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Lejos del discurso duro de los últimos días, el Gobierno cambió el énfasis en su disputa con Aguas Argentinas SA. A su arribo de Francia, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, confirmó que la discusión con la privatizada, controlada por el grupo francés Suez, pasa hoy por cuál será el monto anual que el Estado nacional aportará al plan de inversiones de la firma. Específicamente, cuál será la forma en que los dineros del Estado ingresarán en el activo de la empresa y cuál será la eventual participación que ello le otorgue en su conducción.
De esta manera, De Vido confirmó al menos una parte de las declaraciones realizadas por Roberto Lavagna el pasado jueves a Radio France Internationale. El titular del Palacio de Hacienda no sólo había afirmado que el “techo” de aumento de tarifas ofrecido por el Gobierno era del 16 por ciento, contra una demanda empresaria del 60 por ciento, sino también que la suba, cuyo anuncio provocó el enojo del presidente Néstor Kirchner y de sus ministros más cercanos, serviría para que la empresa aumente sus inversiones en 250 millones de pesos. A este importe, el Estado argentino sumaría “una cifra algo menor de inversiones directas hasta llegar a (un total de) 400 millones de pesos”. En concreto, para las nuevas inversiones, Aguas Argentinas no debería restar un centavo de lo que actualmente percibe de sus clientes sino que el total provendría de una parte del extra pagado por los usuarios y otra de aportes estatales.
Si bien el aumento de tarifas fue negado, y Lavagna públicamente escarmentado, De Vido confirmó ayer, aunque no la suba tarifaria, sí que el Estado realizará su aporte en el plan de inversiones. De hecho, también corrió del centro del debate a la potencial rescisión de la concesión, y su eventual reestatización, para concentrarlo en cuestiones de forma, como la manera en que se activarán los fondos estatales en el patrimonio de la empresa. Superado el escollo, la negociación con Aguas, aunque “dura, compleja y crítica”, quedaría resuelta “en las próximas semanas”.
En las declaraciones realizadas a Radio Nacional desde el Aeropuerto de Ezeiza, De Vido detalló que con el grupo Suez “hemos avanzado en las conversaciones, la negociación se encamina lentamente hacia un punto de decisiones importantes en el curso seguramente de las próximas semanas”.
“Se están discutiendo fundamentalmente las inversiones que hacen falta a los efectos de llevar adelante el Plan Director que tiene la empresa y que está atrasado. Esto va a hacer que el Estado nacional argentino tenga que hacer ingentes aportes en el marco de la empresa, ya no de la concesión en sí misma sino de la empresa”, explicó.
Lo que hoy se discute es “bajo qué figuras jurídicas, bajo qué aspecto contable se van a activar estos recursos que el Estado argentino invierte y, obviamente, tienen que ser activados en favor” del Estado, “porque son recursos de toda la ciudadanía”, consideró. En consecuencia, “lo que estamos discutiendo con la empresa es qué rol asumiría” el Estado “dentro de la conducción empresaria, en común acuerdo con la concesionaria, si es que pudiéramos llegar a un acuerdo”, aclaró.
Sobre las versiones de rescisión, De Vido se limitó contestar que no hacía “futurología”, y que “todos los contratos tienen artículos que prevén sanciones, una de las cuales, tal vez la máxima, es la rescisión” y la “disolución” contractual en “común acuerdo”.
La experiencia internacional del grupo Suez en la gestión internacional de servicios públicos de agua y cloacas muestra que sus contratos han finalizado tanto “de común acuerdo” como por el rechazo de la ciudadanía afectada. Los pésimos resultados de su gestión en Atlanta, Estados Unidos, provocaron que United Water, controlada por Suez, junto al alcalde de la ciudad anuncien, hace exactamente dos años, una resonante y vergonzosa cancelación “amigable” del contrato con una antelación de 15 años sobre los 20 originalmente concedidos. En abril del 2004, Ondeo, la controlada de Suez en Puerto Rico, abandonó a los dos años una concesión de 10 años. En Bolivia, la indignación de la ciudadanía por el mal servicio fue eldesencadenante de que el gobierno le retire la concesión a otra controlada de Suez, Aguas del Illimani. Para conseguirlo, los clientes de El Alto y La Paz realizaron una activa movilización popular durante tres días.
Regresando a estas latitudes, hoy parecen estar en juego dos estrategias. La del Gobierno, que suele tensar la cuerda al máximo antes de cerrar cualquier negociación, pero que también demostró en algunos casos, como el Correo, el espacio radioeléctrico o el ferrocarril San Martín, que puede llegar a cortarla, y la de Suez, que desde la concesión del servicio en 1993 apostó a la constante renegociación contractual, tanto para conseguir aumentos de tarifa como para diluir sus compromisos de inversión y las multas emergentes de los incumplimientos. Aunque el contrato original incluía, solamente en los primeros 5 años, inversiones próximas a los 1400 millones de pesos, Aguas sólo invirtió alrededor de 550 millones. Ello no evitó que consiga aumentos de tarifas que acumularon un 88 por ciento hasta el 2001, ni que eluda multas que hoy suman más de 60 millones de pesos. En los ’90, la rentabilidad neta de la filial local de Suez fue del 23 por ciento anual promedio; la de la matriz francesa, en cambio, sólo 6 por ciento.
A pesar de todo, Aguas Argentinas no se privó, tras la salida del régimen de convertibilidad, de iniciar un juicio al Estado argentino ante el Ciadi, un tribunal arbitral internacional para la “protección de inversiones” controlado por el Banco Mundial. Paradójicamente, la denuncia que continúa su curso ante el tribunal fue por el supuesto incumplimiento contractual: la Ley de Emergencia Económica le impidió a la concesionaria dolarizar las tarifas y continuar indexándolas por la inflación de Estados Unidos. Ya durante la administración Kirchner, la empresa se comprometió a invertir 242 millones de pesos durante el 2004. Con ello consiguió que el Gobierno dejara en suspenso multas por 10,2 millones de pesos. Poco antes del viaje del Presidente y su comitiva a Francia, y ante la persistencia de los incumplimientos, el Etoss, el ente regulador del sector, intimó a la empresa al pago de todas las multas adeudadas. También agregó 2 millones de pesos que deberían hacerse efectivos esta semana.