El Gobierno anunciará un aumento integral de jubilaciones y pensiones antes de las elecciones de octubre. La decisión política ya está tomada. La opción más probable es que sea a partir de agosto y que el incremento alcance el 10 por ciento. Es una medida de fuerte impacto que beneficiará a más de tres millones de personas y que será lanzada en un momento clave de la campaña electoral. Será la tercera recomposición de haberes para el sector en lo que va del año. La primera fue una suba de la mínima de 308 a 350 pesos, mientras que la segunda consistió en un subsidio de 30 pesos a un millón de afiliados al PAMI. El plus que podrá explotar el Poder Ejecutivo en esta oportunidad es que el ajuste terminará con doce años de congelamiento de las jubilaciones superiores a 1000 pesos. Además, subirán las pensiones no contributivas y las asignaciones para ex combatientes de Malvinas.
La Anses trabaja en los últimos cálculos para determinar el momento y el porcentaje exacto del aumento. La única condición es que sea generalizado, desde la mínima hasta el que más gana. La mejora de 10 por ciento si se aplica a partir de agosto tiene un costo fiscal de 1175 millones de pesos hasta fin de año. El organismo dispone actualmente de un superávit de 900 millones. Sin embargo, la diferencia podrá ser costeada con el seguro incremento de la recaudación y de los excedentes presupuestarios que se esperan para los próximos meses. Los aportes a la seguridad social vienen creciendo a un ritmo interanual del 25 por ciento, según destacan en esa repartición.
La posibilidad de que la suba sea mayor a 10 por ciento es escasa. El ajuste tendrá carácter remunerativo, por lo que contará para la liquidación del aguinaldo. La mínima pasaría a 385 pesos, que en este momento perciben 1.948.971 personas, el 64 por ciento del padrón de la Anses. Otro 16 por ciento cobra entre 351 y 500 pesos, el 14,5 por ciento gana entre 501 y 1000 pesos, el 4 por ciento obtiene entre 1001 y 2000 pesos y apenas el 1 por ciento se lleva más de 2000 pesos. Estos últimos dos grupos, que integran 160 mil jubilados, son los que quedaron en peor condición después del derrumbe de la convertibilidad.
Aquel sistema fue especialmente perverso con los jubilados, que sufrieron –entre otras cosas– la inmovilidad de sus haberes. Pero tras el estallido del uno a uno se aplicó una serie de paliativos para la mayoría. Un sector cada vez más numeroso quedó alcanzado por las sucesivas recomposiciones de la mínima y otro millón de personas, aquellos con ingresos inferiores a 1000 pesos, obtuvieron una mejora del 10 por ciento en septiembre pasado. Los únicos excluidos, que sufrieron a pleno los 63 puntos de inflación acumulada desde enero de 2002, fueron los jubilados de más de 1000 pesos.
Un impacto adicional del incremento de las jubilaciones será la suba de las pensiones no contributivas y las que cobran los ex combatientes. Ambos beneficios están atados al haber mínimo. En el primer caso, equivale a un 70 por ciento de ese sueldo. En este momento son 245 pesos y pasarían a 269,5. Hay 398.731 personas que reciben esa asignación estatal. En cuanto a los ex combatientes, su pensión es igual a tres jubilaciones mínimas. El salto en este caso sería de 1050 a 1155 pesos. La cobran 14.786 personas.
El 15 de junio pasado, cuando se anunció el último retoque de la mínima a 350 pesos, el director de la Anses, Sergio Massa, intentó desvincular la medida de la próxima contienda electoral. “Pasamos de 150 a 350 pesos después de siete aumentos consecutivos, lo que quita toda especulación electoral y confirma la firme decisión del Gobierno de mejorar la realidad de nuestros jubilados”, dijo en aquella oportunidad. La próxima vez deberá ser aún más enfático, ya que el funcionario ocupa el cuarto lugar en la lista de diputados para la provincia de Buenos Aires, junto a Cristina Fernández de Kirchner.
Uno de los aspectos más cuestionados de la política oficial de concentrase en aumentar la mínima es que produjo un achatamiento de la pirámide salarial. Quienes hicieron aportes para ganar más que el piso sufrieron una pérdida relativa de ingresos. El reclamo de esos jubilados es que sus haberes debieron haber crecido en igual proporción que la más baja. La respuesta del Gobierno es que estableció prioridades en función de los recursos disponibles. Como ocurre tantas veces, la lógica del derecho chocó contra la lógica de la caja. En esta oportunidad, el Ejecutivo podrá esquivar esa crítica porque la recuperación será para todos.
Aun así, es cierto que en enero de 2002 cobraban la mínima el 16,5 por ciento del total de jubilados y ahora lo hacen –luego de un aumento concedido por el gobierno de Eduardo Duhalde y de seis alzas dispuestas por la actual administración– el 64 por ciento.
El economista de la CTA y diputado nacional Claudio Lozano elaboró un estudio sobre la evolución real de las jubilaciones y de la inversión pública en seguridad social después de la devaluación. El documento, también escrito por Ana Rameri y Tomás Raffo, revela que la jubilación media cayó 17 puntos respecto del nivel que tenía en 2001. Esto es por el impacto de la inflación. Mientras en el último año del gobierno de Fernando de la Rúa la jubilación promedio era de 329 pesos, en la actualidad es de 451. El incremento nominal fue 17 puntos inferior a lo necesario para compensar el aumento de los precios minoristas.
En cuanto a las erogaciones para pagar jubilaciones y pensiones, pasaron de 11.817 millones de pesos en 2001 a 18.251 millones este año. Esto equivale a una inversión pública que en este momento es 8 puntos inferior a la de entonces. Esta realidad se verá parcialmente corregida con el próximo aumento que comunicará el Gobierno.