Por C. C.
Desde Mar del Plata

Después de complicadas y arduas negociaciones ayer se firmó una carta de intención para ampliar el gasoducto San Martín, a cargo de la Transportadora de Gas del Sur, liderada por Petrobras. La singular ingeniería financiera para conseguir los 285 millones de dólares que demandará la obra compromete a la empresa brasileña a otorgar un “préstamo puente” para adelantar trabajos, ubica al Banco Nación como garante del emprendimiento y promete cargar sobre los usuarios no residenciales el costo vía una suma adicional. Pero este punto decisivo aún no estaría legalmente resuelto.
La idea base es que la ampliación se financie a través de un fideicomiso que administrará el Banco Nación y que se nutrirá con un aumento sobre la tarifa de los clientes industriales o comerciales. Pero la creación de ese cargo específico para infraestructura obliga a modificar el marco regulatorio del sector a través de una ley que el Gobierno prometió a los empresarios, pero cuyo proyecto aún no habría llegado al Parlamento. Según conjeturan fuentes de Petrobras presentes en el coloquio marplatense, podría apelarse al atajo de que sea el propio ente regulador el que admita ese cambio de criterio.
El grueso de los recursos los aportará el banco estatal brasileño Bndes, en el marco del acuerdo de garantías recíprocas entre los países, algo que transforma al Estado en aval de última instancia. Pero mientras esos fondos llegan, Petrobras adelantará el dinero para la compra de caños y otros materiales, algo que no estaba dispuesta a hacer de entrada. Sucede que sin este aporte para apurar trabajos, la obra no estaría concluida antes del invierno y no se podría evitar otra crisis motivada en un faltante de gas.
Para lograr el cometido de aumentar la capacidad de transporte en 2,9 millones de metros cúbicos por día, también habría fondos de la propia TGS y de otros productores de gas del sur, la Total entre ellos. Para todos el negocio está asegurado por la vía de un incremento en la tarifa de transporte cuya envergadura nadie quiere precisar, pero que rondaría el 35 por ciento.