A tono con los altos niveles de crecimiento de la economía, la pobreza y la indigencia siguieron cayendo durante 2004. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundidos por el Indec, durante el segundo semestre del año pasado la pobreza alcanzó al 40,2 por ciento de la población, mientras que la indigencia llegó al 15 por ciento. En cantidad de personas afectadas esto significa que en el país existen 9.398.000 pobres y, dentro de este grupo, 3.515.000 indigentes. En la comparación con el mismo período del año anterior, luego de un crecimiento del PIB del 8,9 por ciento, la pobreza se redujo 7,6 puntos y la indigencia 5,5 puntos. Desde el punto de vista de la distribución regional, la peor situación de los indicadores se registra en el norte del país y la mejor en la Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia.
Si bien desde el primer semestre de 2003 se estableció un cambio en la metodología de medición de la EPH, que pasó de puntual a continua y agregó un universo más amplio de medición, situación que dificulta las comparaciones estrictas con los años anteriores, a grandes rasgos puede decirse que los últimos datos regresaron los indicadores sociales a los niveles de fines de 2001. Luego, durante la grave crisis de 2002, se alcanzaron picos de pobreza del 57,5 por ciento y de indigencia 27,5 por ciento. Las previsibles mejoras sociales generadas por el crecimiento de la economía y la disminución del desempleo necesitaron más de dos años para recuperar niveles que a fines de 2001 ya eran graves.
Como ya se registró en ocasiones anteriores, el plan de asistencia a Jefas y Jefes de Hogar desocupados continuó teniendo mayor incidencia en la reducción de la indigencia que de la pobreza (ver cuadros). Si ambos indicadores se hubiesen medido sin incluir los ingresos provenientes de los planes se habrían tenido 3,2 puntos más de indigencia y sólo 0,7 puntos adicionales de pobreza.
En este punto conviene tener presente cuál es el alcance específico de cada una de las situaciones. Se considera que una persona es indigente cuando sus ingresos no alcanzan para la adquisición de una canasta básica de alimentos de costo mínimo. Se supone que esta canasta cumple con los requerimientos de calorías y proteínas que necesita esta población. De acuerdo con el Indec, esta canasta, para el Gran Buenos Aires y para una familia integrada por padre, madre y tres hijos de entre 1 y 5 años, se encontraba en diciembre pasado en 364 pesos. Una persona indigente, entonces, se encontraría en una situación de subalimentación.
Según la EPH, este problema afecta a 3,5 millones de argentinos y es más agudo en el norte del país. Existen argumentos que sostienen que la situación resulta en parte mitigada por distintas redes de protección y solidaridad social, institucionales y familiares, y de cultivos para el autoconsumo. Quienes sostienen esta perspectiva agregan que si efectivamente tantas personas se encontrasen subalimentadas, esto ya habría provocado serios problemas sanitarios y sociales. De todas maneras, estas afirmaciones son especulativas, pues la EPH registra los ingresos en especie sólo parcialmente (cuando son de origen institucional, como los otorgados por escuelas, Gobierno, iglesias y otras organizaciones). Los autoconsumos tampoco son registrados en la medición del PIB.
La situación de pobreza incluye la imposibilidad de adquirir una canasta que además de alimentos suma algunos bienes y servicios considerados indispensables, como vestimenta, salud, educación y transporte. De esta manera se obtiene una Canasta Básica Total que, para la misma familia de 5 miembros considerada, se encontraba en diciembre en 805 pesos, lejos de los 450 del salario mínimo del empleo formal. Esta situación se vuelve evidente cuando se compara el dato de desempleo abierto del último trimestre de 2004, 12,1 por ciento, con el 40,2 por ciento de pobreza. Está claro que tener empleo, más aun cuando es informal, no garantiza salir de la pobreza, aunque se presuponga que los hogares pobres tienen a más de uno de sus miembros empleados.