Todo vale para conjurar la crisis energética, aunque represente un esfuerzo adicional millonario sobre el erario público. El empeño oficial por subir a fin de año aunque sea dos metros la cota de Yacyretá y aumentar así la cantidad de energía eléctrica disponible en el sistema es una prueba de este criterio. La apuesta costará al Estado casi 200 millones de dólares solamente este año y será eficaz sólo en la medida en que el Banco Mundial juzgue que se relocalizaron a todos los pobladores de zonas aledañas al espejo del agua que pueden verse afectados por su aumento. Por ahora, esta exigencia se da de bruces con el apuro argentino.
Hoy el embalse tiene 76 metros de altura pero, a pesar de los casi 11 mil millones que demandó la central binacional, aún no está terminada. Yacyretá funciona al 60 por ciento de su capacidad y sólo cuando la cota llegue a los 83 metros estará generando a pleno y pasará de aportar el 16 por ciento de la energía eléctrica que se produce en el país a casi el 30.
Entonces será un buen paliativo a la falta de gas, al margen de que la ecuación económica difícilmente cierre apropiadamente algún día. Si se computan los millonarios recursos insumidos por la obra civil y mecánica, el costo de producir la energía difícilmente resulte atinado. Pero tampoco lo sería dejar la presa inconclusa, desaprovechando su capacidad adicional de aportar electricidad a un sistema ávido.
Según el Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, aquel cometido demanda 653 millones de dólares adicionales en obras que permitan atenuar el impacto ambiental de ampliar el espejo de agua, empezando por la reubicación de todos los pobladores que se verían afectados. Desde la gestión de Carlos Menem, se abrazó la idea de privatizar parcialmente la usina para conseguir por esta vía los recursos faltantes. Un plan que también esbozaron y descartaron las gestiones sucesivas.
Pocos meses atrás, el magnate mexicano Carlos Slim se mostró seriamente interesado en el proyecto y, a pedido del Ministerio de Planificación, los técnicos de la EBY tuvieron que alistar un detalle del plan de obras faltante con una estimación de costos incluidos. Pero, finalmente, en febrero pasado, Julio De Vido y el ministro de Obras Públicas de Paraguay, José Alderete, anunciaron que el dinero surgirá de un fideicomiso a administrar por el BID y el Banco Mundial –préstamos que repaga el Estado argentino–, a través de un programa que culminaría en el 2008. Entonces, se habló de 580 millones de dólares, cifra que la actual conducción de la EBY ya ubica en 653 millones.
Ese programa de cuatro años ya comenzó a ejecutarse y, según aseguró a Página/12 uno de los directores de la Entidad, ya se habría avanzado lo suficiente como para que hacia fin de este año se pueda subir algo más la cota y generar así un adicional de energía eléctrica equivalente a 2 millones de dólares por mes. Pero para ello es necesario que el Banco Mundial, cofinanciador de las obras para atenuar el impacto ambiental, considere formalmente concluida la etapa.
Según descuentan en la EBY, este aval no llegará hasta que esté liberado en la forma prevista el último metro cuadrado de los que correspondan a esta primera etapa. Por ello, el empeño de los negociadores argentinos está puesto en convencer al organismo de que flexibilice sus parámetros para juzgar ese fin de obra y permita aumentar el nivel del agua en la represa.
Esta negociación se erige en una cuestión clave ante la necesidad de evitar un colapso energético, básicamente por la insuficiente provisión del gas que utilizan las generadoras térmicas y que bien podría ser compensado por un mayor aporte de las usinas hidráulicas. Sin embargo, resultan casi nimias frente a los expedientes por presuntas irregularidades que se siguen acumulando en la Justicia nacional o internacional.