En contra de las expectativas que tenían hace un par de semanas, cuando se conoció el fallo de la Corte a favor de la pesificación, los banqueros manifestaron ayer su preocupación por el efecto que está teniendo esa decisión. Martín Redrado, presidente del Banco Central, admitió que sigue la cuestión “muy de cerca”, aunque aclaró que por ahora no se detectaron problemas en el sistema financiero. Ante la serie de fallos en contra de la pesificación por parte de distintos tribunales inferiores, los financistas reclamaron que la Corte se expida particularmente sobre los depósitos inferiores a los 70.000 dólares.
La ola de amparos comenzó a la semana siguiente del fallo de la Corte. Primero fueron los jueces de primera instancia los que dieron lugar a las demandas de aquellos ahorristas que tenían plazos fijos inferiores a 70.000 dólares. Para esos casos, el ministro del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni, votó a favor de que se reintegre el depósito en la moneda original. A su vez, dijo que para las colocaciones de hasta 140.000 dólares, los primeros 70.000 debían devolverse en dólares y los 70.000 restantes a 1,40 peso más el CER. Durante la última semana se sumaron varios dictámenes de segunda instancia. Los magistrados se fundaron en esta distinción de Zaffaroni para dar lugar a los reclamos de los amparistas.
Esta situación fue la que generó la reacción de algunos banqueros. Llamativamente, los primeros en hacerlo fueron los ligados a la banca pública y a la privada de origen nacional. Los representantes de las entidades extranjeras prefirieron mantener la cautela, al menos por ahora. Jorge Sarghini, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, fue tajante: “Es absolutamente necesario que esto tenga una resolución definitiva. Me parece necesario que el Estado en su conjunto ordene y diga una sola cosa”, argumentó. En la misma línea, Carlos Heller, de la Asociación de Bancos Públicos y Privados, Abappra, manifestó: “Habrá que esperar que la Corte falle en algún caso de depósito inferior a los 70 mil dólares para ver cuál es el criterio que se impone”. Desde el Poder Judicial también reclamaron medidas para ordenar la situación (ver recuadro aparte).
Consultado por este diario, el ejecutivo de un banco extranjero líder admitió que observan la situación con preocupación pero que, a la vez, prefieren resguardarse en la cautela. Y que si por ahora no salieron a reclamar los dólares de los amparos superiores a los 140.000 dólares se debe a que el fallo de la Corte no lo establece. Más aún, la decisión judicial sólo avala la pesificación para los depósitos que no se retiraron de los bancos.
Los financistas consultados descartaron el reclamo de compensaciones al Estado por este tema. Dicen que sería en vano porque el fallo de la Corte “cambió el contexto” de la macroeconomía. “Antes podíamos reclamar porque nos basábamos en el fallo dolarizador de San Luis. Ahora, con la nueva decisión de la Corte, cambió el escenario”, razonó el representante de un banco internacional. Esta visión es refutada desde algunos bancos locales con el argumento de que, en algún momento, las entidades extranjeras recibirán la presión de sus casas matrices para recuperar lo perdido. Más allá de las especulaciones, el Banco Central ya estableció que los bancos debían pasar a pérdida los amparos y les dio a los bancos la chance de contabilizar ese quebranto a lo largo de cinco años.
Según fuentes judiciales, en la Corte existen 20 mil medidas cautelares sin resolver. Y en las próximas jornadas podrían llegar más, en caso de que los bancos apelen las decisiones de segunda instancia que se resolvieron en contra de la pesificación en las últimas semanas. De este total, sólo una docena es por montos inferiores a los 140.000 dólares. Es decir que podrían resolverse en forma automática sobre la base del dictamen de hace dos semanas. El resto debe esperar sentencia. Y los banqueros apuran las definiciones.En las entidades financieras ya tomaron nota de que las decisiones de la Corte sobre los amparos son inapelables ante los tribunales internacionales. Si bien la Argentina adhirió al Pacto de San José de Costa Rica en 1984, lo que habilitaría a una apelación ante un tribunal supranacional, el gobierno de Raúl Alfonsín excluyó de esa adhesión el artículo 21, que es el que protege, entre otras cosas, el derecho de propiedad. O sea que las leyes que afecten el derecho de propiedad de los individuos pero que hayan sido sancionadas por motivos de emergencia pública no pueden ser revisables. En aquella época, Alfonsín buscó amparo para el “ahorro forzoso”. Ahora, dos décadas después, la cuestión vuelve a tener actualidad en un marco totalmente diferente al de entonces.