Dos decisiones tomadas ayer en distintos ámbitos postergaron pagos ya resueltos a jubilados. El Senado pasó al año próximo el pago de sentencias. Kirchner dijo que empezará a pagar la movilidad en 2007.
› Por Eduardo Tagliaferro
Hay ocasiones, pocas, en las que todos los legisladores parecen estar de acuerdo. Luego del fallo de la Corte Suprema que ordena la actualización de los haberes jubilatorios, los principales referentes del oficialismo y de la oposición entregaron generosas declaraciones a favor de la resolución del máximo tribunal de Justicia. Ayer, todo estaba previsto para que el Senado convirtiera en ley un proyecto que modifica la denominada Ley de Solidaridad Previsional y hacía efectivo el pago de las sentencias a aquellos jubilados que reclamaron por la mala liquidación de sus haberes. A última hora, la Cámara alta cambió de opinión, y en sintonía con las declaraciones que ayer entregó Néstor Kirchner, introdujo cuatro cambios al proyecto. La iniciativa volverá entonces a Diputados. Entre otros cambios, los senadores definieron que el pago entrará en vigencia con el presupuesto de 2007. La misma fecha en la que Kirchner se comprometió, ayer, a cumplir con el fallo de la Corte.
“En buen romance se busca ganar tiempo”, reconoció a este diario un legislador del oficialismo que pidió reserva de su nombre. La originalidad del parlamentario no está en la conclusión a la que arriba, sino en hacerla pública. La sola lectura de las cuatro modificaciones que tiene el proyecto hacen inevitable concluir que se busca tiempo. Además de tiempo, el Senado también le devolvió la iniciativa a la Casa Rosada.
El proyecto votado ayer modifica la Ley de Solidaridad Previsional que había impulsado Domingo Felipe Cavallo en marzo de 1995. Además de regresar la iniciativa a Diputados, los cuatro cambios introducidos por los senadores dilatan aún más el pago de las sentencias. El proyecto que tenía media sanción había sido enviado por el Ejecutivo luego de un acuerdo que evitó que la OEA advirtiera a la Argentina por violación a los derechos humanos. Entre otras cosas, establecía que las sentencias se harían efectivas en 120 días corridos. Ayer los senadores establecieron que los 120 días serían hábiles.
También puntualizaron que si durante la ejecución se agotara la partida presupuestaria correspondiente, el jefe de Gabinete podrá disponer de una reasignación de fondos. En otro de los cambios se autoriza a la Anses a cancelar las deudas en efectivo. La última de las modificaciones subraya que la medida entraría en vigencia con el presupuesto del 2007. Curiosamente tanto los oficialistas como los opositores estuvieron de acuerdo con los cambios.
La mayoría de los legisladores a los que este diario consultó no supo responder el monto de los recursos comprometidos por la ley. Algo que también se repite cuando se pregunta cuál es la cifra de dinero a la que habría que echar mano para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. El andar a ciegas explica, en parte, porqué los legisladores postergaron en el tiempo el pago de las sentencias.
En la misma línea en la que ayer se pronunció el Senado, desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno Néstor Kirchner aseguró que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema cuando se defina el presupuesto de 2007 y sin afectar el actual superávit fiscal. Kirchner calificó al fallo del máximo tribunal de Justicia como “meridiano”. “Nosotros, como gobierno, vamos a cumplir con el excelente fallo de la Corte Suprema de la Nación, que habla de racionalidad, en tiempos razonables y de atender a las posibilidades de evitar el déficit de las cuentas públicas”, señaló. Para que no queden dudas de los plazos que contempla, afirmó que “cuando llegue la Ley de Presupuesto, veremos cómo año tras año vamos a ir recuperando estos 14 años de atraso a los que sometieron a todos nuestros hermanos”.
Kirchner no desaprovechó la oportunidad de criticar a los legisladores del radicalismo que anteayer habían reclamado incrementar los haberes jubilatorios de acuerdo con el índice general de remuneraciones, un coeficiente que debe establecer el Indec. “Son los que para que les cierren las cuentas públicas les descontaron el 13 por ciento de sus jubilaciones y aguinaldos a 2 millones de jubilados y empleados públicos”, dijo Kirchner. Para subrayar sus dichos aclaró: “No quiero hacerme el Papá Noel para después birlar otra vez la fe pública”.
“No ha dicho la verdad”, fue lo primero que el jefe de la bancada radical le contestó a Kirchner. “El demagogo es él”, dijo Sanz cuando fue consultado por la acusación de demagogos que el Presidente les había hecho por un anterior proyecto que reclamaba devolver 5 por ciento del presupuesto de la Anses a los fondos coparticipables. Sanz subrayó ayer que ese proyecto no es contradictorio con el reclamo de la movilidad de los haberes jubilatorios ya que el actual superávit de la Anses permite afrontar ambas cuestiones. En el medio, la Nación les presta a las provincias a una tasa mayor de lo que le paga a la Anses. “Si para el Presidente, el fallo de la Corte es excelente, como dijo, que lo cumpla”, concluyó el jefe de la bancada radical en la Cámara alta.
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