ECONOMíA
Las constructoras aseguran que no hay sobreprecios sino sobredemanda
La Cámara de la Construcción intentará justificar los sobreprecios que se le imputan en los aumentos de costos entre el momento de la licitación y el de presentación de ofertas y en la suba de salarios por mayor oferta de puestos de trabajo.
› Por Cledis Candelaresi
Luego de que Roberto Lavagna les imputara públicamente cobrar sobreprecios en las contrataciones de Vialidad Nacional, los constructores alistaron una presentación formal ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para justificar cualquier distorsión sospechosa en esos valores. El argumento central esgrimido en el documento preparado por la Cámara Argentina de la Construcción es la alta inflación de costos entre el momento que se preparan los presupuestos oficiales y se cierran las licitaciones. El secundario, que existe una “sobreoferta” de empleos, cuya lógica contrapartida sería el encarecimiento de los trabajos. Lo paradójico es que después del recambio ministerial, la última palabra sobre esta cuestión la dará un funcionario subordinado a Julio De Vido, rozado por aquella denuncia del ex ministro de Economía.
Lavagna alertó en público que sobre el tema existe una investigación a cargo de Defensa de la Competencia, apuntalada por otra que inició el Banco Mundial. La entidad aporta millonarios préstamos para la financiación de obras viales, y también puso en la mira la conducta presuntamente cartelizada de los contratistas que estarían cobrando sobreprecios en los trabajos de Vialidad. Los constructores no sólo no ignoraban esos análisis, sino que, aseguran, hace un tiempo vienen debatiendo el tema con el secretario de Obras Públicas, José López y el propio ministro saliente. En este marco trabajaron su descargo formal.
Según concluyeron los empresarios, lo ideal sería dar una respuesta institucional, a través de la Cámara, de modo tal que ninguno de sus miembros pudiera darse por aludido. Para esto pensaron en una gestión rápida y directa ante el desplazado secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, hijo de uno de los socios. Pero su reemplazo por Lisandro Salas, un funcionario de la órbita de Planificación al que se le acaba de confiar justamente el área de Defensa de la Competencia, bloqueó ese puente aunque, tal vez, facilitó las cosas: De Vido se vio involucrado en las alborotadoras denuncias de Lavagna como el responsable en última instancia del pago de los aludidos sobreprecios.
El primer argumento previsto por los constructores es que suele haber una brecha temporal entre el momento que el Estado confecciona los presupuestos para el llamado a licitación y aquel en el que ésta se concreta. En un semestre o un año, tanto el valor de la mano de obra, como del cemento u otros insumos “pueden subir, tranquilamente, por encima del 40 por ciento”, lo que transforma la base oficial en una referencia obsoleta.
En esta línea de pensamiento, hombres de la CAC ejemplifican que un reciente presupuesto para la construcción de viviendas en Corrientes, se convocó sobre la base de que el Estado pagaría 16 mil pesos por cada una. Pero a la hora de hacer los números, ningún interesado habría podido cotizar por debajo de los 25 mil. Supuestamente, esa distancia se replicaría en los objetados llamados de Vialidad, a los que acudirían empresas que terminan reclamando pagos que superan con creces los valores pautados por los técnicos públicos.
A esto se sumarían luego otros problemas ligados a la ejecución propiamente dicha, dificultad que afrontan no ya los concursantes oferentes sino los contratistas. Tanto en los presupuestos que Vialidad confecciona en base a “unidad de medida” –especificando el valor unitario y volumen requerido de cada rubro (metro cúbico de cemento, de tierra movilizada, etc.)– como los de “ajuste alzado” –precisando un monto global y único para la obra– suelen distanciarse de lo que efectivamente gastan las empresas ejecutoras. Este es un costado colateral que la CAC también tiene ganas de dejar sentado para aventar sospechas de abusos.
El segundo eje defensivo es una versión pulida de la idea que el propio Aldo Roggio, una de las autoridades de la Cámara, comentó a este diario poco después que Lavagna formulara su explosivo planteo. Según esteconstructor, las empresas no tienen capacidad operativa para responder a la creciente demanda. Un boom que aprovechan para subir precios. “Es una cuestión de mercado”, sintetizaba un constructor.