Aun antes del respaldo que Néstor Kirchner le habría dado a Roberto Lavagna para que no se aparte de la discusión con las empresas privatizadas, la Unidad de Renegociación siguió trabajando sin alterar su agenda de encuentro con esas empresas. En la larga lista de misiones pendientes está la de hacer un nuevo intento para arrimar posiciones con las operadoras del área energética, objetivo prioritario tanto para Economía como para Planificación, pero que quedó desbaratado semanas atrás por diferencias con las operadoras. Uno de los planteos que más irritaron a las adjudicatarias fue la exigencia oficial de renunciar a las demandas encaradas ante el Ciadi o enfrentar con sus propios recursos cualquier fallo adverso al Estado argentino que logre alguno de sus accionistas en aquel tribunal.
La continuidad de la Uniren fue puesta en duda apenas el titular del Palacio de Hacienda amagó con retirarse de este lento y complejo proceso de renegociación contractual por discrepancias con Julio De Vido, el otro responsable del tema. Ese grupo de trabajo –básicamente integrado por técnicos contratados por Economía– opera bajo la órbita conjunta de los dos ministros, enfrentados en una puja de poder desde el comienzo de su convivencia en el gabinete nacional.
De concretarse esa disolución, su misión hubiera sido posiblemente transferida a los entes de control, opción que para algunas privatizadas resulta más “confiable”, bien sea porque conocen a sus miembros, bien porque le reconocen a éstos una solvencia que dicen no encontrar en los funcionarios de aquel grupo de trabajo. Pero resultaría contradictoria con el juicio adverso al desempeño de los organismos de control que ha hecho la Auditoría General de la Nación y la propia unidad. Sin embargo, ésa no parecía ser la suerte inmediata del grupo que comanda Gustavo Simionoff, bastante devaluado desde que Néstor Kirchner rechazó de cuajo el nuevo contrato renegociado por los operadores de las autopistas urbanas.
La Uniren opera sobre un terreno minado y con consignas a veces contradictorias. Por un lado, tiene el mandato legal de “recomponer la ecuación económica de los contratos” alterados por la devaluación. Pero, por el otro, debe respetar la consigna presidencial de eludir en lo posible un ajuste de tarifas generalizado, en particular en aquellas prestaciones que distinguen entre clientes comerciales y residenciales.
El desafío quedó claro en las propuestas acercadas a las empresas del área energética, que éstas rechazaron.
- Aquella unidad propuso informalmente a las distribuidoras un ajuste tarifario general del 35 por ciento –muy por debajo de las expectativas de éstas–, con la posibilidad de revisiones periódicas y sin precisar cómo se prorreataría ese ajuste en el universo de clientes. En principio quedarían exceptuados los residenciales beneficiarios de la tarifa social, pero no los “de más capacidad de consumo”. Pero según aseguran en la Uniren, éstos podrían ser exceptuados a costa de un aumento mayor para comercio e industria, en caso de mediar una veda presidencial a una recomposición generalizada.
- La propuesta buscó también ser conciliadora en el rubro inversiones, a través de un plan de obras que podría ser “acordado”. Los contratos originales no prevén ningún cronograma fijo sino que evalúan la calidad del servicio. El proyecto de marco regulatorio que De Vido envió al Congreso confiere al Estado directamente la facultad de diseñarlo. La Uniren habría quedado entonces en una posición cuasi salomónica: hay que planificar lo que se va a invertir, permitiendo que obligaciones no honradas en el pasado se compensen con otras que son más útiles hoy.
- Otra de las pautas oficiales para reformular los contratos con las privatizadas tradujo un criterio firmemente defendido por el ministro Horacio Rosatti desde que era procurador de la Nación. Para firmar un nuevo acuerdo, deben desistir de sus reclamos indemnizatorios planteados ante el Ciadi por los perjuicios que les habría ocasionado la devaluación y pesificación de tarifas.
Pero como en todos los casos las acciones no están iniciadas por las sociedades que operan en la Argentina sino por alguno de sus accionistas (CMS, en el caso de TGS, o Eletricité de France, en el caso de Edenor), aquella renuncia podría ser suplida por el compromiso de que la privatizada sea quien responda ante el miembro que inició el trámite en el tribunal arbitral del Banco Mundial, en caso de que éste ordene al Estado argentino pagar alguna indemnización. El rechazo empresario es unánime.