El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó ayer en su sitio en Internet un informe que asegura que la Argentina es el país con mayor nivel de lavado de dinero de América latina. Se encuentra, además, entre las diez naciones más afectadas por este problema en el mundo. “Resulta particularmente preocupante –dice el documento– que entre los diez países con mayor difusión del lavado de dinero a través de canales bancarios, seis son de América latina.” Argentina está en primer lugar, seguido por Colombia, Haití, Paraguay, Nicaragua y Bolivia. En el caso de las operaciones a través de canales no bancarios, como las inversiones inmobiliarias, Argentina desciende al tercer puesto del ranking de la región, detrás de Colombia y Haití.
El informe está en sintonía con otro elaborado en junio pasado por el principal organismo regional de lucha contra el lavado de dinero: el Gafisud (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica). En su segunda evaluación del trabajo desarrollado por Argentina en esta materia, enumeró una veintena de falencias técnicas y deslizó que al Gobierno le falta voluntad política para combatir eficazmente este tipo de maniobras. Página/12 consultó a distintos especialistas en el tema, quienes coincidieron en la descripción de un panorama general poco alentador.
El ex diputado Gustavo Gutiérrez, quien fue un activo participante de la comisión de lavado del Congreso, sentenció que “en los últimos dos años no sólo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido”. Guillermo Jorge, experto que estuvo en la terna final de candidatos para presidir el Gafisud, fue menos categórico, pero admitió que la lucha contra el lavado “no es hoy un tema que figure en la agenda del Gobierno”.
El documento del BID se titula “El lavado de dinero en América latina: ¿Qué sabemos de él?”. Fue preparado por Alberto Chong y Florencio López de Silanes, graduados de Harvard y Yale, respectivamente, y con larga trayectoria en la burocracia de Washington. Aunque fue escrito en noviembre último, recién ayer el BID lo publicó en su página web, junto a otros trabajos de economistas ortodoxos, como Miguel Kiguel (ex número dos de Roque Fernández) y Andrew Powell (ex economista jefe del Banco Central bajo la gestión de Pedro Pou).
Los autores describen los ejes centrales de las maniobras de lavado de dinero (“para permitir el uso legítimo de recursos procedentes de actividades ilícitas”) y explican globalmente su incidencia en la región. “El lavado de dinero está especialmente difundido en América latina”, ilustran. “Si bien no está tan difundido como en Asia o Africa, es considerablemente superior que en los países desarrollados”, agregan. Tras ello, toman como válido un estudio publicado en 2003 por el Foro Económico Mundial –de Davos–, que ubica a la Argentina como el país de la región con más lavado de dinero.
Chong y López de Silanes aclaran unas páginas más adelante que varias naciones latinoamericanas, incluida Argentina, “han establecido sistemas integrales de lucha contra el lavado de dinero que satisfacen la mayor parte o bien la totalidad de las recomendaciones del Gafi”. Sin embargo, en las conclusiones del estudio afirman que “a pesar de los adelantos legislativos, el lavado constituye una importante amenaza, en particular porque algunos de los países sólo están abordando en forma parcial los factores que están potencialmente vinculados con el problema”. Luego, más directamente, alertan que “abordar el tema de la legislación no es igual al cumplimiento de las leyes”. Es decir, los cambios serían sólo “cosméticos”. De allí que el informe considere como un dato actual el ranking de países con mayor lavado de dinero.
Argentina aprobó una ley para combatir estas prácticas en 2000. Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Gutiérrez fueron sus principales impulsores. De allí surgió una comisión investigadora que tenía a esos mismos tres diputados como referentes. Gutiérrez evalúa ahora que “en los últimos dos años no se hizo nada”. “La causa Citibank-Moneta pasó por Juan José Galeano, Gustavo Literas, Carlos Liporace y ahora duerme en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral”, se quejó. También dijo que la Unidad de Información Financiera (UIF), la central de inteligencia dedicada a investigar operaciones de lavado, carece de apoyo político. El informe de Gafisud advierte sobre este punto que “la UIF parece no contar con los recursos humanos o técnicos necesarios”.
Guillermo Jorge, por su parte, sostuvo que “implementar un sistema eficiente de lucha contra el lavado de activos supone la coordinación de esfuerzos de sectores que muchas veces tienen intereses encontrados”. Esto es porque la ley obliga a los bancos y demás agentes financieros a informar al Estado si alguno de sus clientes incursionó en una operación sospechosa. “Si es difícil aplicar esta norma en Suiza, se puede deducir lo que ocurre acá”, concluyó.