El Gobierno dispuso un aumento en las jubilaciones del 13 por ciento a partir del 1º de enero de 2007. La mínima pasará de los actuales 470 a 530 pesos, aunque a ello hay que sumarle los 30 pesos del subsidio del PAMI, con lo cual el nuevo piso se ubicará en 560 pesos. El marco legal de la suba y los recursos para afrontarla se incorporaron al proyecto de Presupuesto 2007, que la próxima semana será enviado al Congreso. La medida es la respuesta del Poder Ejecutivo al fallo de la Corte Suprema que ordenó restablecer la movilidad de los haberes previsionales. Después de muchas discusiones, el criterio de actualización que definió el Gobierno es determinar cada año el porcentaje de aumento a los jubilados a través del Presupuesto. Se descartó la otra opción en danza, que era crear un índice fijo sobre la base de alguna variable específica, como la evolución de los salarios de los trabajadores activos o, incluso, la recaudación de la seguridad social.

El Presupuesto 2007 contendrá un “capítulo previsional” con siete artículos y los fundamentos de la iniciativa. Tres de esos artículos son centrales. Uno de ellos define la suba del 13 por ciento como la “movilidad mínima garantizada” para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. El que le sigue generará expectativas permanentes entre los jubilados: faculta al Poder Ejecutivo a conceder aumentos adicionales a aquellos 13 puntos “cuando la evolución de las finanzas públicas así lo permita”. Es decir, queda la puerta abierta a nuevos incrementos. Altas fuentes del Gobierno admitieron a Página/12 que “es muy probable” que se efectivicen en algún momento del próximo año. Desde la oposición lo consideraron una maniobra electoralista y especularon con que se otorgaría cerca de los comicios de octubre.

El tercer artículo relevante es el que crea un “Fondo de garantía de la movilidad de las jubilaciones”, que se integrará con los excedentes presupuestarios de la Anses. “Los recursos serán invertidos en colocaciones a plazo en bancos públicos oficiales”, puntualiza. El objetivo es preservar los fondos que recauda la seguridad social, a fin de evitar su uso para otros gastos del Estado. Ese dinero sería utilizado para financiar el aumento de jubilaciones del año siguiente, cuyo porcentaje siempre será pautado en la Ley de Presupuesto.

Un cuarto artículo incluido en el Presupuesto 2007 señala que la partida asignada para costear la mejora del 13 por ciento es de 4000 millones de pesos. Felisa Miceli, en la conferencia de prensa en que se anunció la medida, había manifestado que son 4100 millones. La ministra destacó que con esta nueva suba de jubilaciones el Gobierno eleva en 16.100 millones de pesos el gasto previsional respecto a 2003. Y enfatizó que las subas son financiadas “con recursos genuinos de la Anses”, con lo cual son “sustentables”.

Tanto Miceli como el titular de la Anses, Sergio Massa, hicieron hincapié en que el criterio de movilidad adoptado, que es esencialmente un criterio de caja, cumple con las exigencias del fallo de la Corte Suprema. “El esfuerzo que estamos realizando –dijo la ministra– responde al último fallo de la Corte, que determinó que la movilidad no debía hacerse por el índice de inflación sino ser compatible con la solvencia y la solidez de las cuentas públicas.” La cifra del 13 por ciento, confesó un encumbrado funcionario del Ejecutivo, tiene un condimento político: es el mismo porcentaje de reducción de las jubilaciones que había aplicado Domingo Cavallo en 2001, con el gobierno de la Alianza. Desde el punto de vista económico, la cifra superará en unos tres puntos la inflación de este año, que rondaría los 10.

“No hay un índice fijo, pero sí un criterio de movilidad”, justificó el mismo funcionario. “Estudiamos las alternativas de ajustar los haberes en función de los salarios o de la inflación y era muy riesgoso. Este mecanismo es el único que estamos seguros que vamos a poder cumplir”, añadió. En rigor, es el mismo que creó Domingo Cavallo con la Ley de Solidaridad Previsional en 1995. El problema es que nunca se aplicó. Ya existía la obligación legal de disponer una movilidad anual de las jubilaciones a través del Presupuesto. Pero de aquel año a la fecha nunca se hizo. De ahí el resquemor de la oposición con la decisión del actual gobierno. Según su interpretación, no hay garantías de que en años posteriores se siga aplicando la movilidad. Además, objeta que la Anses no da a conocer sus cuentas y eso impide controlar de cuánto dinero dispone para conceder aumentos, con lo cual se convierte en una decisión discrecional del Poder Ejecutivo.

Un índice fijo, con una variable concreta conocida por todos (inflación, evolución de los salarios), daría más certidumbres, de acuerdo con la interpretación de la oposición.

La Corte Suprema deberá dar su propia respuesta a la salida planteada por el Gobierno. En Economía consideran que hacia adelante no habrá más juicios, dado que todos los años subirán las jubilaciones, pero no descarta nuevo fallos judiciales –incluso del máximo tribunal– que reconozcan a los pasivos el atraso de sus haberes y ordene su actualización. “Cuando uno toma una medida económica tiene que pensar en el 92 por ciento de la gente que se beneficiará con ella, no en el ocho que puede llegar a hacer un juicio”, fue la respuesta a Página/12 de un importante funcionario.