“Es extremadamente importante”, calificó Roberto Lavagna, con evidente satisfacción. Se refería al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto una sentencia que obligaba al Estado a redolarizar los bonos en poder de un particular. Aunque la resolución del máximo tribunal no va al fondo de la cuestión, el Gobierno la interpretó como una señal clara en favor de la pesificación. El Ministerio de Economía celebró por un motivo adicional: el caso en cuestión venía siendo tomado como precedente por muchos jueces para hacer sus dictámenes frente a causas similares. De ahora en más, deberán encontrar otros argumentos para ordenar los pagos de bonos en dólares.
Ignacio Falcón es un abogado que en 1998 ganó un juicio contra el Estado como representante legal de una compañía constructora. El Estado cubrió sus honorarios con Bonos de Consolidación (Bocon) en dólares. En 2002, tras la pesificación de esos y otros títulos públicos, Falcón presentó una acción de amparo con dos reclamos: la redolarización y el restablecimiento de los pagos, pues el Gobierno suspendió las liquidaciones al declararse en default. El juzgado 11 del fuero Contencioso Administrativo Federal le dio la razón en ambos puntos. El Ministerio de Economía apeló, pero la sala 1 de la Cámara de Apelaciones del mismo fuero ratificó el fallo de primera instancia.
Como fue uno de los primeros casos de ese tipo, los argumentos utilizados por los magistrados fueron citados automáticamente por muchos otros jueces en otros tantos expedientes. Sin embargo, la Corte Suprema hizo lugar a una nueva apelación elevada por el Poder Ejecutivo. Y anteayer dictó un fallo en el que no se expide sobre la cuestión de fondo –la constitucionalidad o no de la pesificación–, pero determina que los fundamentos aplicados en el caso Falcón no son válidos para dictar la inconstitucionalidad de la medida. Los supremos “no ratifican en esta instancia la pesificación, sino que dicen que el modo en que se la había objetado hasta ahora no es apropiado”, precisó Eduardo Peró, director judicial del Palacio de Hacienda. Por eso la Corte le ordena a la Cámara que dicte otra sentencia con nuevos elementos.
“Este importante precedente fue suscripto por el voto unánime de seis miembros, sin disidencias”, destacó el Palacio de Hacienda en un comunicado. Los jueces que firmaron el fallo son Augusto Belluscio, Jorge Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez.
En la presentación del Gobierno ante la Corte se aclara que en este momento los bonos pesificados en poder de Falcón equivalen a 2,20 pesos, por la aplicación del CER, mientras que la cotización del dólar es de 3,03. En cambio, cuando el abogado ganó en segunda instancia, los títulos pesificados equivalían a 1,50 pesos y el dólar estaba a 3,60. El Palacio de Hacienda quiere demostrar con ello que los bonos resguardan el poder adquisitivo del acreedor, situación que era mucho más discutible en el pasado.
Hace meses que el Gobierno espera que la Corte Suprema cierre el debate sobre la pesificación. Sin embargo, los supremos no consiguen una mayoría que incline la balanza hacia uno u otro lado. La resolución de anteayer sería una señal de que tarde o temprano convalidará el instrumento adoptado tras la caída de la convertibilidad. Esta semana hubo otro fallo, de la Cámara Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que avala la pesificación en los mismos términos en que lo hace el Gobierno por la preservación del poder adquisitivo de los títulos.