El Gobierno obtuvo ayer el primer resultado favorable en sus esfuerzos por lograr que el programa de salida de la convertibilidad no quede arrasado bajo una estampida de precios. La empresa líder en venta de combustibles aceptó no trasladar a precios el impacto de la devaluación (ver recuadro), conducta que seguramente será imitada por sus competidoras. Por otra parte, la industria petrolera en su conjunto se resignó a pagar un derecho de exportación sobre el petróleo crudo, y abandonó un proyecto alternativo de otorgarle un préstamo al Gobierno por el monto que éste requería para compensarles a los bancos el costo por la pesificación de las deudas en dólares de sus clientes. El peso de la bronca social, además de la gravedad de la crisis, sigue modificando conductas.
Las negociaciones entre petroleras y Gobierno comenzaron el domingo por la mañana, luego de que un llamado del jefe de gobierno español, José María Aznar, a su par argentino lograra abrir ese espacio. El punto central en la agenda era la preocupación de las petroleras por el impuesto a las ventas al exterior de hidrocarburos, incluido en el mismo proyecto de ley que terminó con la convertibilidad.
Después de haber intentado sin respuesta un contacto con Jorge Remes Lenicov, durante el viernes y ese sábado en el que el Congreso había comenzado el debate del proyecto de ley, fue el propio Aznar quien abrió el contacto. No fue Remes, sino el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien recibió a los representantes de las compañías en Olivos en el mediodía del domingo. Sin más resultados que la exposición de argumentos de uno y otro lado, el encuentro pasó a cuarto intermedio hasta ayer a la mañana.
Los directivos de Repsol llegaron con una postura conciliadora, ofreciendo dar marcha atrás con el aumento del gasoil para el transporte que habían dispuesto la semana anterior, del 8 por ciento. A su vez, directivos locales de una compañía exportadora llevaron una propuesta de concederle un préstamo al gobierno, en sustitución del impuesto. El monto propuesto era de 1500 millones de pesos, equivalente a aproximadamente el 20 por ciento del valor de cuatro años de exportaciones de petróleo crudo, que es la tasa que se estimaba tendría el gravamen. “Así, se le ofrecía una disponibilidad inmediata de fondos al gobierno para poder auxiliar a los bancos”, fue el argumento que dio una fuente del sector petrolero a Página/12. Pero la propuesta fue rechazada en el Palacio de Hacienda, decisión que hoy será puesto en conocimiento de los empresarios.
Según asesores del Ministerio de Economía, la intención de las petroleras es evitar el precedente de un impuesto que está planteado en la ley por cinco años, “pero que difícilmente sea sólo temporal”. Aducen que Argentina es prácticamente el único país exportador que no grava la exportación, y mucho menos cuando un sector se beneficia con una devaluación. “Es una prebenda que se le otorgó al sector en 1989, cuando se comprometieron ante el entonces flamante presidente Carlos Menem a mantener los precios locales del combustible atado al precio internacional, cosa que nunca cumplieron”, recordó la misma fuente. Según estimaciones de ex funcionarios del área de Energía y del Instituto Mosconi, las petroleras embolsaron 4500 millones de dólares extra por el sobreprecio con respecto a la paridad de importación de los combustibles.
El Gobierno ofrecería, a cambio del rechazo a la propuesta de préstamo y a un compromiso de no trasladar la devaluación a los combustibles, una baja en la tasa del derecho a la exportación, y limitar su alcance sólo al petróleo crudo. Algunas proyecciones hechas por técnicos de Economía sugerían gravar con un 20 por ciento las ventas de crudo (unos 3000 millones de dólares anuales), con 10 por ciento las de gas natural, combustibles y petroquímicos básicos (otros 2000 millones) y con el 5 por ciento las de productos petroquímicos intermedios (450 millones). Así, sehubiera arribado a una recaudación de poco más de 800 millones anuales. Ahora, el Gobierno propondría gravar sólo el crudo y a una tasa inferior al 20 por ciento, lo que está lejos de compensar los cinco a seis mil millones de pesos requeridos para compensar la pérdida de los bancos por pesificación de créditos.
“Si se hubiera conseguido gravar también algunas exportaciones del agro, prácticamente se cubría la pesificación de todos los créditos de las empresas medianas”, se lamentó un asesor de Remes. Por ahora, el gobierno prefiere avanzar paso a paso. Y haber obtenido el congelamiento del precio de los combustibles, para la primera línea del gobierno nacional no es un paso menor.