Con el aliento del Gobierno, las cooperativas telefónicas comenzaron a proyectar la creación de una compañía nacional cuyo leit motiv sea la operación de celulares, apetecible negocio en el que hoy no tienen presencia. Para ello, Comunicaciones prometió adjudicarles la porción del espectro radioeléctrico que quedó vacante desde que Movicom y Unifón se fusionaron y que hoy están disputando ellas mismas con las otras prestadoras del servicio de telefonía móvil. Aun con aquel vital apoyo, el alcance del futuro emprendimiento depende de aspectos claves que sólo podrían definirse con la nueva ley de telecomunicaciones, cuyo proyecto aún no fue enviado al Congreso.
La idea ya fue conversada el jueves entre los cooperativistas y el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, quien en un par de semanas recibiría un texto más pulido de la propuesta que están armando las dos federaciones que agrupan a las cooperativas, Fecosur y Fecotel. De cualquier modo, los cimientos de la iniciativa son bastante afines a las aspiraciones oficiales de promover una burguesía nacional que dispute un negocio a las firmas de origen foráneo: se tratará de una nueva empresa integrada con capitales y proveedores exclusivamente argentinos, que una vez armada buscará capitalizarse en la Bolsa.
El Estado no tendrá participación, pero haría el decisivo aporte de la licencia para operar los megahertz que hoy están vacantes. De concretar la promesa que Moreno formuló a los cooperativistas, abortaría abruptamente el debate que existe en el sector por esa licencia. Para Movicom-Unifón, CTI y Personal la cuestión está por ahora centrada en ver si esa porción del espectro se subasta al mejor postor o simplemente se prorratea entre las empresas que ya existen.
Según pone de relieve el titular de la cooperativa TelViso, Marcos Cytrinblum, la telefonía básica subsidia a la móvil, desde el momento que una comunicación desde la red fija a un celular “cuesta el triple” que si se establece entre dos aparatos móviles. Como las grandes licenciatarias explotan los dos segmentos, este desfasaje se neutraliza en el negocio global. Pero para las cooperativas, que no operan celulares, significa un perjuicio.
De acuerdo con el bosquejo preliminar, la nueva empresa despreciaría la opción ofrecida por la legislación actual de transformarse en un “operador virtual”, aquel que comercializa un servicio montado sobre la red del otro a cambio de un canon. Por el contrario, las 350 cooperativas telefónicas, a las que se le podrían sumar otras eléctricas que hoy disponen de licencia para servicios de telecomunicaciones (la cordobesa Epec, entre ellas) y proveedores “nacionales”, optaría por levantar sus propias torres, en una inversión de alrededor de 100 millones de dólares.
El proyecto que en estos días terminarán de delinear Fecosur y Fecotel aún no incluye un capítulo referido a la prestación de telefonía básica en condiciones de empresa única y en áreas aún hoy no explotadas por las cooperativas, algo, sin embargo, no ajeno a su nivel de ambición. El problema es que en este rubro el marco legal es bastante más opaco y hay discusiones no cerradas.
Si bien entre 1999 y el 2000 se desregularon los servicios de larga distancia y urbano, la falta de reglamentación del decreto aperturista deja sin precisar algunas condiciones, entre ellas la denominada “desagregación del bucle”: ¿Un nuevo operador tiene que cablear necesariamente para llegar al usuario final o puede usar la red de Telefónica y Telecom? Los partidarios de que los nuevos se monten sobre la red vieja argumentan que durante la década de exclusividad, aquellas licenciatarias tuvieron una rentabilidad extraordinaria, lo que les obligaría a socializar su inversión. Pero la realidad es que las condiciones para ese ensamble no están precisadas.
El mismo déficit reglamentario genera incertidumbre sobre la auténtica universalización del servicio. Para extender el servicio a las zonas norentables, se creó un fondo a integrar con una parte de la facturación de las empresas de telecomunicaciones. Nuevamente, la falta de claridad sobre atribuciones y criterios a aplicar por el administrador de ese dinero dejó esta iniciativa en un stand by de hecho.
Estos y otros aspectos medulares de la actividad serían definidos en una futura ley de telecomunicaciones, cuyo proyecto el Gobierno prometió enviar al Parlamento en el corto plazo. Sin embargo, a manos de los legisladores aún no llegó ningún papel que permita avanzar en un debate decisivo para la suerte de un nuevo actor en el mercado. “Es difícil generar espacio para un tercer competidor en serio. La telefonía es un mercado que tiene alta concentración por sus altos costos fijos. Por eso es tan importante la regulación”, advierte el consultor Enrique Carrier.