La crisis política que estalló en Bolivia la última semana puso en evidencia una encarnizada batalla por las reservas de gas que mantiene expectante a todo el Cono Sur. Del resultado de esa pulseada dependerá el éxito de la estrategia impulsada por el gobierno de Kirchner para atenuar la “crisis energética” de la mano del gas proveniente de Bolivia.
La Argentina comenzó a importar gas boliviano en mayo del año pasado debido a las “restricciones” en la oferta de las petroleras. En la actualidad, el gas proveniente de la cuenca de Tarija cubre apenas el 5 por ciento de la demanda interna. Sin embargo, el acuerdo firmado prevé un cronograma de importación creciente hasta alcanzar los 9700 millones de metros cúbicos anuales en el 2007, cifra equivalente al 25 por ciento del consumo local proyectado para ese año.
En ese escenario, un corte en el suministro de gas boliviano podría dejar al país al borde de una crisis por la alta dependencia que tiene la matriz energética respecto de ese hidrocarburo. El gas representa el 43 por ciento del consumo de energía del país y en el caso de las centrales termoeléctricas, encargadas de garantizar el 60 por ciento de la demanda de electricidad, la dependencia llega al 73,2 por ciento.
El dirigente cocalero Evo Morales y el líder de los indígenas aimara Felipe Quispe se oponen a la venta de gas a la Argentina sin la aprobación de una ley de hidrocarburos que regule los acuerdos garantizando la industrialización previa del gas. Incluso hay quienes directamente rechazan las exportaciones para no favorecer a Chile, principal comprador del gas argentino y responsable de que Bolivia no tenga una salida al mar. La incertidumbre que generan las disputas en torno de la ley ya impactó en la Argentina retrasando la construcción del gasoducto del Nordeste que debía entrar en funcionamiento en 2007, transportando 20 millones de metros cúbicos por día que luego podrían ampliarse a 30. Ninguna empresa quiere iniciar una obra valuada en 1300 millones de dólares si no tiene la seguridad de que se va a importar gas durante las próximas décadas.
Hasta el momento el único caño en condiciones de traer gas desde Bolivia es el gasoducto del norte, pero su capacidad está al límite. Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín, señaló a Página/12 que “desde la década del ’90 hasta la actualidad la Argentina consumió gas sin preocuparse por la búsqueda de nuevos yacimientos y ahora no le queda otra opción que esperar que Bolivia sancione la ley de hidrocarburos para ver si puede seguir importando”.
El riesgo que conlleva la dependencia de Bolivia sería inevitable en el mediano plazo si la Argentina no tuviera gas, pero aún conserva reservas comprobadas para los próximos 12 años. Sin embargo, durante 2004 continuó exportando gas a un ritmo creciente (8 por ciento más que en 2003) y a un precio menor del que se lo importa. La Argentina vende a Chile el gas a 1,75 dólar el millón de BTU y compra gas de Bolivia a 2,08 millones de BTU, encareciendo los costos del combustible en el mercado interno. Alberto Müller, economista del Plan Fénix, destacó a Página/12 que la suba de las exportaciones evidencia que “el Gobierno cedió a las presiones de las petroleras”.
Un informe reciente de Ricardo De Dicco, investigador del Area de Energía del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, detalla cómo Repsol es la principal beneficiada con la decisión gubernamental de exportar gas por una ventanilla e importar por la otra. Además de poseer la mayoría de las reservas y ser el principal productor. La multinacional española es propietaria de los gasoductos de exportación Methanex y Atacama, este último a través de Astra Evangelista y Pluspetrol Energy, empresas controladas por Repsol en un 100 y 45 por ciento, respectivamente. También participa como accionista en otros dos gasoductos de exportación: Pacífico (9,8 por ciento) y Gas Andes (13 por ciento).Mientras que, por el lado de la importación, se beneficia porque tiene asignado el 35,1 por ciento de la explotación del gas boliviano a través del 25,7 por ciento de Empresa Petrolera Andina (controlada por Repsol en un 50 por ciento) y del 9,4 por ciento de Maxus Bolivia (100 por ciento de Repsol). Además de Repsol, en Bolivia operan Petrobras, British Gas, la estadounidense Exxon Mobil y la anglo-estadounidense Pan American Energy, empresas que presionan al gobierno de Carlos Mesa para mantener el control sobre los hidrocarburos y aumentar las exportaciones. Con su amenaza de renuncia, Mesa logró que el Parlamento se comprometiera a aprobar su proyecto de ley de hidrocarburos. En las próximas semanas se sabrá si el gobierno argentino puede esperar el gas de Bolivia o deberá empezar a preocuparse.

ROBERTO KOSULJ*,
“Estrategia para elevar la renta”

“Existe un consenso en cuanto a que el conflicto de Bolivia finalizará y que no afectará la decisión de importar y exportar, pero hay incertidumbre respecto de cómo puede afectar la extensión de los plazos la capacidad del gobierno argentino de manejar la situación. Las importaciones desde Bolivia se concretaron debido a la insuficiencia de oferta interna de gas. Para justificar la insuficiencia se alegaron razones técnicas, como que el Yacimiento de Loma La Lata comenzó a declinar. En la presentación pública realizada en agosto de 2000 en el marco de la extensión de la concesión, Repsol informó la posibilidad de incrementar la producción de 75 a 100 millones de barriles equivalentes de petróleo para el 2004-2005. Es llamativo que ahora alegue la declinación. Es obvio que tal estrategia ha respondido a las presiones para incrementar el precio del gas que había sido pesificado por la Ley de Emergencia.

* Economista Fundación Bariloche.

DANIEL MONTAMAT*.
“Somos rehenes de Bolivia”

“El principal impacto que genera sobre la Argentina el conflicto en Bolivia en torno de la ley de hidrocarburos es la dificultad para cerrar los contratos de importación de gas de largo plazo, lo que imposibilita avanzar con la construcción del gasoducto troncal del Nordeste que unirá Bolivia con Rosario. Esa obra estaba prevista para 2006, luego se corrió para 2007 y ahora puede pasar para después porque sin ley de hidrocarburos no se sabe a qué precio nos van a vender y durante qué plazo. Si no se producen avances, el escenario energético argentino se complicará aún más porque ese gasoducto es necesario para proveer gas a dos usinas eléctricas que se van a construir en Rosario para garantizar la oferta de electricidad. Si se siguen postergando los plazos, la situación será más traumática porque la electricidad es difícil de sustituir y podría provocar problemas de generación eléctrica para 2007. En las actuales condiciones somos rehenes de Bolivia.”

* Ex secretario de Energía.