- ¿Tanta plata para no acatar del todo? Un aumento para todos los jubilados, por un porcentual superior a la inflación prevista para 2006, que importa una inversión social de 4100 millones de pesos no es una respuesta lerda ni irrisoria a un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado un mes atrás. Y, sin embargo, el proyecto de ley que ayer anunció el Ejecutivo no cumple acabadamente el planteo formulado por la Corte en su sentencia Badaro. Lo transgrede parcialmente, de un modo particular, pues recoge ciertas premisas de la decisión.

La sentencia comidió al Ejecutivo a cumplir con la garantía constitucional de movilidad para los jubilados que cobraban haberes superiores al mínimo. No impuso ni propuso un mecanismo indexatorio o de “enganche”, pero sí reclamó un reacomodamiento de las jubilaciones. Tampoco estipuló taxativamente que el reacomodamiento exigiera un pago retroactivo pero, a decir verdad, es difícil imaginar cómo podría gambeteárselo. El Presidente eligió gambetearlo a su modo: jugando a la ofensiva y pateando la pelota para adelante.

- ¿Por qué un aumento a todos los jubilados y no uno sólo para los beneficiarios del fallo Badaro? Eso pregunta Página/12 a tres funcionarios de primer nivel involucrados en la redacción del escueto proyecto de ley. La respuesta fue unánime: se trata de una decisión política del Presidente. La voluntad de Néstor Kirchner, detallan sus ministros y sus secretarios de Estado, es que los aumentos salariales privilegien a los argentinos de menos recursos. Con la mirada puesta en las jubilaciones, el Presidente ansía poder decir que los ingresos de los hogares de jubilados, aun los más modestos, superan la línea de la pobreza. Con el mínimo dispuesto a partir del 1º de enero, una familia en la que haya dos pasivos cobrando ya supera esa línea imaginaria discurren en la Rosada y en Trabajo.

El Gobierno mantuvo la movilidad de los jubilados más desfavorecidos, algo que no le exigió la Corte pero que es un designio de su política.

- ¿La Corte pidió un aumento? En la lectura de este cronista, concordante con la de un cortesano que contesta de apuro y en estricto off the record, la Corte no exhortó a los otros dos poderes a que decidieran un aumento de haberes sino una metodología que garantizara preservar en el futuro la garantía de movilidad. La sentencia no lo dice expresamente pero su reclamo de institucionalidad no se sacia si todo se difiere a decisiones anuales del Ejecutivo de turno.

En el Gobierno, las opiniones sobre esta pregunta estaban divididas. Al comenzar a discutir cómo cumplir con Badaro, el titular de la Anses, Sergio Massa, pensaba que era forzoso determinar un criterio con validez a través del tiempo. Ese parámetro no podía ser, ya se dijo, charramente la indexación ni el ajuste a la par de los salarios. Pero debía urdirse una fórmula que contemplara, intraanualmente, la equidad y la sustentabilidad. O sea, que debía encaballarse en las variaciones de los precios y de los salarios de los activos a la par de contemplar los ingresos del sistema provisional.

De entrada, el jefe de Gabinete Alberto Fernández interpretó que el máximo tribunal reclamaba un fin preciso (respetar la movilidad) pero no imponía ningún medio. Primó esa tesitura, más afín al estilo decisionista (de “manos libres”) tan caro al Presidente.

- ¿Por qué el 13 por ciento?, inquiere el cronista a sus interlocutores oficiales. El guarismo no es correlato exacto de la inflación, ni del aumento de la recaudación ni del de salarios. La primera respuesta de todos es que no hubo intención de sujetarse un índice, sí de otorgar un incremento generoso y tener un ojo en los recursos existentes en el sistema provisional. La segunda, que por reiterada en distintas bocas, no debe ser del todo broma. Fue “¿no fue 13 por ciento el porcentaje de la reducción de jubilaciones dispuesto por el gobierno de la Alianza?” Ah, bueno.

- ¿Qué hará Badaro? El cronista, que es abogado aunque ya no ejerce se imagina por dos minutos en el pellejo del colega que representa a Badaro y concluye que es difícil que se conforme con el aumento general que confirió el Gobierno. “Ojo, no tiene tanto margen para reclamar –se atajan dos abogados de peso en el Gabinete–, su jubilación subió 11 por ciento en 2006 y 13 por ciento en 2007. Es más del 25 por ciento. La Corte reconoció la emergencia existente en 2002 y 2003, no hay un retraso sensible.” Página/12 sigue suponiendo que el litigante no se resignará a permutar la sentencia firme que logró contra un pago que repara parcialmente el desfasaje y que regirá sólo en el futuro. Habrá que ver.

- ¿Qué hará la Corte? Se interroga e interroga este diario. En un reportaje inmediatamente ulterior a la sentencia, Ricardo Lorenzetti explicó que el tribunal podría examinar de oficio si los otros poderes del Estado cumplieron acabadamente con los lineamientos de la sentencia. Y es muy verosímil que el propio Badaro reclame su intervención.

En el Gobierno avizoran que el tribunal no tendrá una lectura uniforme del nuevo escenario y que se tomará un tiempo para debatirlo y elaborarlo. Habrá que ver, aunque parece imposible que la Corte omita o demore mucho una réplica formal ante la heterodoxa movida del Ejecutivo. La cabal elaboración de una sentencia de enorme importancia y originalidad parece exigirlo así.

- ¿Por qué el título de esta nota habla de final abierto? Esperemos, lector, que después de leerla no se formule esta pregunta. Esta historia con varios actores, todo lo sugiere, continuará.