La gran diferencia entre Felisa Miceli y Roberto Lavagna en la estrategia de combate a la inflación será el énfasis que la nueva ministra pondrá en el control de los formadores de precios y en la lucha contra las maniobras anticompetitivas, aseguran allegados al Gobierno. Sin embargo, cerca de la designada ministra aseguran que la propuesta de crear un área específica de seguimiento para las conductas monopólicas es, apenas, una alternativa en estudio, que sólo podría plasmarse en un hecho una vez que concluya un estudio sobre todas las áreas a su cargo. Sin embargo, más allá del organigrama, el mensaje que envía el Gobierno es que actuará con firmeza para evitar comportamientos especulativos. Néstor Kirchner así lo dijo ayer y, al mismo tiempo, ratificó que el Poder Ejecutivo buscará la aprobación de una reforma a la Ley de Defensa de la Competencia, para dotar de más poder de fuego a la titular del Palacio de Hacienda.
“La política será de palo y zanahoria”, describió a Página/12 la actual subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, quien el 10 de diciembre asumirá como diputada y autoridad del bloque oficialista. Eso quiere decir que se castigarán las acciones contra la competencia y contra los consumidores, pero por otra ventanilla habrá una política activa para promover la inversión y ampliar la capacidad de oferta. En este caso, se actuará con una batería de subsidios e incentivos impositivos y financieros.
Lavagna ya había desplegado medidas de ese tipo, pero ahora se reforzará todo lo relacionado a la defensa de la competencia. Como informó ayer este diario, se realizarán estudios de precios en los supermercados, se agilizarán los mecanismos de denuncia por acciones monopólicas y se presionará a los formadores de precios para que no apliquen subas injustificadas.
Miceli, de todos modos, buscará dejar claro que su gestión será una continuidad de la de Lavagna. En las reuniones que mantuvo con los funcionarios que eligió para que la acompañen, tanto los que ya estaban con el ministro saliente como con los nuevos, remarcó el concepto de la continuidad. También lo expresó en un breve contacto que tuvo anoche con la prensa, en el cual dio a conocer los nombres de algunos de sus futuros colaboradores (ver aparte).
La nueva ministra no hizo referencias a la creación de una Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor, para la cual algunos ya incluso arriesgaban nombres de probables titulares. Entre los candidatos se mencionó a Martín Blanco, actual número dos de Vaca Narvaja, y a Federico Poli, subsecretario Pyme, aunque este último hasta el momento fue ratificado en ese cargo. Incluso se asegura que se pensó en la economista Mercedes Marcó del Pont, pero la diputada electa por el Frente para la Victoria desistió por razones personales.
La insistencia de la ministra en que habrá una continuidad con la gestión de Lavagna busca despejar lo más rápido posible la incertidumbre que naturalmente se produce siempre que hay un recambio de ministro de Economía. También, porque la opinión pública se muestra mayoritariamente conforme con lo realizado por Lavagna. En los hechos, Miceli mantendrá los pilares de un tipo de cambio competitivo y de un superávit fiscal robusto. Como se mencionó al comienzo, la diferencia estará en la fuerza política para aplicar la Ley de Defensa de la Competencia.
Vaca Narvaja comentó a este diario que “habrá un Estado muy presente” para controlar la evolución de los precios. Eso incluye el acuerdo con los municipios de la provincia de Buenos Aires firmado ayer, que consiste en un seguimiento pormenorizado de los precios, con información a la población de los negocios que venden más caro y más barato (ver página 7). También se promoverán canastas sociales a nivel municipal y en ciudades del interior del país. “Vamos a incorporar muy fuertemente la defensa del consumidor cerca del vecino, con metodologías de articulación social que respeten las particularidades de cada localidad”, detalló. Kirchner, por su parte, indicó que el Gobierno insistirá con el proyecto que modifica la Ley de Defensa de la Competencia. Esa iniciativa fue elevada al Congreso por Lavagna y esencialmente apunta a aumentar el poder del ministro de Economía en el área, echando por tierra con la creación de un tribunal independiente.