Desde el pasado 28 de diciembre existe en la Justicia Federal un pedido de amparo para frenar el proceso de canje de deuda pública. Se solicitó también la inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo que autorizaron al Ministerio de Economía a llevar adelante la operatoria. La clave de la demanda presentada por Alejandro Olmos (h.) y Daniel Marcos es en que no resulta posible reestructurar una deuda que ya fue declarada parcialmente ilícita por el propio Poder Judicial.
La demanda tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de Claudia Rodríguez Vidal. Olmos y Marcos, que ya participan en otras causas en las que se investiga el endeudamiento externo, son patrocinados por el ex juez Salvador María Lozada.
La fundamentación del pedido de amparo, de 124 fojas, se basa en que el gobierno nacional no puede reestructurar una deuda que el 13 de julio de 2000 fue declarada parcialmente ilícita por el juez Jorge Ballestero y que, adicionalmente, es materia de dos investigaciones en curso.
Por ello, Olmos y Marcos consideraron que hasta tanto el Poder Judicial no se expida no debería efectuarse ninguna reestructuración. Hacerlo significaría alterar el orden jurídico y la división de los poderes consagrada por la Constitución nacional.
La ilegitimidad parcial del endeudamiento fue determinada por el juez Ballestero para el período 1976-1983. Los demandantes consideraron que, según la documentación existente, las pericias efectuadas y las declaraciones testimoniales, la deuda que se apresta a ser reestructurada por el Ejecutivo es la misma deuda de la sentencia ya dictada. Para Olmos y Marcos, entonces, la reestructuración actual supone el tácito desconocimiento de la existencia de las causas penales anteriores.