La Corte Suprema de Justicia ordenó la aplicación del 82 por ciento móvil en las jubilaciones de los embajadores. Es lo mismo que dispuso hace dos semanas –aunque el fallo se conoció anteayer– con los docentes nacionales. Son dos resoluciones que se suman a la nueva doctrina del máximo tribunal en materia previsional, distinta a la que rigió por más de una década. En la misma línea, se esperan para los próximos días otros fallos que devolverán la movilidad de las jubilaciones de científicos y jueces. Todos esos sectores fueron beneficiados en su momento por regímenes jubilatorios especiales, pero a mediados de los ’90 quedaron sin efecto por una decisión de Carlos Menem y Domingo Cavallo. Ahora, los supremos los rescataron del olvido y los consideraron plenamente vigentes.
La medida en favor de los docentes nacionales va más allá de lo que dispuso el Gobierno hace unos meses, en dirección similar. En mayo pasado, el Poder Ejecutivo accedió a elevar las jubilaciones de ese sector hasta el 82 por ciento del sueldo de los activos. Sin embargo, les negó la movilidad. El argumento fue que la actualización automática de los haberes previsionales en función de los ajustes del personal en actividad quedó derogada en 1995 por la mal llamada Ley de Solidaridad Previsional.
Ctera se quejó por la falta de movilidad y amenaza con recurrir a la Justicia. La Corte Suprema le dio motivos como para suponer que ganará esa pulseada. En un fallo que dictó a fines de julio, que se conoció anteayer, le reconoció a la jubilada docente Esther Gemelli el 82 por ciento móvil. La resolución se adoptó de manera unánime. La sentencia precisa que “el haber jubilatorio del personal docente será equivalente al 82 por ciento móvil de la remuneración mensual, porcentaje que el Estado debe asegurar, con los fondos que concurran al pago, cualquiera sea su origen”.
Aunque el fallo beneficia de manera directa a Gemelli, sus efectos se harán extensivos a todos los jubilados que se encuentren en su misma situación y reclamen ante la Justicia. La Anses no les concederá la movilidad automáticamente, sino que los jubilados deberán iniciar una causa para conseguirla.
Un aspecto controvertido, todavía poco claro, es quiénes podrían litigar. Según el Gobierno, estarían en condiciones de hacerlo apenas unos 3000 jubilados docentes que se retiraron entre 1991 y 1994 por la ley 24.016. Esa norma fue la que creó el régimen especial para el gremio, que fue derogada en 1994 por el decreto 78 y restablecida en 2002 por el Congreso. Por esta última razón, la diputada y especialista previsional María América González consideró que todos los docentes que se jubilaron después de 1991 tienen derecho al 82 por ciento móvil, así como los trabajadores en actividad cuando se retiren. En este caso, la lista de posibles beneficiarios crece de manera significativa, lo mismo que el costo fiscal para el Estado. En este momento hay 180 mil docentes en actividad que dependen de la Nación.
Por lo pronto, Gemelli destacó ayer en declaraciones radiales que lo que hizo la Corte Suprema con su jubilación “fue un acto de justicia”. “Pararme frente a una caja para que me den 250 pesos me parecía una gran injusticia y una vergüenza”, recordó. La mujer tiene derecho a retroactivos por los años mal liquidados y a la movilidad de su haber.
En cuanto al personal superior del Servicio Diplomático, la situación es similar. La Corte resolvió ayer la causa presentada por Ricardo Siri, quien había planteado la legitimidad del 82 por ciento móvil en función del régimen jubilatorio especial para los embajadores. El máximo tribunal le dio la razón. Según sostiene el fallo, el caso es “análogo al de Gemelli”, por lo que corresponde aplicar la misma sentencia. En otro párrafo, sostiene que los “regímenes especiales y autónomos se mantienen plenamente vigentes”. Hay unos 2000 jubilados por este régimen que podrían conseguir la movilidad por vía judicial, mientras que otras 1000 personas del servicio diplomático que se retirarán en los próximos cinco años también tendrán derecho al beneficio. El Gobierno dice que los diplomáticos, al igual que los jueces, son jubilados de privilegio.