Las asambleas de los técnicos de Apta y los pilotos nucleados en Apla se aprestaban anoche a aprobar el acuerdo al que llegaron el día anterior los representantes de esos gremios con Aerolíneas Argentinas. El ajuste en las remuneraciones ofrecido por la empresa después de duras negociaciones en la cartera laboral redondearía un 25 por ciento promedio en los bolsillos de los trabajadores y con ello terminaría un conflicto que lleva casi dos años. Esta era la condición impuesta por el Gobierno para firmar el decreto que otorgará una serie de prerrogativas a la compañía, incluyendo la captura de parte de los fondos que hoy ingresan a Aeropuertos Argentina 2000 para subsidiar “destinos de interés nacional” poco rentables.

Finalmente, la empresa se habría avenido a pagar un adicional por antigüedad bastante más generoso del que venía oblando hasta el momento: la nueva escala habilitaría un pago extra de entre el 1 y el 2 por ciento por año, en lugar de entre el 0,75 y el 1 por ciento actual. Este pago se sumaría al reajuste del 19 por ciento general y a la promesa de mantener el pago de una suma no remunerativa, que oscila entre 450 y 1000 pesos, según la función.

El cierre está a tono con los acuerdos salariales que están firmando los grandes gremios, aunque está lejos de las aspiraciones expresadas originalmente por estos dos sindicatos aeronáuticos díscolos, que reclamaban ajustes bastante por encima del 40 por ciento. Previsiblemente, tampoco contempla otras cuestiones del quehacer empresario que los técnicos y pilotos levantaron como reivindicaciones propias, entre ellas la oposición a diagramas de vuelo que suponían la transferencia de rutas de Aerolíneas, en la que el Estado y los trabajadores tienen participación, a Austral, íntegramente del grupo privado español Marsans.

Pero esas cuestiones que tienen que ver con el futuro de la compañía quedaron reservadas a las discusiones que se están dando fuera de la órbita del Ministerio de Trabajo, que tuvo una participación protagónica en el cierre de este conflicto sindical. Tanta como los gremios le atribuyen al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, ambos subordinados del ministro de Planificación, Julio de Vido.

El levantamiento del conflicto sindical habilitaría la firma de un decreto ya alistado que permitirá ajustar las tarifas aéreas un 20 por ciento en total, el 10 por ciento de inmediato y el resto a los treinta días. Esta suba del tope superior de la banda tarifaria oxigenaría de inmediato las cuentas de la compañías aéreas que operan en el mercado, comenzando por Aerolíneas Argentinas, que detenta más de un 80 por ciento.

La norma en cierne también plantea la constitución de un fondo para subsidiar los destinos de interés nacional que resulten operativamente deficitarios (la mayor parte de las rutas, a decir de las propias compañías aéreas). Este fondo se integraría con una porción de las tasas aeroportuarias que hoy recauda Aeropuertos Argentina 2000, lo que supone que también se habrá perfeccionado el acuerdo de renegociación contractual con el grupo que lidera Eduardo Eurnekian, en vísperas de convertirse en socio del Estado para la operación de las estaciones aéreas privatizadas. El encargado de este punto será el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a quien los dos gremios en conflicto señalan como más proclive que Planificación a observar las posiciones de la empresa.

El proyecto de decreto también instruye a los ministerios de Economía y Planificación a enviar al Congreso proyectos de ley que permitirían subsidiar parte del IVA que las compañías aéreas pagan por la compra de repuestos, alquiler de aviones y combustibles, otro auxilio clave para la compañía privatizada, hoy en manos de Air Comet-Marsans.

Si Néstor Kirchner finalmente estampa la prometida firma en este texto, habrá aclarado en parte el panorama sobre el futuro de la compañía, permitiéndole un alivio indispensable para achicar el déficit operativo.

Pero otras cuestiones igualmente transcendentes quedarán pendientes de resolución, entre ellas el cuadro patrimonial definitivo de la compañía, puesto en duda por la sucesiva impugnación de balances que hizo el Estado, poseedor del 1,34 por ciento de las acciones.

A instancias de De Vido, el Estado cuestionó esos estados contables, recriminándole al accionista privado haber utilizado recursos del fisco español para convertirse en acreedor mediante la subrogación de créditos. De modo más solapado, los abogados públicos también cuestionaron la política empresaria por presunto vaciamiento, otro punto de encuentro entre Planificación y los dos gremios que protagonizaron medidas de fuerza en los últimos tiempos.