El Ministerio de Economía no dialogará con el sector de la cadena cárnica que la semana pasada retiró su firma de los acuerdos de precios. Fue en respuesta a las amenazas surgidas de los sectores más conservadores de impulsar un lockout patronal en la comercialización de animales y a las constantes críticas de sus dirigentes a los acuerdos. Ayer también se publicó en el Boletín Oficial la normativa que crea el Registro de Operaciones de Exportación, el que todavía debe ser reglamentado, pero con el que el Gobierno espera tener un mayor control del comercio exterior.

De acuerdo con fuentes del Palacio de Hacienda, la ministra Felisa Miceli se reunirá esta semana sólo con las ocho entidades que sí firmaron el acuerdo de precios el pasado lunes. El resto quedó eliminado de la agenda. La decisión se tomó luego de varios días en los que los dirigentes de Carbap, la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales atacaran no sólo la investidura presidencial, sino también al esquema de acuerdos de precios, tarea en la que recibieron el apoyo de varios operadores del Mercados de Liniers SA.

Las críticas se dieron en un marco de continua contradicción entre los dirigentes de las mismas entidades, ya que mientras unos expresaban su vocación dialoguista, otros amenazaban con un lockout en la comercialización. Fue el caso, entre otros, de la vicepresidenta tercera de Carbap, Analía Quiroga, quien el domingo descartó la medida de protesta y ayer lunes sostuvo que el lockout era una posibilidad todavía vigente. En tanto, Pedro Apaolaza, secretario de Carbap declaró que “la gente del sector tiene que reunirse con (el presidente Néstor) Kirchner”, para “buscar soluciones inteligentes”. En línea con las críticas de sus colegas de la Sociedad Rural, el dirigente atacó al secretario de Agricultura, Miguel Campos, quien “ha demostrado que para estas cosas no sirve”. “Esperemos que se reflexione y se busca la persona capaz para estos temas”, completó.

Lo notable es que los ruralistas, los más activos en las críticas, siguen sosteniendo que sólo son tomadores de precios, dato que permite inferir que el debate entre el gobierno y los sectores más díscolos de la cadena parece haber abandonado la senda estrictamente económica para entrar de lleno en el campo ideológico. El tema en discusión ya no es sólo si la carne tiene un precio al consumidor demasiado alto en relación con sus costos de producción, sino si el Estado debe o no intervenir en el proceso de formación de precios de la Economía. No es casual que junto a las declaraciones de los dirigentes rurales más exaltados hayan reaparecido, para reforzar el discurso, los viejos gurúes de la ortodoxia económica.

Pero el debate está rengo; los empresarios ganaderos no cuestionan la pata de la intervención estatal que se ocupa de garantizarles la rentabilidad en el mercado de exportación mediante el sostenimiento del tipo de cambio supercompetitivo.

De acuerdo con una fuente de Economía, Miceli decidió profundizar el uso del poder del Estado. “La ministra no se reunirá con ninguna de las entidades del campo que tacharon sus firmas del acuerdo de estabilización de precios hasta tanto no decidan lo contrario; es decir, firmar en las mismas condiciones que el resto”, detalló. Las entidades que se mantienen fuera del acuerdo son Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Cámara de Engordadores de la República Argentina, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, Centro de Consignatarios de Productos del País y Centro de Consignatarios de Hacienda.

Asimismo, ayer se publicó en el Boletín Oficial la norma que crea el Registro de Operaciones de Exportación (ROE), cuya función será, en primer lugar, suministrar información de qué se está exportando, con qué destino y a qué precio, una información cuya presentación actual por parte del Senasa resultaba, según fuentes de Economía, “bastante confusa”. El segundo objetivo, no declarado, es complicar administrativamente la salida de productos cárnicos, por ejemplo, mediante la demora de las autorizaciones para exportar. En realidad, para conseguir este efecto demanera permanente sería necesario recurrir a otro instrumento (que demandaría un Decreto de Necesidad y Urgencia): las licencias previas de exportación.