Un abogado porteño consiguió ayer que un banco privado le devolviera íntegramente sus depósitos en caja de ahorro en dólares, pese a las medidas de la Corte Suprema que avalaron la vigencia del “corralito financiero”. El abogado José María Estévez Cambra se presentó por la mañana con un mandato judicial ante una sucursal del Banco Itaú-Buen Ayre y consiguió la devolución de su dinero en dólar billete, por un monto que no trascendió.
Fuentes judiciales indicaron que otro ahorrista había obtenido idénticos resultados en otro banco privado. La Corte Suprema de Justicia viene emitiendo desde el 28 de diciembre pasado resoluciones judiciales que frenan la posibilidad de que los ahorristas recuperen el dinero de sus cuentas aunque cuenten con medidas cautelares favorables. Precisamente ayer el alto tribunal reconoció la legitimidad de entidades bancarias públicas y privadas de todo el país para apelar mediante el mecanismo de per saltum las medidas cautelares en favor de los ahorristas, con lo cual –de acuerdo con la ley de Emergencia Pública– quedaron virtualmente frenados la mayoría de los retiros. Pero aclaró que sólo se limitó a aplicar el efecto suspensivo y que no se expedía sobre la cuestión de fondo: la constitucionalidad o no de la limitación a las extracciones.
Estévez Cambra es uno de los abogados que denunció penalmente a la Corte Suprema de Justicia precisamente por esas resoluciones, que en al menos un caso –el de la presentación de la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira– habría sido tomada sobre la base de una ley que aún no había entrado en vigencia.
El letrado denunció por presunto “prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a los miembros del máximo tribunal que el 8 de enero resolvieron legitimar al Banco Central como parte en las apelaciones contra las cautelares, amparados en el artículo 18 de la ley de Emergencia Pública que, pese a ser publicada en el Boletín Oficial del día anterior, no tenía fecha de entrada en vigencia al momento de dictarse las resoluciones. Ante esa irregularidad, Estévez Cambra denunció ante el Juzgado Federal número ocho, subrogado por Norberto Oyarbide, la “manifiesta ilegalidad” de la decisión de la Corte.