“Cavallo, Domingo Felipe y otros s/defraudación” es la carátula poco glamorosa de la causa que investiga el llamado “megacanje”, aquella operación por la que en 2001 se reprogramó deuda, fracasando en su intento de calmar la creciente desconfianza de los mercados y originando un drástico salto en el endeudamiento, luego de pagar enormes honorarios a las entidades financieras internacionales que se ocuparon del asunto. Ahora Manuel Garrido, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, le propone a la Justicia que se efectúe un nuevo peritaje, con el propósito de sacar el proceso de la vía muerta a la que lo enviaron los peritos. Lo curioso (o no tan curioso) del caso es que el perito propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Ulnik, compartió el dictamen de los quince peritos que presentó la defensa, ni siquiera formulando argumentos propios.
Fuera de Ulnik, se designó a la contadora Nury Edith Villalba, también como experta independiente de los imputados, pero esta profesional se excusó de opinar sobre las partes esenciales de la cuestión por razones de incumbencia profesional. En otras palabras: no era un contador el que podía expedirse sobre esa cuestionada megaoperación financiera. Por tanto, y como señala Garrido, el juez no pudo contrastar opiniones no vinculadas a las partes. Lo cierto es que el partido era muy desparejo desde la pitada inicial: un único perito propuesto por la querella (Mario Cafiero) frente a una quincena del otro lado.
El fiscal, proveniente de la Oficina Anticorrupción, destaca el notable hecho de que el dictamen de los peritos, referido a once puntos sometidos a su estudio, se extiende a lo largo de 116 páginas, y que Ulnik no encuentra sin embargo en toda esa extensión ocasión alguna para discrepar con los peritos presentados por los acusados. A esta increíble coincidencia de pareceres la denomina “visión monocorde”, y sostiene que ésta “pone también en evidencia la falta de pluralidad en la proposición de los peritos, que por lo general integran una única corriente científica o incluso han ejercido funciones públicas vinculadas con las políticas cuya concreción se evalúa en autos”. En otras palabras, hay una sola lectura admitida, y realizada además por quienes participaron de alguna forma del grupo de funcionarios que aplicaron políticas e instrumentos que resultaron ruinosos para el país.
Pero la Fiscalía también le sugiere a la Justicia que amplíe los puntos sometidos a estudio, y en este sentido plantea que “teniendo en cuenta que en diciembre de 2000 se realizó una operación de salvataje denominada blindaje, que fracasó a pesar de que comprometía nuevo financiamiento provisto por organismos internacionales, países y bancos por alrededor de 39.700 millones de dólares, se precisen las posibilidades que tenía el megacanje de subsanar la crisis del sector externo y evitar la moratoria de pagos”. Lo que obviamente está sugerido es que esas posibilidades eran nulas, y Domingo Cavallo y Daniel Marx, entonces secretario de Finanzas y artífice del gravosísimo acuerdo, debían de saberlo. Como comprometieron a la Argentina a pagar altísimas tasas en dólares, todos los financistas interpretaron el megacanje como una confesión de quiebra, ya que ni este país ni ningún otro podría afrontar tamaño costo financiero.
Garrido también propone que “se precisen las diferencias que median entre una moratoria de pagos externos negociada y una cesación de pagos descontrolada, como fue la implementada en el país en enero de 2002, y se especifique la contribución del megacanje para que se verificara una u otra opción”. Lo que se insinúa es que la contumaz negativa de Cavallo y Marx a admitir que la deuda era impagable impidió la sensata salida de sentarse a negociar una solución, dejando como única alternativa una caótica bancarrota, que en realidad se consumó siendo aún Cavallo ministro con la imposición del corralito.
Para realizar el nuevo peritaje, la Fiscalía propone a expertos que estudiaron el tema de la deuda: Eduardo Conesa, Marcelo Lascano, Alfredo Calcagno, Jorge Schvarzer y Hernán Finkelstein.