Como si se tratara de un gran campo de batalla pero con muchos contendientes, los grupos económicos nacionales, los extranjeros que capturaron las empresas privatizadas, los bancos, importadores y distribuidores luchan encarnizadamente por defender su espacio. Se trata de que sean “los otros” los que paguen los costos de la inminente devaluación. Los consumidores y trabajadores, en tanto, asisten absortos al espectáculo, que ya tiene expresiones concretas: desabastecimiento de productos esenciales, como medicamentos, y remarcación de precios, no sólo de productos importados sino de algunos de origen nacional sin justificación aparente. Los concesionarios de servicios públicos pugnan por mantener el privilegio de tener tarifas dolarizadas, o por lo menos poder trasladar el incremento del 40 por ciento que se avecina en el precio del dólar, en caso de que se pesifiquen. El jefe de gobierno español, José María Aznar, tomó contacto telefónico ayer con su par argentino, Eduardo Duhalde, presuntamente para reclamar por el mantenimiento de las reglas de juego para las empresas de ese origen. Otros eslabones “débiles” de la cadena productiva, como las pequeñas y medianas empresas, también están sufriendo las consecuencias del fenómeno: deben pagar sus insumos importados en efectivo y en dólares, porque de lo contrario no hay entrega. Ello ha provocado una parálisis de la actividad en los últimos diez días que profundiza la depresión sin precedentes que vive el país. En tanto, anoche el Gobierno amenazó con requerir hoy al Congreso la autorización para fijar precios máximos en determinados productos críticos.
En algún momento de la tarde de ayer, se llegó a presumir que los anuncios previstos para hoy, que constituirían el hecho fundacional de un nuevo modelo económico –salida de la convertibilidad, modificación del tipo de cambio y pesificación de tarifas y deudas menores–, quedaría postergado bajo la presión del poder económico. Sin embargo, al finalizar la reunión de gabinete, se ratificó que hoy se dará a conocer el nuevo paquete.
Los problemas más graves en materia de desabastecimiento y remarcación de precios se registran en el rubro de medicamentos, en el que droguerías, laboratorios y farmacias se echaron culpas mutuamente. En alimentos, cámaras industriales y de supermercados negaron la existencia de problemas masivos, aunque reconocieron algunas irregularidades puntuales en determinados productos, que justificaron con el argumento que ante la inminencia de la devaluación, algunos operadores no tenían precio para esos artículos. Las entidades de usuarios y consumidores, en tanto, recomendaron no comprar y denunciar las actitudes especulativas de comerciantes y grandes cadenas.
El comercio chico rechazó las acusaciones sobre especulación con precios y retención de mercadería y, en cambio, se mostró como víctima de la acción de actores más poderosos. Pero lo cierto es que, más allá de la responsabilidad de unos u otros, ayer se notó la falta de comestibles y medicamentos y precios aumentados en artículos para el hogar, vestimenta y hasta en artículos de ferretería.
El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, justificó desde Brasilia, donde viajó a entrevistarse con funcionarios del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la devaluación que se decidiría en la fecha, mientras que allegados al aspirante a la presidencia aseguraban que estaba realizando gestiones ante Brasil para facilitar la importación de medicamentos de ese origen en caso de continuar la escasez en Argentina.
Jorge Capitanich, que ayer juró como jefe de Gabinete, salió a explicar que una modificación en el tipo de cambio no se trasladaría automáticamente a los precios y las tarifas. Sin embargo, las concesionarias de servicios públicos mantenían hasta anoche la presión para no tener que absorber el ajuste en el precio del dólar. Laencarnizada lucha tuvo, como actor de reparto, al propio jefe de gobierno español, que le habría transmitido a Duhalde la preocupación de sus connacionales con capitales en el país y la posibilidad –¿amenaza?– de abandonar Argentina en caso de verse perjudicados por las nuevas reglas.
“Todo el mundo está operando, menos el gobierno”, confesó el directivo de una empresa líder a Página/12, en referencia al juego de intereses y la falta de convocatoria del gobierno, hasta anoche, a los principales empresarios del país para buscar compatibilizar algún criterio. “Todos sabían que tenían algo que perder, que el país no podía seguir siendo el mismo, que los que ganaban cientos de millones iban a pasar a ganar la mitad, que depositantes y deudores iban a perder algo. Ni los políticos se salvan de perder algo. En medio de este desastre, la gestión de Aznar es un dato absolutamente negativo”, señaló la misma fuente, a pesar de que pertenece a una empresa de origen español.
La resignación a las nuevas condiciones, sin embargo, no fue el rasgo relevante en lo que se exhibió ayer. La lucha despiadada de intereses se tradujo en gestiones, amenazas, aumentos preventivos, ocultamiento de mercadería y hasta generación de rumores sobre una supuesta marcha atrás del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, en las medidas que sin ser lanzadas ya son públicas. El gobierno las ratificó anoche y hoy habrá una amplia ronda de reuniones con cámaras empresarias para explicarlas, antes de la hora de los anuncios. El Congreso deberá trabajar el fin de semana para aprobar aquellas medidas que tengan la forma de ley, como la derogación de la Convertibilidad. Pero ayer quedó claro que el camino a ponerlas en práctica es un estrecho desfiladero, y el riesgo de caerse no sólo lleva a un cañón muy profundo sino, además, minado.