A través de la presentación de miles de solicitudes individuales, Rentas de la Provincia de Buenos Aires dio un primer paso efectivo para que el Banco Central dispusiera el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas de los contribuyentes morosos, para eludir así la resistencia de las entidades financieras a proveer esa información. Si luego del análisis caso por caso, el departamento jurídico que asiste a Martín Redrado descorre el velo, la embestida recaudadora contra el núcleo de los más pudientes habrá concretado un avance casi tan auspicioso como el que tuvo en las últimas horas: la mayor parte de los bancos que operan en la provincia –empezando por los internacionales de primera línea– ya informaron acerca de qué clientes en falta con el fisco son, a su vez, titulares de cajas de seguridad, información que no está resguardada por ninguna ley. Esta artillería de medidas promete en febrero un despliegue aún más espectacular cuando un nutrido grupos de funcionarios se aboquen al inicio de al menos unos diez mil juicios más a los que ya se iniciaron.
Todos son capítulos de la estrategia desplegada por el secretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, para recuperar acreencias por alrededor de 2000 millones de pesos contra grandes contribuyentes provinciales de Ingresos Brutos, Inmobiliario o Patentes a los que la administración de Felipe Solá presupone sobradamente solventes.
La Ley de Entidades Financieras dispone el secreto sobre las operaciones bancarias “pasivas” (depósitos y acreditaciones en sus diversas modalidades), lo que excluye de esa protección a otro tipo de operatorias, como el servicio de caja de seguridad. En base a aquella restricción, los bancos no pueden proporcionar aquella información a menos que medie una orden judicial, un pedido expreso del Central o de algún organismo público, bajo ciertas condiciones y previa intervención de la autoridad monetaria.
De acuerdo con las excepciones legales previstas, para que el Banco Central habilite a una entidad a levantar el secreto sobre una cuenta es necesario que la solicitud sea presentada contra un titular en particular (y no en bloque); que se haya iniciado una investigación tributaria contra ese contribuyente (lo que supone el despacho de intimaciones) y que el banco donde está radicada la cuenta haya negado información sobre ella invocando el secreto bancario. Todas condiciones que se cumplirían en el caso de los treinta y cinco mil expedientes que Rentas se puso a armar de apuro, después de que a través de un intercambio informal de notas con el BC concluyó que se cumplían los requisitos para que el trámite tenga un final feliz.
El levantamiento del secreto bancario permitiría al fisco bonaerense tener una idea más precisa de la supuesta capacidad contributiva del moroso, le facultará conocer el movimiento real que tienen las empresas que adeudan Ingresos Brutos o seguir los movimientos entre cuentas de un mismo titular, evitando los frecuentes pases de dinero de una otra para eludir eventuales embargos.
Con esos datos en la mano, Rentas definiría luego la estrategia, que podría incluir medidas como el embargo de una cuenta o una intervención de caja. Esta última ya fue utilizada por el fisco bonaerense con resultados a su juicio satisfactorios: valga de ejemplo que para cobrarse una acreencia por 2 millones de pesos contra una empresa, consigue succionar de los ingresos de ésta unos 5000 pesos mensuales.
Pero ni el embargo ni la intervención pueden concretarse si no media una orden judicial. De ahí la premura de Rentas por iniciar acciones legales contra aquellos deudores que aún no tuvieran causas abiertas y por ello planea alquilar después de la feria judicial estival un teatro o local con capacidad para albergar a centenares de funcionarios que se ocuparán de alistar estas aperturas de expedientes.Otro de los capítulos de este embate contra morosos ricos es el intento de inmovilizar sus cajas de seguridad. Para ello Rentas emplazó hasta hoy a todos los bancos que operan en la provincia para que le informen cuáles de los morosos tienen ese servicio contratado en cualquier sucursal del país. Según celebraba Montoya ayer, la información empezó a llegar fluidamente y sólo unas pocas entidades pidieron prórroga para honrar esta obligación consignada en la legislación provincial. Si no lo hicieran, el funcionario amenaza con aplicarles multas de hasta 30 mil pesos por cada requerimiento denegado.
¿Qué hará después el organismo recaudador? En principio, verificar cuáles de esos contribuyentes tienen juicios iniciados para solicitar al magistrado un bloqueo de la caja. Si esto ocurre, su titular podrá retirar los objetos no dinerarios con la intervención de un oficial de Justicia, pero no podrá disponer del resto del contenido hasta que se resuelva la demanda del fisco en su contra.
“¿Cuánto cree que hubiera tardado la prensa en enterarse de que estábamos disponiendo los bloqueos de cajas de seguridad?”, especula Montoya ante la pregunta de si estos anuncios no son un aliciente para que los morosos vacíen de inmediato las cajas antes de que Rentas llegue a cobrar su crédito. Ahora la apuesta del funcionario consiste en que éstos prefieran correr el riesgo de un dictamen judicial adverso antes que tener que circular por las calles de la provincia con sumas importantes o, mejor aun, que, amedrentados, decidan pagar su deuda tributaria.
La nueva táctica es ajustarse a derecho para que después de tanta bulla el fisco no quede con las manos vacías. Según los abogados de Solá, los pactos que en el siglo XIX dieron origen al estado de Buenos Aires le reservarían la atribución de controlar la actividad bancaria, por lo que estaría relevada de respetar el secreto que impone una ley nacional. Pero la rotunda negativa del Central a admitir semejante argumento los convenció de buscar un atajo.