Escaso de herramientas legales para disciplinar los precios, Néstor Kirchner arremetió ayer públicamente contra los supermercados, responsabilizándolos por no haber trasladado a los consumidores ni a su propio personal los beneficios de sus ventas crecientes, que desde comienzos de 2002 remontaron un 59 por ciento. “Les pedimos que nos ayuden a cuidar los bolsillos de la gente, porque les va muy bien y cada vez les va mejor”, los exhortó el Presidente. En sincronía con este embate político, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor difundió ayer el listado de las multas que aplicó durante agosto a una serie de empresas por violar normas de Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial, nómina que destaca a los súper como los principales transgresores, con penas que en conjunto sumaron 177 mil pesos. La respuesta patronal se escuchó en boca del empresario Alfredo Coto, quien se limitó a acotar que “el Gobierno puede opinar lo que quiera, como hacemos nosotros con el Gobierno”.
Los supermercados son interlocutores de relevancia a la hora de celebrar o reeditar los acuerdos de precios que el Gobierno intenta con los sectores de los alimentos, rubro que viene picando en punta durante los últimos meses liderados por los lácteos y carnes. Pero ni en éste ni en otro eslabón de esas cadenas hay garantías de qué suerte correrá el pacto, ni sobre quién respetará el compromiso asumido y quién no si las condiciones se tornan más desfavorable para su negocio.
Para reafirmar sus dichos, el Presidente citó datos del Indec que prueban el alentador derrotero del consumo en los súper, cuyo aumento llegaría al 59 por ciento medido a junio pasado. En 2004 la recaudación conjunta alcanzó los 18.254 millones, “un 125 por ciento superior a los montos registrados durante la Convertibilidad”, apuntó el mandatario, sin explicitar que esa suba está motorizada por los mayores precios. En los primeros siete meses de este año las ventas ya superan los 11 mil millones, 1400 más que en el mismo período del año pasado. Como contraste, tanto la grilla de personal como los salarios de los empleados no tuvieron la misma fortuna: la primera se redujo de 95.720 a 88.516 personas y los segundos tuvieron una módica mejora del 8 por ciento.
Casi al mismo tiempo, la subsecretaría que comanda Patricia Vaca Narvaja difundía un listado de multas aplicadas durante el mes pasado a una serie de empresa por un total de 831 mil pesos, un 6 por ciento más que el monto de multas aplicado en julio. Entre ellas, Cencosud (Jumbo/Disco), Coto y Carrefour acapararon penas de 82 mil, 80 mil y 15 mil pesos, respectivamente, por infracciones a las leyes de Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial, consumadas por fallas en las etiquetas, diferencias en los contenidos netos de sus productos, incumplimientos de las ofertas y publicidad engañosa.
La lista de transgresores del mes pasado estuvo encabezada por la Banca Nazionale del Lavoro, con una sanción de 100 mil pesos, y completada por otros nombres conocidos como Philips y American Airlines. Se trata de una revisión y castigos de rutina, que dan lugar a sanciones muy modestas en relación con la envergadura de facturación de esas empresas, pero que en esta ocasión sirvió para reforzar la presión del Presidente sobre los supermercados.
Vaca Narvaja había protagonizado un entredicho con las grandes cadenas a fin de julio, cuando las acusó de venir de “un régimen de rentabilidad muy alta que no están dispuestos a resignar”. En esa ocasión, la subsecretaria acusó a Coto de haber pagado a sus empleados con un vale a utilizar dentro de su propio negocio el último aumento de 100 pesos que dispuso el Gobierno. Similar inquina con la que ahora embistió el propio Presidente a fin de moderar la suba de precios.
Antes de la devaluación, los márgenes de los supermercados eran suficientemente altos como para absorber los aumentos de sus proveedores. Pero el negocio hoy se estructura de otra manera: trasladan toda suba en los costos manteniendo los márgenes de ganancias. Pero no hay en la legislación argentina normas que castiguen la rentabilidad ni le impongan un límite, salvo el atajo de aquellas leyes mencionadas arriba o, quizá, la nueva versión de Ley de Defensa de la Competencia inspirada por Economía.