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Como los bancos, un club de fútbol también puede confiscar ahorros. El 24 de septiembre de 2001, dos meses y una semana antes de que el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciara el corralito, la Asociación Mutual, Social y Deportiva Atlético Rafaela se quedaba con los depósitos de sus socios, más de 20 millones de pesos. Desde aquel día, varios acudieron a la Justicia para intentar recuperarlos, aunque recién ahora, y debido a la intervención en el caso del abogado Ricardo Monner Sans, existe la posibilidad de que la Comisión Directiva de entonces rinda cuentas ante la Justicia. Son 20.448.564,52 pesos los que están en juego y que, en parte, fueron desviados “para actividades sociales y deportivas”, ergo, obras en el denominado estadio Nuevo Monumental y el mantenimiento del plantel profesional.
Un dictamen del perito contable Mario Raúl Machado que consta en la causa “Pfaffen, Alfredo s/denuncia, expediente 1648” del 2001, sostiene que el dinero incautado a casi 1300 personas “no se trata de recursos genuinos sino de fondos captados, lo cual no sólo no cumple con las exigencias legales sino que implica utilización de depósitos de asociados aplicados a otros fines”. En síntesis, una presunta defraudación que a sus responsables los expone a una pena de hasta seis años de prisión.
En 1988, Atlético Rafaela se inscribió como mutual para brindarles a sus asociados servicios como planes de ahorro, ayuda económica, seguros de automóviles, coberturas de salud, jubilaciones a través de una AFJP y hasta una tarjeta de compras denominada 500 Millas. Al año siguiente, el club comenzó a competir en los torneos de la AFA –lo hacía desde 1946 en la Liga local– y a crecer en una gama de actividades deportivas que van desde el automovilismo hasta el fútbol, dos disciplinas que muy pocas instituciones suelen reunir.
Con casi 7 mil socios y el respaldo de una ciudad progresista, ubicada a 90 kilómetros de Santa Fe, el equipo alcanzó el logro más importante de su historia futbolística el 21 de junio de 2003, con el ascenso a Primera. Un grupo de ahorristas, sin embargo, no tenía motivos para festejar, ya que lejos había quedado de cumplirse el artículo 2º de la Ley Orgánica de Asociaciones Mutuales, Nº 20.321, que sostiene: “Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica”.
Atlético Rafaela soportaba desde el 2001 la denuncia de Alfredo Pfaffen, quien tres días antes de que se retuvieran los depósitos, le había confiado a la mutual 42.263 pesos. Pero los problemas no habían surgido con la confiscación aprobada en la asamblea extraordinaria del 24 de septiembre, porque mucho antes, durante 1997, un grupo de empleados había advertido sobre la mala administración del club mutualista.
No obstante, ni este antecedente, ni la demanda de Pfaffen, ni que la asamblea votara la incautación de los ahorros sin tener el mínimo de asistentes exigido por estatuto lograron que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) interviniera como correspondía cuando lo presidía Juan Ricci. Por el contrario, la Comisión Directiva de Atlético Rafaela continuó en sus cargos, hasta que recién el 8 de noviembre de 2001, Gabriel Gaggiotti, el presidente del club, renunció y sus pares de conducción lo reemplazaron por Aníbal Carlucci.
Osvaldo Carlos, el juez de Primera Instancia en lo Correccional de Rafaela –otra curiosidad de esta historia es el fuero que la investiga–, procura que se presenten a declarar los dirigentes que decidieron otros fines para el dinero que les habían confiado. Su tarea ha resultado ardua porque, desde el club, el 23 de noviembre pasado, se le envió una nómina de la Comisión Directiva vigente al 2001 que contiene los nombres de sus integrantes, pero no sus domicilios. Allí están citados Gaggiotti, los vicepresidentes Ives Long y Oscar Muriel, el secretario Omar Cordero, el prosecretario Omar Chiarelli, el tesorero Miguel Blázquez, el protesorero Eduardo Muriel y los vocales titulares Oscar Parra, Aníbal Carlucci, Daniel Ricotti, Ricardo Pirola y Ana Maina. El oficio del juez Carlos fue respondido por el doctor Roberto Torasso, el actual gerente de Atlético Rafaela.
Esta determinación del club, que no informó las direcciones de quienes lo administraban cuando se incautó el dinero, motivó que el doctor Monner Sans (ver aparte) le sugiriera por escrito al magistrado la posibilidad “de considerar que el emplazado se encuentra incurso en el delito de desobediencia... toda vez que ello demora el avance de la investigación en la línea pertinente...”.
En Rafaela se cuenta que las denuncias no prosperaron hasta que las tomó el juez Carlos, porque hubo colegas de éste que se excusaron y porque se le atribuye cierta incidencia en el asunto a un grupo de magistrados que, allá por el 2001, habrían integrado la mutual en condición de socios honorarios. En la denuncia que patrocina a una docena de ahorristas junto al doctor Bernardo Schweizer (h.) de Santa Fe, Monner Sans le da una importancia clave al dictamen del contador Machado, el perito que describió así lo que ocurría en el club cuando se congelaron los depósitos que algunos damnificados accedieron a cobrar tras la última devaluación y otros no.
“En el aspecto financiero se advierte la existencia de una deuda neta exigible sin cobertura líquida, lo que evidencia una situación extremadamente delicada. La falta de liquidez ha determinado la necesidad de la mutual de congelar los depósitos, situación puesta a consideración y aprobada por asamblea. De las cifras que se expresan en los estados contables (...) surgiría la existencia de compromisos exigibles para la mutual (...) con un saldo de $ 20.448.564,52...”
Machado sostenía también que Atlético Rafaela tenía la posibilidad de hacer frente a esas obligaciones con activos por 13.833.924,61 pesos, que representaban el 66 por ciento del pasivo exigible. En ese marco, el contador también puntualizaba en su informe que 4.695.444,51 pesos habían sido aplicados a actividades deportivas. Sobre estas cifras y a sobre adónde fue a parar el dinero de muchos jubilados –un grupo de ellos es asesorado por Monner Sans– deberán dar explicaciones en la Justicia los ex dirigentes del club-mutual que acaba de cumplir 98 años el jueves pasado.