No importa el origen del país, si la situación política es estable o inestable, si la economía crece o hay recesión. El Fondo Monetario encuentra razones para sugerir siempre lo mismo: aplicar un ajuste fiscal. Esta vez la excusa es la inflación. A pesar de que el Gobierno logró un nivel de superávit inédito, Roberto Lavagna escuchó anteayer en su reunión con el director gerente del organismo, Rodrigo Rato, el reclamo de que el Estado aumente ese excedente. El objetivo sería retirar pesos del mercado para controlar la suba de precios. El planteo fue realizado por el delegado permanente del FMI en Argentina, John Dodsworth, quien hizo hincapié en el riesgo cercano de un desborde inflacionario. Según su opinión, el ajuste debería acompañar una política global contra el recalentamiento de la economía, que incluya medidas monetarias contractivas.
Más allá de las negociaciones políticas por la suerte de los acreedores que no entraron en el canje de deuda y por las tarifas de los servicios públicos, el principal tema técnico que se abordó en la reunión del equipo económico con el FMI fue el de la inflación. Dodsworth, quien sigue día a día la evolución de la economía argentina, expresó su preocupación por los resultados de diciembre, enero y febrero, con subas del índice de precios al consumidor de 0,8, 1,5 y 1,0 por ciento, respectivamente. Para marzo, se espera otro 0,8 por ciento. El funcionario afirmó que el Banco Central debería frenar el ritmo de emisión, aunque eso suponga una caída en la cotización del dólar.
La autoridad monetaria, de hecho, emitió menos durante el verano. Y en los últimos veinte días sumó a sus reservas un promedio diario de apenas 13,6 millones de dólares, contra los 80 millones diarios de diciembre. El Banco Nación asumió el rol de defender el tipo de cambio, con recursos del Tesoro surgidos del superávit fiscal.
El trasfondo del reclamo del FMI es limitar aumentos salariales. El Gobierno debería abstenerse de subir sueldos de empleados públicos, jubilaciones, planes sociales o asignaciones familiares, tal como hizo el año pasado. Tampoco debería intervenir en el sector privado, como ha hecho hasta ahora con ajustes de suma fija por decreto. Se trata de uno de los pilares de la Casa Rosada en su estrategia de recomposición de ingresos. Cada vez que avanzó por ese camino, economistas ortodoxos advirtieron sobre sus consecuencias inflacionarias, que nunca se cumplieron. El FMI ahora repite ese argumento.
La respuesta de Lavagna fue que antes de pensar en contraer la economía hay que lograr un fuerte incremento de la inversión. Esa sería la forma de evitar que se produzcan cuellos de botella en el sector productivo y, en consecuencia, aumentos de precios generalizados. El objetivo es que la inversión crezca más de un 20 por ciento con respecto al año pasado. Es una meta ambiciosa pero cumplible. En privado, el ministro admite que la inflación es una variable que hay que mirar con lupa, porque es cierto que hay peligros de una aceleración en la suba de precios. Sobre todo, si se repiten un par de meses más con incrementos en torno del 1 por ciento. Eso ya sería un problema.
Sin embargo, Lavagna sostiene que el FMI pretende montarse sobre el tema de la inflación para imponer una vez más su receta. En Economía recuerdan que hace exactamente siete años, en marzo de 1998, el organismo de crédito presionó al entonces ministro Roque Fernández para enfriar la economía. En aquella oportunidad el debate terminó cuando sobrevino la crisis rusa y la Argentina ingresó en la peor etapa recesiva de su historia. La recomendación de Washington que siguieron tanto el gobierno de Menem como el de De la Rúa fue profundizar el ajuste fiscal. Es lo mismo que pide ahora, aunque la intención en esta oportunidad es detener el crecimiento y, de paso, generar mayores excedentes para pagar deuda. La experiencia no parece haberle enseñado demasiado. El Fondo preferiría que este año el PIB tuviera una suba moderada, en lugar del 7,5 al 8,0 por ciento que estima el equipo económico. El ministro todavía no blanqueó esa proyección, pero es con la que trabaja su equipo.
En relación con el tipo de cambio, el Gobierno está decidido a sostenerlo en valores competitivos. La clave es que no baje de 2,90 pesos. Para eso estudia endurecer los controles a la entrada de divisas, a fin de desalentar el ingreso masivo de capitales especulativos. Una decisión que tiene que tomar es si extiende esa medida a los dólares que los propios argentinos sacaron del país antes del estallido de la crisis. Los controles se aplican normalmente a los “no residentes”, pero hay muchos fondos de residentes que podrían volver y hundir el precio del dólar. El Banco Central, en tal caso, se vería obligado a aumentar intensamente el ritmo de emisión para compensar la oferta de divisas. Y es eso lo que el Fondo rechaza.
Las negociaciones entre el Gobierno y el organismo que comenzarán en las próximas semanas en Washington deberán resolver la cuestión. No será fácil, así como tampoco será sencillo destrabar el conflicto por los acreedores que no ingresaron al canje de deuda. Con respecto a este último punto, Lavagna les dijo tanto a Rato como al secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, que el Gobierno será inflexible. Los bonistas ya tuvieron su oportunidad y no tiene sentido reabrir la operación. El FMI, como es su costumbre, ejerce su rol de lobbista.