El Estado está dispuesto a investigar la administración que realizó el grupo privado encabezado por Suez en Aguas Argentinas para confirmar presuntos sobreprecios en las contrataciones y “excesivo” presupuesto publicitario. En caso de constatarse faltas en ese sentido, el Gobierno estaría dispuesto a incriminar legalmente a los responsables del consorcio privado, con el que hoy dirime multimillonarios pleitos en el Ciadi y tiene una discusión abierta sobre la responsabilidad de la rescisión del contrato que dejó en manos públicas el mantenimiento de una pauperizada red, por la que se fuga más de un tercio del agua que se inyecta.

El ex grupo adjudicatario tiene la forma de una sociedad anónima y, por consiguiente, es pasible de los controles que la ley habilita para este tipo de organización comercial, entre otros fines, para evitar que las decisiones tomadas por los administradores vayan en detrimento del conjunto de los accionistas, en este caso, integrado por Suez, Aguas de Barcelona, Vivendi y el Banco de Galicia.

Por ahora, el Gobierno tiene la presunción de que Aguas Argentinas SA habría sobrefacturado obras y servicios, en algunos casos mediante la contratación de empresas vinculadas. Como parte de la remuneración por el gerenciamiento de la actividad se fijaba como un porcentaje por los recursos administrados, las sumas supuestamente abultadas artificialmente habrían permitido reforzar esa retribución.

Como antecedente, en las oficinas públicas sugieren que cuando se instrumentó el fondo fiduciario para inversiones, cuya administración competía parcialmente al Estado, se forzó a la sociedad privada a licitar obras que hasta entonces contrataba en forma directa, un cambio que habría permitido moderar costos. Otro ejemplo que abona aquella idea oficial es el hecho de que existe un único proveedor de sulfato para la planta potabilizadora de Bernal, monopolio que habría creado un margen para eventuales distorsiones contables.

En su calidad de operador, Suez retenía el 5 por ciento de la facturación bruta, cerca de 30 millones de pesos por año. Un concepto no reñido con la legalidad, pero políticamente tan controvertido como los sospechados sobreprecios: uno y otro forman parte de la matriz de costos y terminan incidiendo, por lo tanto, en la tarifa que necesitaba la empresa para hacer sustentable la prestación.

El escenario de esa prometida investigación está poblado de pujas legales. Una se libra en el tribunal internacional del Banco Mundial, Ciadi, donde los accionistas privados presentaron multimillonarios pedidos indemnizatorios contra el Estado argentino por los daños que les ocasionó la pesificación y congelamiento de tarifas. Pero también está abierta la discusión acerca de quién tiene la responsabilidad por la caída del contrato: para el Estado es el alto nivel de nitrato, para Aguas Argentinas ciertas faltas cometidas por el poder concedente mucho antes del decreto reestatizador.

Fuera del terreno de las especulaciones hay dos certezas contundentes. Una es que más de un tercio del agua potable que se inyecta a la red se pierde por el mal estado de las centenarias cañerías, lo que obligará a una importante inversión adicional para evitar esa fuga. Esta situación fue una de las que desalentó a Eduardo Eurnekian cuando se arrimó al negocio para analizarlo como potencial sucesor de Suez.

La propia empresa daría una pauta de este problema en los folletos adjuntos a las facturas, donde recalca que el nivel de consumo de los argentinos está muy por encima del promedio mundial: 362 litros día por habitante, contra 250 de la demanda europea. Pero diariamente se inyecta a la red 537 litros, mucho más de lo que finalmente se utiliza.Antes de decidir la reestatización de Aguas, Planificación ya había resuelto cargar a su presupuesto las obras necesarias para expandir el servicio, el reglón más oneroso de las inversiones pendientes. Pero esos desembolsos no incluyen la costosa reparación o reedición por tramos de la deteriorada red, necesidad que desanima a los potenciales inversores privados. No hubo un gran grupo nacional que no fuera testeado para asumir la prestación y que no se hubiera negado terminantemente a hacerlo.

El principal reaseguro de que la flamante AySA no será privatizada no son los términos del decreto que aprobó Diputados, sino la falta de interés privado por asumir un negocio que se ve tan poco atractivo como lo juzgó Suez cuando comenzó a planificar su partida.