El ministro Roberto Lavagna anunció una sanción de 70,3 millones de pesos a empresas transnacionales dedicadas a la provisión de oxígeno medicinal. Fue luego de que la Comisión de Defensa de la Competencia detectara y probara prácticas cartelizadas para regular precios. Se trata de las filiales locales de la francesa Air Liquide, la estadounidense Praxair, la alemana AGA y la chilena Indura. También se anunció la prohibición de exportar desechos de cobre y aluminio por 90 días como vía extrema para poner fin a ilícitos como el robo de 6300 kilómetros de cables eléctricos, la sospechosa contrapartida del aumento de las exportaciones del primer metal.
Mientras el equipo económico sigue evaluando si puede contener los aumentos de precios por la vía de los controles o si debe sumar también medidas que frenen la economía para contrarrestar los desequilibrios entre la oferta y la demanda –es decir entre la capacidad de las empresas de producir bienes y la de la población de demandarlos, la que crecería más rápido–, el ministro Lavagna optó por dar una señal de que no se permitirá la existencia de cárteles para regular precios. Pero aunque se trate de una señal, los hechos que motivaron las sanciones no ocurrieron en el último semestre, cuando la inflación duplicó su velocidad, sino entre 1997 y 2002. Los tres años transcurridos desde entonces fueron los demandados por la “minuciosa investigación”.
Lavagna explicó que las firmas “tenían un acuerdo para mantener artificialmente altos los precios”. Según pudo comprobar Defensa de la Competencia las empresas “hacían un reparto” de los clientes por la vía de licitaciones “claramente arregladas” y, de esta forma, “se aseguraban niveles de precios muy superiores a los que correspondían”. El ministro destacó también que en el proceso, las compañías cometieron “todas las formas” de acciones monopólicas “en un sector de extrema importancia por tratarse de los servicios médicos”.
El secretario de coordinación, Leonardo Macdur, detalló que durante la investigación “entró al mercado una empresa nueva que intentó dar competencia”, pero “rápidamente fue adquirida” por una de las compañías sancionadas, Air Liquide, “lo cual fue considerado un agravante” de los ilícitos cometidos. La primera del ranking de las multadas fue Praxair, con 26,1 millones de pesos, seguida por Air Liquide, con 24,9 millones, Aga con 14,2 e Indura, con 5,1 millones.
En cuanto a la suspensión de las exportaciones de desechos de cobre y aluminio por 90 días, Lavagna afirmó que la medida tiene directa relación con “el robo de 6300 kilómetros de cables que afectó en forma directa a 2.300.000 personas en cuanto al transporte de energía eléctrica”. “En su momento, para evitar que continuaran los robos de cables, fijamos derechos a la exportación muy altos, pero esto no fue suficiente y ahora decidimos suspender las exportaciones” hasta que se diseñe algún nuevo mecanismo que prevenga estos ilícitos. El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, ya había recomendado la suspensión, así como la creación de un registro nacional para controlar estas operaciones y certificar el origen legal de la mercadería.
Las exportaciones de desechos de cobre siguieron aumentado en los últimos meses y, sólo durante el año pasado, se vendieron al exterior 692 millones de kilos por valor de 964,65 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 54,2 por ciento con respecto a dos años atrás.