La ampliación de los gasoductos Norte y Sur, uno de los paliativos que encontró el Gobierno para conjurar una eventual crisis energética, será costeada por un cargo tarifario sobre los grandes usuarios que, según consideran especialistas del sector, es ilegal. Su aplicación, que comenzó en mayo o en junio, según el caso, no es resistida por las industrias que tienen que tributarlo, aunque represente un aumento del 75 por ciento sobre sus tarifas. Pero va a contramano de la legislación vigente, que el Gobierno pretende modificar con un proyecto muy resistido en el Congreso, desde el propio fracturado oficialismo.
Transportadora de Gas del Sur –sociedad que comanda Petrobras– acaba de inaugurar con bombos y platillos el primer tramo de una obra que permitirá aumentar la capacidad para traer a Buenos Aires más gas desde Tierra del Fuego. Transportadora de Gas del Norte, de Techint y Total, entre otros, hará lo propio a fines del mes próximo, cuando deje sentado públicamente que cumplió con la primera parte del tendido paralelo para robustecer el abastecimiento de gas a Salta, Tucumán y Córdoba.
Ambos emprendimientos comenzaron a ejecutarse mediante la integración de millonarios fondos fiduciarios a los que aportaron las propias transportistas, algunos grandes usuarios, y el brasileño Banco Nacional de Desarrollo, entidad que los industriales argentinos siempre señalan con envidia porque presta a baja tasa. Para conseguir estos préstamos (de 140 millones en el caso de TGS, un poco menos en el de TGN) fue necesario cumplir con dos condiciones que los funcionarios del gobierno de Lula dejaron en claro al de Néstor Kirchner: un proveedor de Brasil y garantía estatal.
Parte de los nuevos caños los provee Consab, la subsidiaria del grupo Techint en la nación vecina, que talla en esta historia con los diversos roles de proveedor, operador y gran usuario (amén de la intervención de Petrobras, en el gasoducto sureño). El Estado argentino, por su parte, hizo lo suyo por una doble vía, la más directa de aportar fondos y la arriesgada de dar aquel pretendido aval al Bndes.
Finalmente, todos los aportantes podrán recuperar su dinero mediante el cobro de un cargo adicional sobre la tarifa que pagan las industrias. Como a estos grandes usuarios –muchos de ellos exportadores que aprovechan las mieles del dólar alto– les interesa especialmente la ampliación de la obra, no tuvieron reparos en afrontar un adicional superior al 70 por ciento sobre el precio que estaban pagando.
Pero la aplicación de un cargo específico sobre un segmento de usuarios, en este caso el de los industriales, y no sobre el resto –las distribuidoras, que llevan el fluido a comercios y particulares– constituye una modalidad de “subsidio cruzado”, mecánica expresamente prohibida por el marco regulatorio del gas. Para habilitar su cobro lo antes posible, los ministerios de Planificación y Economía apelaron a decretos y resoluciones, normas de rango inferior, que no pueden sobreponerse a una ley.
Conociendo esta limitación, las transportadoras animaron al Gobierno a honrar la promesa que hace meses les habían hecho los ministros del área de enviar al Parlamento un proyecto de ley que le dé un sustento legal mayor a la mecánica ideada y les garantizara que lo que aportaron lo podrían efectivamente recuperar. Esta iniciativa fue girada pero su contenido resultó verdaderamente exasperante para los legisladores, ya que el proyecto otorga amplias facultades al PE nacional para decidir qué cargo aplicar, a qué tipo de usuarios y para qué obras.
El texto generó un debate muy acalorado en el propio seno del bloque justicialista, amenazando con congelar la iniciativa. Pero el tiempo de los negocios es otro. Por esta razón, TGS ya comenzó a cobrar el cargo nohabilitado por ley desde mayo y TGN hizo lo propio al facturar su servicio desde junio, con el obvio aval del Gobierno.
Para Julio De Vido los tantos están separados. Una cosa es cómo costear la necesaria ampliación de los gasoductos y otra, la compleja renegociación de contratos con las transportadoras, que resisten la propuesta de aceptar un presuntamente “magro” aumento del 7 por ciento promedio en sus tarifas totales y, más aún, la denominada cláusula de indemnidad.
En función de ella, esas sociedades adjudicatarias deberían afrontar con sus propios recursos los juicios contra el Estado que iniciaron algunas de sus accionistas en forma individual ante el Ciadi. Quizás el caso más notorio es el de CMS, socia de TGN, que ya consiguió un laudo a favor por 128 millones de dólares de parte del tribunal bancomundialista.
De aplicarse a pie juntillas la condición de indemnidad que la Unidad de Renegociación pretende imponer a las privatizadas a través de los nuevos contratos, el monto debería ser abonado por TGN y no por el Tesoro nacional. “El problema es que nosotros ya tenemos un fallo”, destacó el vocero de la empresa, justificando la resistencia a renegociar esta privatización asumiendo ese compromiso.