Suena esquizofrénico. Y lo es. Para la mayoría de los acreedores la quita propuesta por el Gobierno es excesiva y ayer mismo se apresuraron a manifestar su “decepción”. En cambio, para algunos analistas que asesoran a esos mismos acreedores, aun con semejante recorte, el peso de la deuda sigue siendo demasiado elevado para garantizar la capacidad de pago del país en el futuro. Es la paradoja que enfrenta Argentina: con un recorte más agresivo nadie hubiera apostado a una salida del default, con esta poda el ajuste fiscal deberá ser permanente y nadie puede asegurar que el default no volverá a acechar en el horizonte.
No hay duda de que el Gobierno flexibilizó la oferta original de renegociación de la deuda, presentada en septiembre pasado en Dubai. Al reconocer los intereses devengados desde el default (18.000 millones de dólares hasta diciembre pasado y 22.700 millones hasta este mes), Lavagna moderó la quita del 75 por ciento “en valor nominal” anunciada entonces. La poda sobre lo adeudado será, en el caso de que la aceptación sea baja, del 61 por ciento (se reconoce una deuda total de 99.400 millones y se recortan 60.900), o del 58,5 por ciento en el escenario de consentimiento masivo (se reconoce una deuda total de 104.100 millones y se mantiene la quita de 60.900 millones).
Aun teniendo en cuenta lo anterior, la rebaja ofertada es la mayor de la historia de las reestructuraciones de “deudas soberanas”, que Lavagna resumió en la experiencia de 15 países que deambularon por el purgatorio del default (Rusia, Ecuador, Bosnia, etc.). El ministro justificó ante los acreedores lo excepcional del caso argentino en una serie de verdades irrefutables: la caída del PBI argentino durante la crisis fue mucho más grande que en cualquier otro país; a causa de la convertibilidad el 85 por ciento de la deuda estaba dolarizada, y el salto del dólar fue 3 veces más alto que en las devaluaciones promedio de aquellos países.
Sin embargo, el argumento más sólido para defender un “corte de pelo” (en la jerga de los financistas) más al ras que en el pasado es que reconocer una porción mayor de deuda hubiera sido una estafa: a menos que el país adquiera en los próximos años la pujanza de una “China latinoamericana”, no sería consistente con ningún número de la macro argentina. (Esto no significa que los acreedores no hubieran aplaudido una oferta más “atractiva”, porque los mercados financieros se nutren de buenas dosis de expectativas infundadas, falsas promesas y borbotones de especulación.)
Ahora bien, ¿con esta quita desaparece el problema de la deuda? ¿Es sostenible en el tiempo el ajuste fiscal implícito en la propuesta?
Según explicó Lavagna, el Gobierno se compromete a un superávit fiscal primario (antes del pago de intereses) del 2,7 por ciento del PBI para el Estado nacional hasta el 2010. (Para los siguientes, digamos, 30 años hay una leve reducción.) Tal superávit es necesario para garantizar el pago de la deuda al día (la emitida después del default y los préstamos de los organismos internacionales), que representa alrededor de la mitad de la deuda total, más intereses de los bonos renegociados.
El ministro afirma que no es un esfuerzo fiscal demasiado grande, porque este año el superávit equivalente será del 3,2 por ciento. Sin embargo, el ahorro operativo de este año difícilmente pueda considerarse la norma. Porque incluye una serie de factores extraordinarios por el lado de la recaudación. Las retenciones a las exportaciones –que el Gobierno se comprometió con el FMI a eliminar– infladas, a su vez, por los precios record de los commodities agropecuarios; el impuesto al cheque, otro de los impuestos que se prometió abolir al Fondo; y el componente “procíclico” de los ingresos fiscales, que repuntan de manera desmesurada durante la salida de una recesión.
Una pregunta más: ¿es compatible la meta superávit fiscal primario de los próximos años con aumentos de salarios públicos, jubilaciones, gasto social u obra pública?