El Gobierno insistirá en las audiencias públicas de Transportadora de Gas del Sur y las distribuidoras de Camuzzi, a realizarse en las próximas horas, con la misma fórmula que planteó a otras privatizadas para avanzar en la renegociación de su contrato: que “suspendan” sus demandas ante el Ciadi ahora y “renuncien” recién el año próximo, cuando se concrete una nueva revisión tarifaria. Pero lo que a priori parece una prerrogativa para las empresas privadas es, sin embargo, uno de los obstáculos infranqueables para llegar a un acuerdo, tal como ocurrió con Edenor, Edesur o Metrogás (demandante ante un tribunal de Naciones Unidas). Ninguna de ellas quiere renunciar a su millonario pedido de indemnización si no tiene certezas sobre esa última fijación de precios en la que no tendrán demasiada injerencia.
La que sí aceptó fue la distribuidora eléctrica Edelap, que por ello transformó la carta de entendimiento propuesta por la Unidad de Renegociación en un documento que pudo conquistar el aval parlamentario. La empresa liderada por la norteamericana AES se avino a dejar en suspenso su pedido de indemnización ante aquel tribunal con la promesa de un inmediato reajuste de la tarifa que cobra a los grandes usuarios. En el mismo acuerdo, prometió desistir definitivamente en 2006, cuando tenga lugar una revisión tarifaria integral, que la beneficiará con un nuevo aumento. Esa vez, con alcance también a los clientes residenciales.
Esta fórmula fue replicada en el resto de los “entendimientos” planteados a las empresas del área energética, con un orden cronológico que obligaría a las privatizadas a confiar en el buen criterio oficial.
Según interpretan los técnicos de la UniRen, las empresas deberían renunciar a sus pretensiones indemnizatorias un poco antes de que se concretara el segundo ajuste de sus tarifas, previsto para el año próximo. En otras palabras, dar un paso antes de que el Gobierno autorice formalmente un nuevo aumento. Aquí el temor de una sorpresa.
Al decir oficial, la revisión tarifaria es, en rigor, una potestad del Estado de fijar el precio de los servicios públicos regulados según las leyes vigentes, lo que entraña escasa participación de las empresas. En esa segunda fase ya no se trata de negociar sino, simplemente, de revisar los precios según un parámetro objetivo: básicamente, el costo del servicio. Así, los entes reguladores juzgarían si la tarifa de 2006 es o no suficiente para cubrir los insumos, sin considerar la historia y, por lo tanto, la pérdida que las empresas habrían sufrido con la pesificación y congelamiento de sus tarifas.
A ningún accionista le atrae demasiado correr el riesgo de ser sorprendido con una segunda suba mucho menos generosa de la que considera necesaria. Para el ministerio de Julio De Vido, sin embargo, la resistencia empresaria a firmar un acta acuerdo no impide que ese texto sea girado a la comisión bicameral encargada de controlar el cumplimiento de la Ley de Emergencia Económica y conquiste el aval parlamentario. Eso sí, introduciéndole “algunas” modificaciones, pero sin vulnerar el espíritu original.
Esta visión poco tiene que ver con la de la UniRen, cuerpo de negociadores que dependen simultáneamente de Planificación y Economía. Los técnicos bien saben que ni siquiera los legisladores oficialistas son proclives a aprobar un papel que no sea resultado de un acuerdo con las empresas. Por esta razón las propuestas que fueron rechazadas por Edenor, Edesur o Metrogás no podrían ser remitidas a aquella comisión, a pesar de la optimista sugerencia de De Vido. Su suerte está ahora atada a una definición del más alto orden político, es decir, sujeta al arbitrio del propio Presidente, a quien EDF, Endesa o British Gas harán saber su parecer.