Los jueces en lo contencioso administrativo que tienen a su cargo las acciones de amparo promovidas por la retención de fondos en los bancos reiteraron que les resulta “imposible” tomar decisiones en unas 180.000 demandas promovidas contra el corralito.
En sendas notas dirigidas a la Corte Suprema de la Nación y al Consejo de la Magistratura, los jueces sostuvieron que esa carga les impide atender “adecuadamente” las causas en trámite. “Esto conlleva un riesgo grave, tanto para nosotros, que podemos incurrir en responsabilidad personal por incumplimiento de nuestras obligaciones como magistrados, como para los litigantes, que pueden ver frustrados sus legítimos derechos ante la falta de una respuesta oportuna a sus requerimientos”, apuntaron. Agregaron que “la imposibilidad de responder en tiempo y forma legal a los requerimientos de los particulares afectados por esta situación puede aparejar serios daños, especialmente en los casos de enfermos, cuando la falta de una respuesta oportuna puede significar hasta la muerte del ahorrista por falta de medios para afrontar tratamientos médicos indispensables”. Los magistrados expresaron que la tarea que se les encomendó comenzó a afectarlos personalmente en el plano psico-físico.