (es decir, la sociedad gerente del FCI) está obligado a cumplir con diligencia y preservar el interés del mandante lo mejor que sepa y pueda, porque el mandato es casi siempre un acto de confianza en la capacidad y lealtad del mandatario. Si ha que quedado acreditado –agrega– que los mandatarios infringieron la obligación de cumplir el mandato con diligencia, preservando el interés de los mandantes sin abstenerse de ejercerlo, sabiendo, o debiendo saber, que el negocio era manifiestamente dañoso para ellos, ello los hace responsables de los daños ocasionados por su culpa o dolo, entre los cuales se computan la licitud y conveniencia de la operación realizada, máxime cuando dieron preferencia a sus intereses en desmedro de los mandantes.”
La maniobra consistía en “marcar precios”, que es una manera de manipular el mercado accionario. Se trata de transacciones realizadas con una acción cuando está por finalizar la rueda bursátil, a un precio superior –en el caso investigado, hasta un 26 por ciento más alto– a aquel al que se venía negociando ese papel, con el objeto de alterar lacotización de cierre. Lo que Pellegrini lograba con eso era valuar toda la cartera que poseía de esos Cedears a precios muy inflados. Por esta vía, por ejemplo, el 1 de noviembre de 2002 la valuación del portafolio engordó artificialmente en 525.375 pesos, con lo que subían proporcionalmente las comisiones.
En cuanto al affaire con la AFJP Nación, el ardid fue similar al de Siembra, aunque las operaciones, escasas porque la CNV detectó el fraude rápidamente. Como principal implicado figura el entonces gerente de Inversiones, Carlos Rotondo. No hubo en ese caso un Banco Privado que participara desde afuera del Grupo. De nuevo se le ha pedido a la UBA que designe dos peritos conocedores de los mercados de capitales, y Degrossi tiene la ocasión de no volver a errar. La denuncia incorpora otro hecho, considerado por los denunciantes como una potencial tentativa de fraude con bonos formoseños, maniobra en la que habrían participado la AFJP Nación, el propio BNA, Nación Bursátil y, para variar, Rabello, con el inefable Scola en el medio. Por cierto, Rabello no ha recibido sanción alguna del Mercado de Valores, que tiene el inmerecido privilegio de autorregularse.