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Tal vez ningún argentino la eche de menos, pero la política económica, esa arma temible que manejan los ministros de Economía porque ése es su trabajo, permanece ausente, aunque no con paradero desconocido, según creen algunos. Sus oficinas se habrían mudado de Hipólito Yrigoyen 250 a Reconquista 266. Allí, en el Banco Central, se estaría decidiendo todo lo que puede merecer el nombre de política económica: la mayor o menor expansión monetaria a través del sistema bancario, la absorción de liquidez mediante la colocación de Letras, la tasa de interés, la venta de reservas para sofrenar el dólar. Encargándose de todo esto Mario Blejer, presidente del BCRA, a Roberto Lavagna le queda el duro trabajo de librar todas las batallas políticas, tratando esencialmente de conseguir que el Congreso se allane a las exigencias extralimitadas del Fondo Monetario. Lo que también se requiere desde Washington es que el Presidente se saque una foto con cada gobernador, como hizo el viernes con el cordobés José Manuel de la Sota, firmando los acuerdos fiscales forzosos Nación-provincia. El FMI quiere ver esas fotos en los diarios, y espera ahora las de Eduardo Duhalde con Carlos Reutemann y con Felipe Solá. Los gobernadores tienen que mostrar públicamente su vocación de ajustar en medio de la durísima recesión. Estos símbolos políticos son hoy valorados por el Fondo como nunca antes lo fueron. Que nadie pueda decir después que él no fue ni sabía.
Aunque el avance en procura de cumplir con las condiciones del FMI es lento y accidentado, en algún sentido Lavagna tiene tiempo: con el grueso del gasto público bajo control por la parcial cesación de pagos de la deuda y, primordialmente, el congelamiento de sueldos estatales y jubilaciones, sólo necesita esperar que la inflación hinche la recaudación tributaria hasta cerrar las cuentas fiscales, con la ayuda de las retenciones que gravan a los exportadores. En este panorama, el paro del martes, convocado por la CGT de Hugo Moyano, es una primer gran pulseada que debe superar Economía. Para el Gobierno, la rápida erosión real de los salarios debe ser vista, por el momento, como un dato inamovible de la realidad. Esto podrá cambiar más adelante, pero sólo una vez que se den ciertas condiciones. No ahora, cuando ni siquiera comenzó la renegociación de la deuda.
El otro gran reto que se le presenta mañana mismo a Lavagna es el de pagar o no los cerca de 800 millones de dólares que vencen con el Banco Mundial. Retirar de golpe esa suma de las reservas implica –según hace notar el economista Miguel Bein– un dólar 20 centavos más caro en el mercado cambiario. “Debemos suponer –dice el ex secretario de Programación– que la Argentina va a pagar contra una cláusula de seguridad, que le garantice que los organismos multilaterales le repondrán esas reservas en un próximo acuerdo. Que el país no volverá a ser engañado, porque en tal caso estarían mandándolo a la híper.” Hay que tener en cuenta que en un pago así, efectuado directamente con reservas, no hay una contracción equivalente en la oferta monetaria. Por tanto, contra los mismos pesos en circulación, quedan menos dólares para defenderlos.
Todas las demás cuestiones que ocupan actualmente las páginas económicas son forcejeos patrimoniales, en los que cada actor defiende lo suyo a costa de los otros: la Ley de Quiebras, los bonos, el CER. Aparte de arbitrar en esa puja, el Estado se juega en ella su propio balance de largo plazo porque se está decidiendo cuánto endeudamiento adicional va a asumir. La resolución misma del corralito está trabada por este tironeo, en el que los bancos se niegan a afrontar más costos patrimoniales. Pero en la medida en que no traigan fondos propios para poder liberar pesos ni acepten contragarantizar los bonos públicos que se entreguen en canje por los depósitos, estarán forzando un deterioro patrimonial adicional del Estado, al que éste se resiste porque, probablemente, el FMI le ha trazado límites precisos. A medida que la situación fue degradándose, la vieja pregunta de para cuándo la reactivación, que el propio Duhalde creyó central, dejó paso a la prioridad de evitar la hiperinflación, aceptándose implícitamente la depresión como una realidad a soportar por bastante tiempo aún. La descripción de los hechos es simple: aunque se desató una alta inflación, no hay híper, y no la hay porque no existe indexación salarial y, por tanto, no hay convalidación monetaria de la inflación. El Estado no sólo no reajusta sueldos ni jubilaciones: tampoco se desespera por brindar los servicios y la asistencia que está obligado a ofrecer a la sociedad. El gasto público está, medido en bienes, en caída libre.
Obviamente, cualquier expansión monetaria se vuelve más peligrosa en un contexto como el argentino actual, con una fuga de capitales permanente y sin un sistema bancario capaz de reabsorber liquidez ofreciéndole activos financieros al público, dentro de un marco de desaparición del crédito externo. El único recurso efectivo para contraer la oferta monetaria una vez que se la ha expandido es vender reservas, venta que atenuaría pero no evitaría la depreciación del peso y el traslado a precios internos. Ello jaquearía a su vez la posibilidad de mantener sin indexación la economía. Sería como pedirle demasiado a la política.
Para Bein, cuando se haya resuelto definitivamente el corralito y exista cierta estabilidad monetaria, el Gobierno podría admitir una paritaria nacional que acuerde un reajuste salarial de suma fija. Que el aumento no sea porcentual será clave para asegurarse que vaya a consumo y no al dólar. En otras palabras: sólo deberían recibir un incremento proporcionalmente significativo quienes estén en los peldaños más bajos de la escala salarial, porque ésos no harán otra cosa que gastarlo en comida, en ropa o en otras urgencias. El gran dilema será cómo excluir al sector público de ese retoque, porque se supone que el Estado recién podría pagar el reajuste algunos meses más tarde, cuando recogiese a través de la recaudación el fruto del alza nominal en los salarios privados.
Está claro que hablar de una compensación que modere la brusca pérdida en el ingreso real de los trabajadores no es plantear nada parecido a una indexación, que inmuniza a los salarios contra la inflación, pero al mismo tiempo la recicla. Un mero aumento implica que el poder de compra promedio seguirá en baja, aunque más lentamente, y que la depresión no cesará. Por ende, la prioridad de impedir la híper desplaza el anterior objetivo de alcanzar la reactivación, salvo para quienes imaginan alguna inyección exógena de recursos, como si por algún medio pudiese inducirse el retorno de parte de los capitales que los argentinos mantienen fuera del país, o bien dentro de éste, pero en dólares y marginados del circuito económico.
El objetivo fue incluido entre los 14 puntos acordados por los gobernadores, pero sin llegar a proponer –por ejemplo– un nuevo blanqueo, que combine el anzuelo de un perdón fiscal (uno más en la larga historia argentina de jubileos) con las gangas que podrían conseguirse en un país tan devaluado. Pero, por ahora, la corriente fluye en la dirección contraria, impelida por el repudio de los argentinos a su moneda y la aversión a un sistema bancario que se acogió bajo el paraguas gubernamental para estafarlos. Estas grietas del sistema no están siendo reparadas por el momento. Ni siquiera está discutiéndose cómo hacerlo.