Después de dos semanas de tironeos y estudios, con más de una reunión con las entidades representantes de inquilinos, propietarios e inmobiliarios, y habiendo generado una expectativa que fue más allá de lo que el propio Gobierno se proponía crear, ayer se conoció una cantidad de medidas menor a las que se esperaba. La ampliación de la proporción del valor de la vivienda que los bancos podrán prestar, la validez de los recibos de alquiler como comprobante de capacidad de pago y la devolución anticipada del IVA a los constructores de edificios de vivienda destinados a la venta o alquiler con leasing son los instrumentos lanzados ayer con los que se espera, según se dijo, “lograr que nuestros inquilinos se puedan transformar en propietarios” e “incentivar la construcción de viviendas”. No hubo, en cambio, anuncios relativos a reducción de tasas, reducción de costos asociados a la escrituración ni mecanismos de extensión de plazos de los créditos, que figuraban en prácticamente todas las previsiones.

El encuentro en el que se formuló el anunció duró escasamente quince minutos, contó con la presencia de numerosos funcionarios de primera línea y una concurrencia representativa de un amplio arco empresario, pero careció del clima caliente que suele acompañar otras presentaciones del Presidente.

De hecho, Néstor Kirchner no habló. Escuchó en silencio y casi sin gesticular los muy breves discursos, de no más de cinco minutos cada uno, de Guillermo Moreno –secretario de Comercio Interior– y Felisa Miceli –ministra de Economía–. Lo acompañaban en la mesa su esposa, la senadora Cristina Fernández, el vice Daniel Scioli, Martín Redrado –titular del Banco Central– y Miceli hasta que se dirigió al estrado. Detrás, la mayor parte del gabinete. Apenas terminó de hablar la ministra se dio por concluido el acto. Sin grandes demostraciones de entusiasmo, ni de parte de las autoridades ni de los invitados.

Esta vez no hubo gráficos ni cuadros comparativos o filminas que resumieran el cuadro de situación y las propuestas. Los rostros de cansancio parecían reflejar la extensa discusión de la noche anterior que, según quedó reflejado, terminó con más de un desacuerdo.

La ministra de Economía se habría mantenido inflexible en su oposición a subsidiar la baja de tasas en los créditos bancarios, sosteniendo que serían las propias entidades las que capitalizarían el beneficio. Tampoco el Banco Central hubiera estado dispuesto a pagar el costo de “planchar” las tasas a largo plazo –como lo habían sugerido algunos bancos– frente a la casi certeza –de parte de los analistas financieros– de que los intereses se moverán al alza en los próximos meses. Guillermo Moreno, impulsor de un megaanuncio para promover la baja de los alquileres y la compra de la primera vivienda para muchos inquilinos, se fue quedando de a poco y paulatinamente sin herramientas.

Las tres medidas anunciadas, incluso, enfrentan varias limitaciones en su alcance:

- Se flexibilizan las condiciones para otorgar préstamos que cubran hasta el ciento por ciento del valor de la vivienda, mientras ésta no supere el valor de 200 mil pesos. Los bancos no deberán correr con el costo de aumentar sus previsiones por elevar hasta ese nivel el margen de crédito. Por viviendas de 200 mil a 300 mil, se facilita la financiación de hasta el 90 por ciento del valor. El problema central es que, como no bajó la tasa, un crédito por esos montos incluso a un plazo de 20 años sólo sería accesible para sectores de muy altos ingresos (más de 10 mil pesos mensuales) (Ver nota aparte).

- El inquilino podrá pasar a ser “sujeto de crédito” acreditando el pago en término durante los últimos ocho a doce meses de su alquiler, con contrato y recibos “perfectamente confeccionados”, según Moreno. El problema es que muchos inquilinos, una abultada mayoría, no cuentan con contratos en tales condiciones.

- Las personas o empresas que inviertan en construcción de vivienda para alquilar u ofrecerla en leasing (alquiler que puede ser imputado a pago a cuenta de una posterior compra por el inquilino) tendrán devolución anticipada de IVA. Ello implica una reducción de casi el 20 por ciento en la financiación de la obra, lo que le da un fuerte aliento a la concreción. Pero sólo tendría efecto sobre el mercado a mediano plazo y beneficiando en forma directa al vendedor o propietario y sólo indirecta e hipotéticamente al comprador o inquilino.

Miceli estimó que este régimen podrá estar en marcha a partir del 1º de septiembre. Pero ayer no sonrió como otras veces.