No se sabe si fue primero el huevo o la gallina: si el director nacional de Aduanas lanzó la denuncia que involucraba a gente cercana al titular de la AFIP cuando supo que éste se proponía desplazarlo o es que el jefe de la AFIP empezó a operar en favor del relevo cuando sintió que aquél lo rozaba con sus denuncias. Lo cierto es que el conflicto entre Alberto Abad, titular de la AFIP, y José Sbatella, director de la Aduana, llegó a un punto de difícil retorno. Los más cercanos a uno y a otro se reafirman en sus respectivas posturas (desde la AFIP con respecto a la necesidad de un cambio en la Aduana y desde ésta insisten en que terminar con los focos de corrupción implica afectar fuertes intereses que se resisten), en tanto que desde la Casa Rosada se habría pedido una “impasse” hasta la semana próxima, para que sean las máximas autoridades del Ejecutivo quienes definan.
La denuncia por contrabando, estafa y malversación de caudales públicos presentada por Sbatella ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico –sobre la que ayer informó en detalle Página/12– involucra, además de a dos ex ministros de Salud y una ex secretaria de Industria, a dos funcionarios aduaneros, Rubén Lagger y Pedro Girondin. El primero se desempeñaba como subdirector general de Legal y Técnica Aduanera, área que tiene a su cargo la interpretación de todas las normas que rigen los trámites de ingreso de mercadería. “Es donde se cocina el negocio grande”, describen sin eufemismos algunos viejos frecuentadores de los pasillos del único edificio de Azopardo al 300. Desde allí, sugiere la denuncia formulada por Sbatella, se habría “admitido, tolerado o facilitado” la importación de equipamiento médico, a cargo del Ministerio de Salud, que no llegó a las instituciones a las que estaba destinado en algunos casos, en otros entró pero sin la documentación correspondiente, o directamente difería de lo que se describía en los papeles. Las evidentes irregularidades documentales complicaron la situación de Lagger y de su segundo, Girondin, en las operaciones denunciadas.
Ante la sospecha del involucramiento de Lagger en las operaciones que entonces se investigaban, Sbatella –poco después de hacerse cargo de la Aduana– lo desplazó del área Legal y Técnica. Inmediatamente, Lagger fue reubicado como asesor de Abad en la AFIP, con la responsabilidad de ser el nexo con la Aduana: es decir, ejercer una suerte de control sobre la gestión de Sbatella. El propio titular de la Aduana lo dijo ayer con sus palabras en una entrevista radial: “Nosotros echamos a un funcionario que ahora está como asesor en la AFIP y nos audita a nosotros”.
Girondin, en tanto, carga con otro sumario en su contra iniciado por el titular de la Aduana. Es por haberle reconocido el derecho a reintegro de impuestos a los exportadores reconociendo como base de cálculo el valor CIF (costo del producto, seguros y flete) más las retenciones. El “error” le costó al fisco un 20 por ciento adicional en reintegros sobre los rubros principales de exportación. La orden dada por la Dirección Nacional de Aduanas de cambiar el criterio, una vez detectada la “falla”, demoró seis meses más en ejecutarse. A Girondin se le abrió sumario y a los exportadores se les reclamó la devolución de los reintegros pagados de más.
Tanto Lagger como Girondin son considerados “hombres de la casa”, tanto por los viejos funcionarios aduaneros como por los operadores en el comercio exterior: despachantes, importadores y exportadores. Desde la AFIP sostienen el criterio de que la Aduana “se debe manejar con gente de la casa”, por lo cual siempre han visto con malos ojos los desplazamientos que provocó Sbatella desde que asumió al frente de la repartición. “Es el mismo criterio aplicado por Abad en la DGI: buscar entre los funcionarios de carrera, con experiencia en el lugar, los mejores para manejar el área. Buscar gente que sabe”, señalaron ayer a este diario allegados al titular de la AFIP. “La prioridad era hacer los cambios en la DGI, que ya se hicieron y los resultados están a la vista; ahora le toca a la Aduana, donde inexorablemente se van a tomar las medidas necesarias. El cambio (de conducción) en la Aduana es una decisión tomada”, sentencian, repitiendo al final para subrayarlo: “Inexorablemente”.
La denuncia radicada en la Justicia todavía no empezó a ser considerada en tribunales. Pero ya está mostrando que producirá impacto sobre tres gobiernos: sobre el menemista, cuyo ministro de Salud Alberto Mazza originó la maniobra investigada; sobre la Alianza, en el cual Héctor Lombardo, sucesor de Mazza, no hizo nada para corregir las irregularidades; y sobre el actual, al haber generado un conflicto terminal entre dos áreas: AFIP y Aduana.
Tanto Abad como Sbatella tuvieron en las últimas 24 horas contactos con la primera línea de Gobierno. Ambos recibieron una respuesta coincidente en un solo punto: aquietar las aguas, por ahora. Pese al pedido de tregua, las repercusiones de la denuncia hecha pública el jueves por la Dirección de Aduanas llevaron ayer a su titular a hacer declaraciones públicas que recalentaron el ambiente. “La gente que estamos tocando en nuestra gestión ha participado en los años 90 en situaciones de tolerancia y en muchos casos tiene poder y relaciones por los negocios que ha hecho”, disparó contra los funcionarios sospechados y desplazados. “Nosotros asociamos los rumores de renuncia a esta situación”, dijo Sbatella. La decisión final se adoptará muy cerca del despacho presidencial y recién se informaría al comienzo de la semana próxima.