Jorge Capitanich convocó ayer a su despacho a empresas prestadoras de servicios públicos y sindicatos del sector para formalizar la ronda de negociación que se abrió a partir de la decisión oficial de pesificar las tarifas e impedir el ajuste por los precios de los Estados Unidos. Durante el encuentro en Casa de Gobierno, las empresas reclamaron la resurrección del Ministerio de Infraestructura, donde centrarían su lobby, reclamo que el funcionario resolvió transmitir de inmediato a Eduardo Duhalde. El jefe de Gabinete también se comprometió ante los titulares de varias privatizadas a que dará en las próximas horas una solución al problema que las desvela, tal vez más que el provisorio congelamiento tarifario: las deudas en dólares contraídas con entidades financieras locales y, básicamente, con las del exterior. Las telefónicas, por su parte, anhelan abrir una decisión independiente, dibujando una fisura en el bloque de privatizadas.
“En esta perinola a todos les toca poner”, dijo un resignado Oscar Vicente, directivo de Pérez Companc. Fue durante un encuentro del viernes pasado que, al igual que el de ayer, estuvo promovido por el justicialista Instituto Nacional de Servicios Públicos. Se trata de una organización de técnicos partidarios que postula la necesidad de renegociar las privatizaciones, sobre la base de estimular el compre nacional, garantizar la estabilidad laboral y suprimir los cortes e intereses por mora, fundados en los problemas de pago que generó la actual crisis financiera.
A la reunión vespertina de ayer asistieron los sindicalistas Oscar Lezcano (luz) y Rogelio Rodríguez (telefónicas), entre otros, y empresarios como Fernando Ponasso (Edenor), José María Rovira (Edesur) y Vitorio Orsi. Por la mañana, responsables de Telefónica y Telecom tuvieron contacto entre sí a la busca de consensuar una estrategia para enfrentar la decisión del Gobierno de pesificar tarifas y dejar, presuntamente, al desamparo a los grandes deudores en dólares.
La intención de Capitanich es promover negociaciones sectoriales con las privatizadas, comenzando con las prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Se trata de una estrategia razonable, ya que cada rubro tiene una situación diferente, aunque todas estén involucradas en la determinación de desdolarizar el precio de los servicios públicos. Pero mientras las telefónicas tienen en la actualidad tarifas en competencia, las de distribución eléctrica y gasífera están reguladas y sólo pueden moverse con autorización oficial.
Las prestadoras están dispuestas a abrir una negociación por el precio de sus servicios, que en el futuro dependerá no ya de la divisa norteamericana ni de la inflación estadounidense sino de los precios argentinos o de los planes de inversión que estén ejecutando. Tanto gobierno como empresarios descuentan que, tras un congelamiento inicial, se consensuará un nuevo mecanismo de ajuste, diferente según el servicio de que se trate.
Pero sobre la mesa de negociación también pusieron su preocupación por las obligaciones en dólares que en el caso de Edenor, por ejemplo, suman 540 millones. El jefe de Gabinete intentó ayer tranquilizar a los empresarios con la promesa de que en las próximas 48 horas el Gobierno podrá definir algún tipo de auxilio para las empresas en aquella situación, aunque este auxilio no comprometerá recursos públicos.
Otra preocupación patronal es fijar un ámbito formal y definitivo para desarrollar estas negociaciones, que por ahora tuvieron escenarios tan diversos como un sindicato o la Casa de Gobierno. Las prestadoras de servicios públicos anhelan que el gobierno recree el ministerio de Infraestructura, pero como una dependencia totalmente independiente de Economía y de Producción. De ser aceptada su propuesta, seguramente presionarán porque se ubique allí un interlocutor confiable y dispuesto a escuchar sus reclamos. Mientras, el justicialismo se dispone a fogonear en el Parlamento un proyecto de ley que creará un marco único para todos los entes reguladores. La iniciativa que hoy pulirán los técnicos de Jefatura promete cambiar la actual competencia de sus directores, y hasta el mecanismo de financiamiento, recreando los organismos de control. El lobby empresario podría orientarse entonces hacia el Congreso.