El Fondo Monetario envió ayer un mensaje de aprobación al Gobierno, que logró derogar el jueves la Ley de Subversión Económica, tal como exigía el organismo, en una escandalosa sesión en el Senado. “El FMI celebra el progreso que se está realizando en algunas reformas legales que son esenciales para recuperar la confianza de los inversores y de la comunidad internacional”, dijo ayer, desde Washington, Francisco Baker, vocero del Fondo para Latinoamérica, después de una reunión informal del directorio, en el que Anoop Singh informó sobre “el caso argentino”.
En el Ministerio de Economía festejaban ayer esa declaración como si Argentina ya hubiese goleado a Nigeria. Y especulaban que todo está encaminado para cerrar un “inminente” acuerdo con Washington. Con tal fin, Roberto Lavagna pediría en las próximas horas al FMI que envíe la semana próxima una misión al país para entablar formalmente negociaciones.
Sin embargo, tanto optimismo contrasta con las señales que sigue emitiendo la economía: ayer el dólar se mantuvo en 3,66 –apenas 2 centavos abajo de la cotización del jueves– sólo gracias a que el Banco Central vendió más de 40 millones de dólares. Así, en apenas una semana, el Central perdió unos 250 millones de dólares. Por eso, el Gobierno redobló la presión sobre los exportadores –para que aceleren la liquidación de divisas– y los bancos –para que no acaparen los dólares-, mediante nuevas disposiciones del Banco Central (ver página 9).
Después de la dramática sesión del Senado en la que se aprobó la derogación de la Ley de Subversión Económica, una de las condiciones que Washington consideraba imprescindible para llegar a un acuerdo con el Fondo, el organismo sólo transmitió un mensaje de aprobación a través de un funcionario de segunda jerarquía. “El FMI celebra el progreso que se está realizando en algunas reformas legales”, dijo Francisco Baker, sobre la derogación de la ley que reclamaban a coro los banqueros. Y recordó que “la reciente modificación de la Ley de Quiebras fue otro paso esencial en esta dirección”.
El organismo convocó ayer a una reunión informal de su directorio, en la cual Anoop Singh, el jefe de las misiones a la Argentina, informó sobre los “avances” del Gobierno en el cumplimiento de la agenda de condiciones impuesta por el Fondo. Tras la reunión no hubo ningún comunicado oficial del organismo, precisando, por ejemplo, un cronograma de negociaciones, ni mucho menos. Sólo las declaraciones de salutación de Baker.
Sin embargo, en el equipo de Lavagna ya especulaban sobre la inminencia de un acuerdo. Por lo pronto, el ministro solicitará formalmente al directorio del Fondo que envíe la semana próxima una misión para iniciar negociaciones concretas por la asistencia financiera.
El FMI había exigido como condición necesaria para entablar la negociación que se modificara la Ley de Quiebras y se derogara la Ley de Subversión Económica. En ambos puntos, el Gobierno puede decir misión cumplida. Sin embargo, el otro punto urticante de las exigencias es el nuevo ajuste fiscal que reclama el organismo en las provincias.
Tras la firma del pacto fiscal con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, en Economía decían ayer que durante el fin de semana será Carlos Reutemann quien firmará ese compromiso de ajuste para la provincia de Santa Fe. Así, los hombres de Lavagna aseguran que ya están dadas todas las condiciones para avanzar hacia un acuerdo.
Como lo reconoció el propio Lavagna, el acuerdo con el Fondo Monetario sólo significará acceder a la refinanciación de los 9000 millones de dólares de vencimientos de deuda de este año con el propio organismo. Es decir, los dólares nunca llegarán al país sino que serán un simple asiento contable en Washington. En el mejor de los casos, la aspiración del ministro es conseguir unos 2 o 3 mil millones extra de “fondos frescos” del Banco Mundial y el BID, para prefinanciación de exportaciones, que serían autorizados sólo si se consiguiera el “okey” del Fondo.
Sea como fuere, según los analistas, el acuerdo con el Fondo no está a la vuelta de la esquina, como imaginan en Economía. Por lo pronto, según pudo saber este diario, los bancos extranjeros, que rechazan de plano el decreto para el corralito que firmó anoche el Presidente, reclamarán a Washington que el Fondo presione por el tema al Gobierno.
“Sin una solución sustentable para el sistema financiero no puede haber acuerdo con el Fondo”, dijo ayer a Página/12 un importante ejecutivo de un banco. “Sin que a los bancos les devuelvan el capital que les expropiaron, compensándolos por los amparos y el CER, no va a haber acuerdo”, insistió el banquero, de diálogo directo con el funcionario del FMI. Como se recordará, la número dos del Fondo, Anne Kruegger, se manifestó hace unos días abiertamente en favor del Plan Bonex de Remes Lenicov, que implicaba el canje compulsivo de plazos fijos por bonos.