Las principales cámaras patronales, reunidas en el Grupo de los Siete, le reclamaron ayer al Gobierno que apurara la definición de un proyecto de ley para volver a limitar las indemnizaciones por accidentes laborales. La ansiedad de los empresarios quedó expuesta en un gesto poco protocolar: dirigieron su demanda directamente a Néstor Kirchner, a quien le solicitaron “su intervención para que se adopten las medidas que garanticen la continuidad” del sistema de ART. La apelación al Presidente salteó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien viene preparando una propuesta, pero no termina de redondearla a la espera de la decisión política del jefe del Ejecutivo. La cartera laboral difundiría un borrador de la iniciativa recién el 29 de noviembre, una fecha demasiado lejana para las pretensiones empresarias.
A fines de septiembre, la Corte Suprema dictó un fallo que dio de lleno en la línea de flotación del régimen de riesgos del trabajo instaurado durante el menemismo: declaró inconstitucional la prohibición que sufrían los trabajadores para iniciar un juicio civil contra su empleador en caso de accidente. Hasta esa resolución, el empleado debía conformarse con la indemnización que le pagara la ART, sin poder reclamar en la Justicia una reparación integral. El caso que tomó el máximo tribunal para expedirse fue el de un joven de 29 años que quedó con incapacidad total luego de caer de un techo a 10 metros de altura y todo lo que recibió fueron 55.000 pesos.
Los empresarios argumentan que el levantamiento de la restricción para acudir a la Justicia dará lugar a la reaparición de la “industria del juicio”, con la que “ganan algunos abogados y peritos y pierden la producción y el trabajo”. Así lo expresaron ayer la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, Adeba (bancos de capital nacional), la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y la Bolsa de Comercio.
La CGT y la CTA, por el contrario, elogiaron el fallo de la Corte y comenzaron a preparar sus propios proyectos de ley para entregárselos al Gobierno. La primera de esas centrales sindicales lo dará a conocer el próximo miércoles, durante un seminario.
Hasta el momento, según pudo saber Página/12, Tomada anticipó algunos lineamientos centrales de la propuesta que está elaborando su cartera. El primero es la supervivencia de las ART, que seguirán actuando como únicas aseguradoras frente a los siniestros laborales. Esto implica descartar una alternativa que haría la reforma mucho más profunda: que la cobertura estuviera inscripta en el sistema estatal de seguridad social. De ese modo, los trabajadores no sólo cobrarían una indemnización justa en un tiempo razonable, sino que además podrían estar protegidos aquellos que participan del amplio sector informal de la economía.
Los objetivos del Gobierno serían bastante más modestos, aunque en comparación con el sistema que volteó la Corte Suprema habría algunos avances. Por ejemplo, se ampliaría la nómina de enfermedades y accidentes cubiertos. Hasta ahora existe un listado que excluye una amplia cantidad de causas que provocan incapacidad laboral, desde el estrés hasta la hernia y la lumbalgia. En la nueva ley el universo de enfermedades mencionado sería ejemplificativo y no taxativo. También se modificaría la integración de las juntas médicas, que son las que evalúan la gravedad del perjuicio sufrido por el trabajador y recomiendan el monto de la indemnización. Además de médicos, se sumarían abogados y se crearía un mecanismo más aceitado de derecho a la defensa, para apelar los diagnósticos.
El techo de las indemnizaciones, en tanto, subiría de 180.000 a 300.000 pesos. Esto es para los casos de incapacidad total o muerte, pero sólo podrían acceder al monto máximo los trabajadores de sueldos altos. Junto con esto, se habilitaría una vía administrativa para resolver más rápidamente las situaciones de conflicto, como diferencias por lareparación asignada. Los empresarios reclaman que quienes vayan por esa vía queden vedados de recurrir a la Justicia civil: la opción que pretenden imponer a los trabajadores es cobrar antes –un juicio puede llevar varios años– a cambio de resignar una indemnización mayor.