El Gobierno se guarda una carta fuerte para sentar a la mesa de negociación a las grandes cadenas de supermercados. Esta semana a las acusaciones de Kirchner de que “se abusan del bolsillo de la gente” se agregó la difusión por parte de Defensa del Consumidor de 12 multas aplicadas en agosto a tres cadenas de supermercados por 180 mil pesos. Fue sólo un pequeño anticipo. En la subsecretaría que conduce Patricia Vaca Narvaja acumulan 200 expedientes contra hipermercados por diversas infracciones a la leyes de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor que, de apurarse los trámites procesales, se convertirían en poco tiempo en multas por una suma millonaria.
Todos los días, con un plan de ruta en mano, 22 inspectores de la Dirección Nacional de Lealtad Comercial recorren los supermercados de la ciudad de Buenos Aires. A diario cada uno detecta infracciones, labra actas, se abre un expediente en el que interviene un equipo de abogados del Estado y, recién después de un proceso administrativo, se aplican las multas correspondientes. Las empresas, en este caso los súper, pueden apelar a un tribunal penal económico o bien contencioso administrativo –de acuerdo con la ley transgredida–. Pero en el 97 por ciento de los casos la Justicia le dio hasta ahora la razón al Estado.
Para tener una idea del poder que otorgan las leyes vigentes a Defensa del Consumidor a la hora de enfrentar a los supermercados, es interesante el caso de los sorrentinos de ricota y las salchichas de Viena. Los inspectores hallaron en uno de los locales de Carrefour “47 unidades del productos sorrentinos de ricota y jamón” y “5 paquetes de salchichas tipo Viena” que “se disponían en góndola vencidos”. El control se realizó el 15 de julio y en el envase de los sorrentinos decía “consumir preferentemente antes del 03/07”, en tanto que en el envoltorio de las salchichas figuraba como fecha 06/07.
Un año después, en junio último, la subsecretaría le aplicó a la firma de origen francés una multa de nada menos que 100.000 pesos, por violar el artículo 5 de la ley 24.240 (Defensa del Consumidor), con el argumento de que la práctica de “tener a la venta mercadería vencida” representaba “un peligro para la salud del consumidor”. Más aún, para el Estado, en este tipo de casos “no es necesario evaluar si hubo o no intencionalidad por parte del infractor”, porque “sólo se requiere la constatación de la falta”. En semejante sanción pesaron, entre otras cosas, los “antecedentes”, y en eso los hipermercados siempre llevan las de perder porque figuran al tope del registro de infractores.
Los expedientes o multas pendientes que acopian en Defensa del Consumidor responden a la violación de dos leyes distintas. En la marco de la Ley de Lealtad Comercial (22.802), se multiplican infracciones tales como diferencias del precio en góndola en relación con el precio en caja, diferencias en el contenido neto que figura en el envase, fallas en la seguridad eléctrica de productos electrodomésticos en venta, y publicidad engañosa. En tanto que la mayor cantidad de violaciones a la Ley de Defensa al Consumidor detectadas tienen que ver con productos vencidos, e incumplimiento de ofertas: en folletos publicitarios se promocionan ofertas que luego, en los locales, no son reconocidas por los vendedores.
Es imposible calcular al día de hoy a cuánto asciende la totalidad de multas pendientes, porque aún está abierto el proceso de evaluación de las sanciones por parte de abogados y funcionarios. Sin embargo, teniendo en cuenta el número de expedientes (200) y los montos habituales de las multas aplicadas a los supermercados (no bajan de 15 mil pesos), la cifra sería de varios millones. Otro elemento de peso a la hora de sentar a la mesa de negociación a los supermercadistas para discutir un nuevo acuerdo de precios.