El Estado se dispone a instrumentar un cambio en el criterio para complementar el aporte a las obras sociales que realizan los trabajadores de menor remuneración, de modo tal que ese subsidio no se otorgue sólo en función de la cantidad de afiliados más pobres, sino del “riesgo económico” que éstos entrañan por su sexo y edad. La inminente modificación obligará a aumentar el subsidio que reciben esas entidades administradas por sindicatos en 240 millones de pesos anuales. También está en ciernes una modificación al régimen de traspaso, trámite que en un futuro inmediato sólo podría completarse ante la Superintendencia de Servicios de Salud. De ese modo se buscará impedir las transferencias forzadas, que no cuentan con el aval de los interesados.
La Superintendencia hoy paga a las obras sociales un complemento sobre el aporte de los trabajadores, cuando éste no llega a 22 pesos por mes, en el caso de titular, y a 20 pesos, en el caso de miembros de su grupo familiar. Esa subvención, costeada a través del Fondo de Redistribución Solidario, es uniforme y no discrimina en función del verdadero gasto que genera la cobertura de salud del afiliado en cuestión.
Pero en unos días entrará en vigencia una nueva modalidad, que ligará aquel pago al riesgo que implica cada uno de ellos para la caja de la obra social en cuestión (ver aparte). Con este viraje, del Fondo drenarán unos 20 millones de pesos más por mes, básicamente orientados hacia las entidades que tienen mayor cantidad de aportantes y en la franja considerada riesgosa: las que nuclean a trabajadores rurales, de la construcción, del comercio, docentes y gastronómicos, entre ellos.
“Se beneficia al 20 por ciento de la población aportante”, justifica el superintendente Rubén Torres. En rigor, los fondos no van directamente al afiliado, sino que refuerzan los ingresos que manejan las obras sociales sindicales en las que el grueso de su población tiene remuneraciones relativamente más bajas.
Otra de las preocupaciones oficiales es bloquear los traslados compulsivos de una a otra entidad, fenómeno que la Superintendencia habría empezado a detectar básicamente en el interior. Algunas obras sociales –al decir oficial, básicamente las que nuclean a afiliados “de menor nivel de información”– suelen capturar padrones íntegros de otras seduciendo con prestaciones que en realidad no se brindan o falsificando las firmas de los beneficiarios.
Hoy la opción por una obra social debe hacerse en la propia entidad elegida, a través del uso de un libro rubricado que no sale de esas oficinas. Lo que se discute en el ámbito del Gobierno es obligar a que esa opción se formalice a través de la Superintendencia, amén de reclamar documentación anexa, como foto y el estampado de la huella digital para garantizar la voluntad de quien ejercita su derecho de elegir.
En principio, podría suponerse que las empresas de medicina prepaga están excluidas de este sistema y de los cambios que lo afectan, ya que la legislación que desde 1997 habilita aquel traspaso no las incluyó, por estar fuera del régimen regulado. Sin embargo, entraron al ruedo a través de los acuerdos que celebraron con ellas las obras sociales, que las contratan como “prestadoras”. Es más. Las organizaciones de salud sindicales que más afiliados captaron en el último tiempo están ligadas a firmas privadas por estos acuerdos.
Una prueba de ello la ofrece el ranking de altas del año pasado, donde descuellan la de Comisarios Navales (vinculada a OSDE), la Organización de Control Externo (que tiene contrato de prestación con el Hospital Italiano y Swiss Medical, entre otras) o Personal del Automóvil Club (ligada a SPM, TIM y Galeno Life). Lo nocivo de la emigración de afiliados que se dio hasta ahora es que estuvo protagonizada por los aportantes más jóvenes y de mayor poder contributivo, éxodo que contribuyó a desfinanciar a lasobras sociales más chicas. Algo que, al menos por ahora, ninguna ley puede impedir.