El primer fallo que emitió el Tribunal Arbitral del Mercosur, creado para resolver controversias, determinó que la aplicación de licencias no automáticas de importación (LNAI) sólo es admisible cuando se trate de resguardar la moralidad, la seguridad o el patrimonio artístico, y si el comercio involucra armas nucleares. Es evidente que heladeras, lavarropas o cocinas no corresponden a ninguna de esas categorías, siendo a esos productos de la llamada línea blanca que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, va a aplicarles tal barrera al ingreso de exportaciones brasileñas. Con ello expone al país a una muy probable derrota legal. Pero el caso es incluso peor, porque aquella decisión del mencionado tribunal fue precipitada por una denuncia argentina contra el empleo de las LNAI por Brasil a partir de fines de 1997. El vecino pretendió contener de ese modo el ingreso de frutas, hortalizas, aceites esenciales, ceras, jabones, calzados, máquinas y aparatos.
En esa época, el impetuoso crecimiento brasileño y el retraso de su tipo de cambio provocaron un desborde de las importaciones, que la Argentina de Menem y Roque aprovechó para emerger de la depresión del Tequila. El presidente Fernando Henrique Cardoso se resistía, por especulaciones electorales, a devaluar el real. Lo hizo finalmente, tras ganar la reelección, en enero de 1999, luego de perder unos 40 mil millones de dólares de las reservas.
La Organización Mundial de Comercio admite tanto las licencias automáticas de importación (LAI) como las no automáticas (LNAI), definiendo a éstas, con impactante agudeza, como “las licencias que no son automáticas”. Aquellas son conocidas en la Argentina como LAPI (licencias automáticas previas de importación). Como en todos los países, se las entiende como una medida meramente administrativa, ya que todas las solicitudes deben autorizarse dentro de los diez días hábiles. Sirven para monitorear el ingreso de ciertos productos, que van cambiando en el tiempo.
Las licencias no automáticas se utilizan para afrontar algún problema sanitario, de seguridad u otros específicos, pero también cuando es necesario administrar alguna restricción al comercio, como cuotas o cupos. La OMC las admite en estos casos, pero el Mercosur, con extraordinaria audacia, decidió vedar su utilización interna, como también la imposición de salvaguardias. El fallo del Tribunal Arbitral confirmó este criterio, siendo su sentencia inapelable.
Del lado brasileño, un puñado de marcas multinacionales (Whirlpool –que se marchó de San Luis–, Patrick, Electrolux, Zenith, Eslabón de Lujo) están entre las afectadas por la decisión argentina. Pero el gobierno de Lula prefiere, en coincidencia con el objetivo que desea forzar Lavagna, que los empresarios privados acuerden un reparto de mercados, obviamente en detrimento de los consumidores, en este caso argentinos.
Para Brasil, cuya política económica de los últimos lustros, tan diferente de la argentina, permitió a su industria lograr avances de productividad que le posibilitan mandar competitivamente en toda la región, la ausencia de instrumentos de ajuste de comercio en el Mercosur es una trinchera ganada, que no están dispuestos a resignar. Por ende, prefiere evitar, mediante algún contubernio privado, que el conflicto se desborde políticamente por la indefensión argentina, mientras eso sirva para posponer indefinidamente un replanteo a fondo del bloque regional. Un estudio que está discutiendo la Fundación Crear plantea que este rediseño es el único camino posible. Sin embargo, las autoridades argentinas no parecen muy conscientes de esto.
La medida anunciada por Lavagna constituye una presión destinada a que se labre un arreglo privado, acuerdo que puede conducir a una división oligopólica del mercado, y que le permitirá a los fabricantes elevar sus precios. Es un objetivo difícil de conciliar con la legislación de defensa de la competencia, y tan disonante como esto es que el organismo que debe encargarse de su aplicación pertenece a la órbita de Economía.