Un estudio del Ministerio de Trabajo sobre el impacto de un aumento salarial sobre los índices de inflación contiene resultados que sirven para ahuyentar fantasmas. El informe, al que accedió Página/12, revela que una suba del salario mínimo de 100 pesos tendría un efecto despreciable –inferior al 0,3 por ciento– sobre los costos de producción empresarios. En cambio, salvaría de la indigencia a unos 300.000 jefes de familia con ingresos insuficientes desde la devaluación. Si la suba de 100 pesos fuera generalizada para todos los asalariados formales del sector privado –unos 4 millones de personas–, el incremento de costos de producción sería menor al 3 por ciento. Teniendo en cuenta el salto del dólar de más del 270 por ciento desde enero, nadie podría argumentar que un ajuste salarial semejante sería comprar un boleto de ida hacia la hiperinflación, ni mucho menos. En el Ministerio de Economía confirman la seriedad de los resultados. Sin embargo, en el equipo de Lavagna temen que la medida dispare una nueva ola de remarcaciones especulativas de los empresarios.
Actualmente, el Estado está facultado para convocar al Consejo del Salario Mínimo. Este ámbito tripartito –de trabajadores, empresarios y Gobierno– podría sí decidir un aumento del salario mínimo –actualmente en 200 pesos–. Y como ya se sabe, por ley, no debe haber ningún convenio sectorial o por empresa que pague menos que el salario mínimo. Sin embargo, el Gobierno no cuenta con instrumentos legales para disponer de un aumento generalizado de salarios en el sector privado. Desde mediados de los noventa, por un ley de la época “flexibilizadora” de Cavallo y Caro Figueroa, cualquier incremento en el salario mínimo no puede trasladarse automáticamente al resto de los convenios salariales. Por eso, en los últimos días, el Ministerio de Trabajo tanteó a las principales cámaras empresarias sobre la posibilidad de llegar a una fórmula de consenso para mejorar los sueldos de manera generalizada.
Más allá de esa negociación, que recién empieza, es interesante repasar los resultados del estudio técnico elaborado por los expertos de Trabajo para evaluar los efectos de la recomposición salarial. Son los siguientes:
- Si el ajuste fuera sólo para la franja de trabajadores que, obviamente en blanco, cobra el salario mínimo –unas 300.000 personas– el impacto sobre los costos empresarios sería irrelevante. Tanto es así que es difícil de calcular con la matriz insumo-producto, que cruza costos y ventas de todos los sectores. En cambio, con 100 pesos este grupo de trabajadores pauperizados recuperaría el poder de compra cedido desde la devaluación y lograría volver a flotar justo por encima de la línea de indigencia.
- Si el aumento fuera de 50 pesos –25% por ciento sobre 200 pesos–, el incremento en los costos de producción sería inferior al 0,15 por ciento.
- Si la suba fuera de 100 pesos –50 por ciento–, entonces la “escalada” de costos no llegaría al 0,3 por ciento.
- Si el incremento se generalizara a los casi 4 millones de trabajadores registrados formalmente, no habría nada parecido a un desborde de costos.
- Con un adicional de 50 pesos, los costos de producción crecerían 1,5 por ciento; con 100 pesos, a lo sumo, 3 por ciento.
Que los costos de producción aumenten no significa que los precios mayoristas –de salida de fábrica– vayan a elevarse en la misma proporción. Depende del “animal spirit” de los empresarios. El sentido común dice que lo lógico sería que trasladaran ese costo a los precios. Pero la decisión dependerá de muchas variables: su posición en el mercado, la respuesta de la demanda, los ajustes de precios realizados hasta ahora en relación a sus costos. A su vez, el impacto sobre el índice de precios al consumidor (IPC) podría ser en un principio aún menor, ya que, con el consumo pinchado, existe una brecha importante entre los precios mayoristas y los valores en las góndolas. Recién después de dos meses otres meses, si el alza de salarios se tradujera en más consumo, el IPC debería empinarse tanto como los precios mayoristas.
Sea como fuera, en el peor de los casos, un incremento del IPC del 3 por ciento mantendría por varios meses la mejora real de remuneraciones que supondría la medida. Basta recordar que con un salario promedio de la economía que ronda hoy los 600 pesos, los 100 pesos implican un aumento del 17 por ciento.
En el Ministerio de Economía reconocen que los datos de Trabajo desmienten la idea de que una suba de salarios dispararía una híper. Pero creen que existe el peligro de que los empresarios no se comporten como “empresarios racionales sino como empresarios argentinos”. En otras palabras: temen que el aumento salarial se transforme en la señal de largada de una nueva ronda especulativa de remarcaciones.