La Cámara de Diputados le dio media sanción ayer a un proyecto que prohíbe cortar el suministro de los servicios públicos mientras dure la renegociación de las tarifas. La iniciativa, presentada por el titular de la cámara, Eduardo Camaño, plantea la suspensión de “la facultad de corte de la prestación de los servicios públicos” de las empresas de provisión de agua, gas y energía eléctrica. La falta de fondos oficiales para cubrir los subsidios patagónicos provocó, esta semana, la interrupción del gas a grandes usuarios de toda la región sur, y sólo el aumento dispuesto en la tarifa a todos los consumidores del país impidió que la crisis se generalizara. Ayer trascendió que el Ejecutivo buscaría incluir en la negociación con las concesionarias la deuda que mantiene con dichas empresas y una recategorización que le permitiría acceder a una tarifa más baja en el futuro.
El aumento del 3 por ciento en las tarifas de gas “permite asegurar el mantenimiento del subsidio a futuro, pero no resuelve el tema de la deuda que el Estado tiene con nosotros”, aclaró un directivo de Camuzzi Gas del Sur, distribuidora patagónica del suministro. En el presupuesto nacional para este año no se incluyó el subsidio para los consumidores residenciales patagónicos, estimado en alrededor de 100 millones de pesos anuales, pero se dispuso la creación de un fondo fiduciario que recaudaría el mismo importe a partir de un incremento de tarifa a todos los usuarios del país. Esta disposición no se había reglamentado hasta esta semana.
Desde agosto del año pasado, el gobierno nacional dejó de girar los fondos por el subsidio. Incluyendo la deuda anterior a esa fecha, el total que Camuzzi le reclama al gobierno nacional asciende a 130 millones de pesos. Esta semana le propusieron cancelarla con Lecop, pero la distribuidora supeditó la respuesta a la aceptación de dichos papeles por parte de las petroleras, con las que a su vez Camuzzi tiene una deuda de 60 millones por suministro de gas.
“Todo el sistema de servicios públicos está al borde de una crisis, ya sea por deudas con proveedores o por compromisos externos en dólares, que no se pesificaron”, señaló una fuente cercana al Ministerio de Economía. “La interrupción del servicio se puede dar en cualquier momento, y en el Estado no hay fondos para apagar el incendio”, agregó. Si el Senado convierte en ley el proyecto de prohibición de cortes votado ayer en Diputados, su efecto será el de acentuar las presiones de las privatizadas sobre el gobierno para apurar las negociaciones. Aun los más optimistas en el Gobierno avizoran un aumento de tarifas a la vuelta de la esquina.